Las fosas clandestinas no son un problema menor en Jalisco. La Fiscalía del Estado y la Procuraduría General de la República (PGR) registran el hallazgo de 243 cuerpos, pero se suman 14 osamentas y ocho cráneos. De esa cifra, apenas se han identificado 88  cadáveres que ya fueron entregados a sus familiares entre 2012 y abril de 2018 (otros 39 sólo están “identificados”).

El colectivo “Por amor a ellxs” responde que son pocos los casos que han sido identificados en los últimos seis años. “Solamente cinco (cuerpos) de 400 familias que formamos parte del grupo”, resalta la señora Teresa.  Los sucesos los recuerda de memoria: el hermano de una víctima recibió las cenizas y, a otra mujer, también le quisieron entregar los restos, pero ella no los aceptó porque no había respaldo científico que garantizara que se trataba de su hijo. Los otros tres fueron localizados “muy poco” después de la desaparición, pero fueron identificados uno o dos años más tarde.

De los 243 cuerpos exhumados en 152 fosas clandestinas identificadas en el periodo en mención, la Fiscalía informó que “bajo su jurisprudencia están 168 cuerpos, 14 osamentas y ocho cráneos”. Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) indicó vía Transparencia que en el Estado tenía competencia en el caso de La Barca, donde halló 75 cuerpos. De esa diligencia ya reconoció 39 cuerpos, aunque no respondió qué pasó con éstos.

Especialistas, académicos y familiares consideran que el bajo índice de identificación y entrega de cuerpos se debe a la falta de voluntad de las autoridades, o el poco personal y tecnología con la que cuenta el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), el cual también está saturado ante el alza en homicidios o peritajes de todo tipo.

La señora Teresa acentúa que miembros del colectivo “Por amor a ellxs” han recibido reportes anónimos de localización de más fosas ilegales en Jalisco, los cuales ya corroboraron. “No vamos a dar a conocer la información hasta que existan autoridades responsables que saquen los cuerpos conforme a la ley, que los identifiquen. No queremos hacer lo que están haciendo en otras partes del país, de sacar restos para que queden guardados en bolsas”.

Carolina Robledo Silvestre, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) de la Ciudad de México, puntualiza que lo más urgente es implementar al pie de la letra la Ley de Desaparición Forzada, la cual fue resultado de una iniciativa de los familiares de personas desaparecidas.

“Implica que exista justicia para los vivos y los muertos, que los cuerpos sean tratados con dignidad. Dentro del derecho internacional humanitario se reconocen los derechos de los cadáveres, tiene que ver con la relación que establecemos con la muerte y queremos que la muerte siempre sea digna”, afirma la académica.

En La Barca, el segundo hallazgo más grande del país

En el presente sexenio en Jalisco, 2013 es el año con más fosas ilegales detectadas, ya que además de los 75 cuerpos encontrados en La Barca, se suman otros 41 localizados en los municipios de Zapopan, Tonalá, Ahualulco, Amatitán, Cihuatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Tizapán, Jamay, Teocaltiche, Tamazula de Gordiano y Mezquitic.

El hallazgo de La Barca se debió a una investigación que atrajo la Procuraduría General de la República (PGR). Este es el segundo caso más alarmante de México, detrás de Iguala, ya que en el municipio de Guerrero registraron la exhumación de 175 cuerpos de octubre de 2014 a agosto de 2016.

La PGR contestó vía Transparencia que, entre 2012 y 2018, han detectado 205 fosas clandestinas en el país, en las cuales han identificado a 143 de los 386 cuerpos exhumados. Las cifras corresponden a “las diligencias de búsqueda, recuperación y análisis de cadáveres, segmentos corporales o restos óseos, en los que ha tenido participación y documentan de acuerdo con sus competencias y funciones”.

Este mes, CEDHJ evaluará avances de recomendación

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió el 21 de marzo de 2018 una recomendación general sobre el “derecho a la protección de todas las personas contra la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares”. Por eso, la dependencia contestó a este medio que, en este mes, darán a conocer si hay avance en las peticiones.

Acerca de las fosas clandestinas o ilegales, la CEDHJ sugirió a la Fiscalía elaborar una relación detallada de fosas clandestinas localizadas en los últimos 10 años, la cual incluya el número de cadáveres o  restos humanos que en éstas se encontraron. En ese punto pide integrar una ficha minuciosa que permita su identificación por parte de quienes se encuentran buscando a personas desaparecidas.

