Desata polémica ''Presunto culpable''

Jueza señala que ''Presunto culpable'' no fue censurado

GUADALAJARA, JALISCO (04/MAR/2011).- Tanto Roberto Hernández como Layda Negrete, abogados de profesión y productores del filme Presunto culpable, y la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) pronuncian su desacuerdo con respecto a la solicitud de suspender la exhibición que giró la jueza 12 de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal el pasado miércoles por la noche, ambos argumentan que aunque acatarán las leyes no respaldan lo sucedido, incluso Layda Negrete, en entrevista con este diario, asegura que “nos parece exagerado utilizar el amparo para frenar la exhibición, donde lo más importante es que podamos tener acceso a las formas de impartir justicia en nuestro país”.
Por otra parte, el subdirector de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación (Segob), Héctor Villarreal Ordóñez, informó que RTC ya recibió oficialmente la resolución de la jueza Blanca Lobo Domínguez, a la que calificó de confusa, ambigua y oscura. 

Villarreal Ordóñez comentó que en la resolución se solicita a RTC que prohíba la proyección, distribución y publicidad de la película, atribuciones en las que no tiene facultad.  Por ello, el funcionario de la Segob afirmó que la cinta sigue en exhibición, hecho que apoya la dependencia. “Seremos respetuosos de este procedimiento judicial, no compartimos el criterio, no estamos de acuerdo con que se haya otorgado esta suspensión provisional, pensamos que no tiene fundamento, y sí pensamos y nos movemos bajo la convicción de la defensa total de la libertad de expresión en este país”, estableció. 

En tanto, aclaró que RTC cuenta con 24 horas para rendir un informe previo, tras haber sido notificada de la resolución judicial alrededor de las 14:00 horas de ayer. 

Refirió que luego del análisis y de las precisiones de parte de la jueza, “habremos de combatir decididamente esta suspensión y de defender enfáticamente la legalidad de la autorización que RTC otorgó al distribuidor de la película”, incluso expuso que la autorización de la cinta en las salas cinematográficas del país está apegada a la legalidad y que no hay razón ni fundamento para la suspensión provisional, dado que el distribuidor no ha sido a su vez notificado por RTC de la resolución de la jueza. 

“Parece irónico que una película que desnuda y transparenta los errores y deficiencias en el sistema de justicia mexicano ahora sea también víctima de ese mismo sistema”, declaró Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis, distribuidora de la cinta que produjeron Hernández y Negrete, y es ésta úlitma quien aclara la situación con respecto al amparo solicitado por Víctor Manuel Reyes Bravo, primo del joven asesinado y testigo del crimen, contra la proyección de la cinta.

“Durante las 24 horas del proceso judicial que grabamos, en donde él (Víctor Reyes)estuvo presente, jamás objetó de forma explícita el uso de las cámaras, pero queremos respetar su reconsideración, si él tiene interés en proteger su reputación lo entendemos, pero no nos parece que es equivalente al derecho de cualquier ciudadano a conocer la actuación de nuestros jueces. Imaginemos que cada vez que se accede a un juicio al momento de que se presenta un testigo sacan a la gente de la sala, los testigos son pruebas y las más recurrentes y quizás las más importantes. No es casualidad que la única prueba en contra de Toño (protagonista del filme) era justamente el testimonio de Víctor, nos parece que es una cosa que no se puede prescindir, y que no queremos atentar contra él, nos parecía un uso legítimo”, asegura Layda y responde ante la pregunta de este diario sobre si pudieron haber ocultado el rostro del testigo que “es algo que no está reglamentado y podríamos discutirlo. Es razonable, pero en los países que tienen juicios públicos y que tienen juicios videograbados solamente protegen casos  en los que se involucra un menor”.

La voz de los cinéfilos
En un centro comercial ubicado en avenida Vallarta, cerca de la Minerva, se observó mayor interés por el filme, comparado con otros días, de acuerdo con el personal del cine.

 Claudia Sánchez Días, maestra de profesión, asistió acompañada de su esposo a ver el documental y expresó que: “Venimos porque desde que salió queríamos verlo y aprovechamos para hacerlo el día de hoy porque creo que lo van a quitar de cartelera”.

