La coordinadora general de Gestión del Territorio del Gobierno del Estado, Patricia Martínez, informó que, como resultado de un muestreo hecho en 500 puntos del río Santiago, se detectó que en 29 empresas hay al menos un contaminante por encima del parámetro permitido por la Norma Oficial Mexicana (NOM) en sus aguas residuales.Entre las firmas señaladas están principalmente procesadoras del ramo alimenticio y tequileras, pero también hay centros de distribución, fábricas automotrices y establecimientos agrícolas.La funcionaria detalló que estos hallazgos serán reportados al Gobierno federal en una reunión que se convocó para mañana con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a fin de que ésta determine si hay responsabilidad, o no, de los corporativos.Durante la “macroexcursión” que organizó el Gobierno del Estado en los municipios por los que pasa el río Santiago, se informó que se ha actualizado el inventario estatal único de descargas. Patricia Martínez precisó que, si bien la aplicación de sanciones no es competencia del Ejecutivo local, sí llevarán el listado a la reunión con las instancias federales para exhortarlas a que allí se tomen acciones inmediatas.Sergio Graf, secretario estatal de Medio Ambiente, recordó que, según la Ley General de Equilibrio Ecológico, hay industrias (petrolera, vidrio, química, cementos y metal) que sólo la Federación puede vigilar e inspeccionar. Sin embargo, el Estado sí tiene atribuciones en residuos como las vinazas de la industria tequilera, “pero sólo adentro de las plantas (de tratamiento). En el momento en que salen son atribución federal”.Es por eso último que durante la reunión con Semarnat, las autoridades estatales pedirán mayor empeño en su vigilancia a los cauces de la Entidad.Este medio solicitó entrevista con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), tanto en su delegación local como en la nacional, para saber cuántas sanciones se han aplicado por contaminar el río Santiago, pero ninguna atendió la petición.Se prometió un recorrido de todo un día y eso ocurrió. Ayer por la madrugada, el Gobierno del Estado preparó una comitiva que encabezó el gobernador para que las voces críticas vieran todo lo que se ha hecho por el río Santiago durante el primer año de la administración.Las 13 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) que limpian las aguas de residuo vertidas a los ríos Santiago y Zula, y que se comenzaron a modernizar y ampliar en 2019, estarán listas este año. Según el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón González, eso ocurrirá entre septiembre y noviembre.Sin embargo, precisó que en total serán 19 los equipos en operación para entonces, en un paquete que tendrá una inversión de 811.7 millones de pesos estatales para este año.Y para garantizar que no se detengan porque los municipios no puedan mantenerlas en operación, el Estado subsidiará la mayor parte de su mantenimiento.Según el secretario, se buscan 800 millones de pesos más del Gobierno federal para costear la ampliación de la mega planta de El Ahogado. Se busca que los ingresos por descargas que aporten los ciudadanos durante los próximos cinco años sea la fuente de su financiamiento.Otra inversión importante (666 millones de pesos) se hace en los cinco colectores para dirigir agua residual a El Ahogado. Éstos registran un avance global de 87 por ciento.Sin embargo, se aclaró que ninguna de las plantas tratará aguas industriales; sólo residuales. Dentro del Plan de Saneamiento Integral del río Santiago, que arrancó junto con la administración estatal en curso, también se contempla la modernización de 67 rastros municipales, cuatro de los cuales están próximos a la cuenca.Para ello se construirán ductos especiales en los que se separará la sangre, vísceras y otros desechos, a fin de que no entre todo a una misma planta que no está diseñada para disponer de ellos. Estos módulos tendrán una inversión de 125 millones de pesos y también quedarán listos este año.Pendientes, El Salto y JuanacatlánLa “macroexcursión” a la que invitó el gobernador para ver los avances en el saneamiento del río Santiago exceptuó dos sitios clave: Juanacatlán y El Salto. La decisión se tomó porque los proyectos en construcción que abonarán a mejorar la calidad de vida en esas zonas se encuentran en sitios distantes. Por otro lado, la mitad del equipo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), incluyendo al ombudsman, Alfonso Hernández Barrón, acudieron a un “toxitour” por el Santiago y el basurero Los Laureles, para después sostener una reunión con los habitantes afectados en la población de Puente Grande.El acompañamiento que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) con el Gobierno del Estado a la gira de ayer fue para recomendar acciones prioritarias al Poder Ejecutivo.Una de ellas, y la más urgente: reparar el daño causado a los pobladores por la contaminación del río Santiago. Tanto a las personas como al territorio. Esto mediante un Fondo Estatal de Protección Ambiental.“No necesariamente a partir de multas. También puede ser que los empresarios, de forma responsable, inviertan al fondo”, sugirió el ombudsman, Alfonso Hernández Barrón, quien añadió que le solicitó su intervención al subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.La CEDHJ no ha recibido informes de avances sobre los puntos que le corresponden al Ejecutivo estatal por la macrorrecomendación de 2009, aunque insistirán, primero, en que acepten todos (son 100) y no se queden en 43.Al término del recorrido, dijo que se evaluó cada lugar visitado para cotejarlo con la macrorrecomendación e integrar su realidad al corte de caja para actualizarla.Por otra parte, Graciela González, del colectivo Un Salto de Vida, destacó que la remediación del Gobierno estatal no ataca las causas de fondo. “No demeritamos el esfuerzo, pero aún falta un camino largo por recorrer. Queremos que se atienda la salud de nuestros habitantes”.La Universidad de Guadalajara (UdeG) realizará un estudio en 39 mil 500 niños habitantes de los alrededores del lago de Chapala. Felipe Lozano, investigador de esa casa de estudios, informó que, de entrada, se aportaron 4.5 millones de pesos para ese fin.El nuevo análisis tiene como finalidad detectar el daño renal en etapas tempranas y dar seguimiento adecuado a quienes ya han desarrollado la enfermedad. En Poncitlán ya inició el censo con tres mil menores de edad.“Entre 40% y 70% de los niños que vive en la ribera de Poncitlán (San Pedro Itzicán, Agua Caliente y Chalpicote) tienen inflamación renal”, adelantó.Por su parte, el rector general de la UdeG, Ricardo Villanueva, opinó que, de haber responsabilidades u omisiones de autoridades, éstas deben resarcirse. “No podemos seguir tapándonos los ojos porque eso ofende, y menos tapando los estudios porque no tienen que ser secretos. Si hubo daños por negligencia, hay que repararlos”, dijo.A fin de diagnosticar y tratar a habitantes con insuficiencia renal por mala calidad del agua en Poncitlán, se destinará un nefrólogo permanente en el municipio, dijo el secretario de Salud, Fernando Petersen. Esa petición ha sido también hecha por habitantes de El Salto y Juanacatlán, donde por el momento no está previsto un especialista o un centro de hemodiálisis para los afectados de esas zonas.