También indicar las circunstancias del hallazgo, cuántos de ellos han sido identificados y cuántos no, sexo y la edad de los que así se haya podido determinar, la fecha de localización, además de cualquier otro dato relevante para reflejar de manera sólida y documentada la información y estadística del informe.

“Esta Comisión exhorta a las autoridades para que se genere un sistema técnico de búsqueda de fosas clandestinas, considerando que los hallazgos de estas fosas muestran patrones entre éstas y que existen condiciones físicas del territorio que permiten o no la existencia de ellas”,  menciona la recomendación.

Familias luchan por obtener información 

Los familiares de desaparecidos cuestionan que la Fiscalía General del Estado  no les avisa cuando encuentran fosas clandestinas, indica la señora Teresa, del colectivo “Por amor a ellxs”.

“Se niegan a darnos la información, pero no deberían; de hecho, la obligación es notificarnos para acompañarlos, pero así se ha manejado la Fiscalía. No es transparente ni se abre a las familias”.

Explica que se enteran de lo que ocurre por los medios de comunicación. Lo que hacen es anotar la fecha del hallazgo y las características que se difunden del hecho, pero les pesa no ser testigos de cómo se mueven los restos ni tampoco acudir a la escena para acumular datos que les pudieran ayudar después.

“Nuestra lucha es para que las cosas cambien. Vemos que a los altos mandos de la Fiscalía no les interesa el tema”.

Otro asunto preocupante es que “muy pocas familias afectadas hacen su denuncia ante el Ministerio Público", lo que podría dificultar una posterior identificación.

Remarca que los afectados desconfían de las autoridades y de las cifras oficiales. Por ejemplo, asegura que, a un lado del sitio donde encontraron 75 cuerpos en La Barca, volvieron a enterrar cadáveres. “Pero allí nadie avisó. No han querido hacer público ni transparente todo lo que está pasando. Nos da miedo porque dicen que están depurando la base de datos de desaparecidos. Hacemos cuentas comparando con lo que tardan en identificar y no son compatibles las cifras que dan”.

Sobre la recomendación general para desaparecidos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió en marzo de este año, la representante del colectivo considera que faltaron cuestiones más profundas. Por ese motivo harán sus propias sugerencias al comisionado estatal de Búsqueda. Adelanta que tras esa presentación harán público su posicionamiento. “Queremos que el procedimiento de exhumación se haga conforme a la legalidad. Nos hemos abocado en hacer una búsqueda en bases de datos de ADN. Vamos a dar otro tipo de rastreo, nos parece más importante ahorita que los restos puedan ser identificados adecuadamente”.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

“En México se abren fosas, pero no verdades”

Carolina Robledo Silvestre  (del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de la  Ciudad de México)

Carolina Robledo Silvestre subraya que, a nivel social, cuando se localiza una fosa clandestina lo que se espera es saber cómo y por qué ocurrieron esas muertes. “Pero la realidad es que en México se abren las fosas, pero no verdades… se debe conocer quiénes fueron los responsables y los motivos, pero no sabemos nada de eso. Apenas, con muchos obstáculos, se pueden identificar a las personas”.

La especialista en movimientos sociales de víctimas, menciona que ante la deficiencia de las autoridades en la búsqueda y justicia para los desaparecidos, los familiares se han visto obligados a buscar a sus seres queridos, lo que implica muchas afectaciones en su vida cotidiana. Por ejemplo, tienen que lidiar con el dolor que significa la aproximación a la muerte, y nadie los prepara para eso. “Abrir las fosas se vuelve una reproducción del terror y la crueldad. Vemos que la gente está siendo asesinada e inhumada de manera clandestina, pero como esas exhumaciones no se hacen con los estándares que se deberían hacer, tenemos solamente una parte de la información”.

Como seres humanos buscamos cerrar ciclos, acentúa, y la muerte forma parte de eso. “Necesitamos ponerle un entierro a ese momento de la vida”.

Señala que los familiares han hecho un gran esfuerzo para lograr que la justicia sea una realidad, pero el camino no ha sido fácil.

Añade que con la nueva Ley de Desaparición Forzada se debe pensar en profesionalizar los servicios médicos forenses, avanzar en tecnología y mejorar el sistema y método de los grupos periciales.