Alejandro Bravo, quien se dedica a la abogacía, dijo que se interesó en la cinta porque es un tema asociado a su carrera, además de que con la publicidad que se le ha hecho optó por verla. “En parte influyó la censura para que me dieran ganas de venir, aunque de cualquier manera pensaba hacerlo, porque me parece que retrata un tema importante de México”.

 Luis y Carlos, estudiantes de medicina, dijeron que no estaban enterados de lo que sucedía y simplemente compraron los boletos porque es una película mexicana. “No estábamos enterados, pero nos parece increíble que se trate de violar la libertad de expresión con este tipo de hechos”.

A la espera de resultados

No se trata de censura: Quijano

La orden que emitió una juez  para que dejara de exhibirse de manera provisional el documental Presunto Culpable, no está relacionada con un acto de censura por parte del Gobierno del Presidente  Felipe Calderón, interpreta Eduardo Quijano, ex director de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El coordinador de la Maestría en Comunicación del ITESO explica que la cadena de salas de cine Cinépolis podría apelar la resolución de la juez federal, Blanca Lobo, a través de un amparo que le permita seguir exhibiendo la película.

El académico relata que este documental ya tenía por lo menos dos años participando en festivales de cine nacionales e internacionales con apoyo de instancias del Gobierno a través de la Oficina de Promoción de Imcine. “No sólo los productores Roberto Hernández y Layda Negrete acuden a presentar la obra en los festivales. Le han hecho una promoción monumental como a pocas en la historia del cine”.

Además apunta que no se puede dejar de tomar en cuenta que el Gobierno Federal apoyó a la producción de Presunto culpable a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine). “Recibió directamente dinero de fondos públicos mediante las convocatorias que hace Imcine a los cineastas. De hecho después hay más estímulos para quienes logran determinado nivel de entradas en taquilla”.

A su parecer estos apoyos gubernamentales debilitan las opiniones que se han externando en las redes sociales, donde los usuarios afirman que el caso se trata de un acto de censura de las autoridades.
 “La jueza tiene hasta el 11 de marzo para decidir si tiene validez lo que dijo el quejoso Víctor Manuel Reyes. La ley protege al ciudadano y mientras la jueza resuelve se para la exhibición de la película”.

Jurista valida actuación
El derecho a privacidad debe imperar

Para el destacado jurista Carlos Enrigue, la juez procedió de manera correcta al dictar la suspensión provisional como la situación lo reclamaba. “En mi opinión la jueza ha procedido adecuadamente al otorgar el amparo, es muy valiente ya que sabía que la presión sobre su persona iba a ser durísima”.
De la misma manera, el notario puntualizó que el derecho a la privacidad debe reinar por encima de la libre manifestación. “Creo que ante conflicto de garantías es muy importante entender que si no eres dueño de tu imagen, cualquier persona puede sacar lo que sea, tanto de ti como de tu familia”.
Siguiendo la misma línea, Enrigue agregó que habrá que estar muy consciente que el amparo fue en contra del acto de autoridad que permitió que la película se pasara en carteleras. “El quejoso no está imputando a los productores de la película, si no al Gobierno que autorizó que la cinta que violaba los derechos de privacidad fuera puesta en los cines”.

El abogado considera que al ser los productores de la película egresados de la carrera de derecho, no se explica cómo cayeron en un error que es de “kínder”. “A veces creo que detrás existen intereses que no son los que han salido a la luz, tal vez es una estrategia para darle más popularidad a la cinta”.
Para finalizar, subrayó que la audiencia debe ser pública, más no la imagen.

''Los que quieren censurar Presunto culpable se ve que no aprendieron de Serrano Limón y sus altruistas censuras publicitarias''
Gael García, actor, refiriéndose a la cinta El crimen de padre Amaro.

''El intento de censura que hoy padece Presunto culpable es una vergüenza y sólo ratifica la importancia de que esta película se vea en México''
Diego Luna, actor.

''Imcine defiende absolutamente la libertad de expresión de los creadores y rechaza cualquier intento de censura de Presunto culpable''
Imcine vía Twitter.

''Lamento la orden judicial de suspender la exhibición de Presunto culpable. Espero que se resuelva pronto''
Margarita Zavala, primera dama de México.