Cultura por entretenimiento

Llama la atención la polémica sobre el término de cultura en el último lustro. Mientras la comunidad artística y cultural debatía con los legisladores en 2005, en pleno Congreso de la Unión, si la cultura debiera ser considerada un derecho constitucional, tan legítimo como la educación, los académicos exponían las razones por las cuales la “cultura” guarda su alto grado de dificultad para ser normativizada.

Al mismo tiempo, las fracciones de los diferentes partidos políticos discutían si era suficiente mantener la coordinación de las políticas culturales a nivel federal con base en el actual organigrama, que está integrado a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y éste, a su vez, opera como una subsecretaría de la Secretaría de Educación Pública, o bien, crear una nueva Secretaría de Cultura (federal).

Y en esa línea, los teóricos más recientes han argumentado que el concepto de cultura ha abierto un panorama tan extenso que consigue significar todo el proceder de una sociedad en su conjunto, sin limitarse a las disciplinas artísticas o a las expresiones populares.

Por su parte, los estudiosos (entre académicos y teóricos) han descrito que los procesos del devenir cultural se concretan en productos y servicios y éstos son parte fundamental de la economía de los países, con mayor notabilidad a partir de la masificación tecnológica de la comunicación; y, por ende, la cultura debe ser medida, analizada y aplicada desde las esferas gubernamentales como una política con sentido económico.

Pero el mundo es diverso y la iniciativa privada ha entendido que bajo el concepto de “cultura” todo cabe, o casi todo, incluso las organizaciones privadas como fundaciones, asociaciones y demás artimañas que permitan evadir el pago de impuestos.

Para los gobiernos mexicanos, federal y estatales, hasta hace muy poco tiempo, la cultura significaba la aplicación de políticas sociales: apoyo con becas a las agrupaciones independientes, facilitar espacios públicos, organización de eventos magnos, inversión en rescate de patrimonio y el apoyo discrecional a líderes de opinión en menoscabo de la honestidad intelectual.

A estas fechas resulta al mismo tiempo innovador y lamentable que, tanto las iniciativas de los gobiernos, como los medios de comunicación e incluso algunos protagonistas de la creación artística, convengan en sustituir el término cultura por el de entretenimiento, como lo dejan asentado tanto en sus titulares, como en su correspondencia y en sus discursos. O bien dejan evidenciar el equívoco de sus concepciones, o ha cambiado el principio y la ética de quienes están obligados a apostar a la cultura bajo los conceptos clásicos: conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época. Eso, lo han cambiado por el término de entretenimiento, que conforme al diccionario significa: distraer a alguien impidiéndole hacer algo.

Las discusiones sobre el término cultura pueden y deben continuar. Ya sea en los terrenos del Legislativo, en las chapuzas de la iniciativa privada o en los sectores de la administración pública sobre su organigrama. Lo que no debiera continuar y ser posible es que los recursos económicos del erario que deben ser invertidos en cultura, se inviertan, con absoluta impunidad, en objetivos destinados a entretener. La inversión en un programa de gobierno no es lo mismo que la inversión en un programa de televisión, ni en un espectáculo de MTV.

Ante esta realidad, el ciudadano, lejos de percibir un beneficio en su favor, ya sea en calidad de servicio o producto cultural, es testigo de cómo sus impuestos son invertidos en espectáculos, que si en algo abonan es a la mercadotecnia de sus promotores: funcionarios en busca del cargo siguiente.