Efectos del crimen organizado

Darwin Franco (académico de la UdeG).

El maestro en comunicación por la Universidad de Guadalajara y especialista en temas de desaparición, Darwin Franco, recuerda que las fosas clandestinas forman parte de la actividad criminal de un cártel hegemónico en Jalisco. Al igual que las casas donde incineran cuerpos o disuelven en ácido los cuerpo.

“Todo es parte estructural de sus actividades delictivas. No hemos visto en su justa dimensión que si no se han localizado a tantas miles de personas, estas personas estarían en algún punto”. Aunque existan periodos con menos reportes de localización de fosas, explica, no significa que baje el índice, ya que las autoridades no realizan operativos para buscarlas. “Muchas veces se encuentran a través de un reporte ciudadano o porque se está llevando a cabo otro tipo de investigación, como en días pasados en Tlajomulco, que ocurrió tras el reporte de un cuerpo abandonado”.

Recuerda que así ocurrió en La Barca, donde la PGR localizó el sitio porque buscaba a dos agentes desaparecidos. “Cuando se presume que la fosa tiene que ver con delitos de delincuencia organizada, entonces la PGR atrae la investigación, pero la mayor parte de los casos es investigada por la Fiscalía”.

Considera que las principales deficiencias en la identificación de cuerpos son la falta de personal y presupuesto del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ya que muchas pruebas son costosas.

Además, afirma, si bien es cierto que el Instituto es un órgano independiente, no lo es en términos de procedimiento pericial. “Un perito solamente puede practicar aquellas pruebas que le sean solicitadas por el Ministerio Público; de lo contrario, implicaría una falta administrativa. Eso ha amarrado mucho su trabajo”.

“Capacitación y más tecnología forense”

Helix Iván Barajas (académico de la UdeG)

Pese a la importancia de identificar los cuerpos que se localizan en fosas clandestinas, la oleada de violencia que se incrementó desde 2012 ha sobrepasado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), considera el maestro en ciencias forenses y académico del Centro Universitario de Tonalá, Helix Iván Barajas, quien laboró en el IJCF hasta enero de 2017.

Señala que falta tecnología, también capacitación y personal. “Si no tienes recursos humanos no tienes nada. Se necesita más presupuesto… el personal está con jornadas laborales muy pesadas”.

Si no tienes recursos humanos no tienes nada. Se necesita más presupuesto (en el IJCF)… el personal está con jornadas laborales muy pesadas

Remarca que la identificación de un cuerpo puede tardar de tres a seis meses porque deben cumplir con trabajos en lofoscopia, odontología, necropsia, antropología forense, genética y radiología.

Explica que la función del perito es, primero, hacer la arqueología forense y extraer el cuerpo. “Después se sigue un protocolo de identificación de personas a nivel nacional. El encargado de identificar a la persona es el médico forense con el equipo multidisciplinario”.

Resalta que entre un equipo integrado por antropólogo, médico y odontólogo pueden lograr hasta el 70% del reconocimiento de un cuerpo. “El resto se va a considerar con el ADN. Hay una base que está conectada a nivel nacional en donde se busca la compatibilidad”.

Cuando se habla de “cuerpo”, recuerda, quiere decir que aún hay tejido; mientras que en los restos óseos es porque el cadáver ya está en los puros huesos o queda algún fémur o cráneo. “La osamenta es porque tenemos el cadáver en su proceso de putrefacción, con un 80% de los huesos”.

De su experiencia en el IJCF, cuenta, lo más gratificante fue identificar los cuerpos para que sus seres queridos pudieran darles un entierro digno. “Poder ver que esa familia ya descansó. Ellos hacen todo por recuperar a su persona querida”.

La Entidad, quinto lugar nacional en fosas clandestinas

Ante la falta de un registro unificado de las fosas clandestinas en el país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) trabajó en un informe especial sobre esta problemática. Para recabar los datos pidieron a los titulares de las 32 Procuradurías y Fiscalías de justicia estatales, oficios encaminados a conocer el número oficial de eventos y cadáveres localizados entre 2007 y octubre de 2016.

De acuerdo con datos oficiales, Jalisco reportó en ese periodo 17 fosas, con 50 cadáveres. El dato a nivel nacional fue de 855 fosas clandestinas, con mil 548 cadáveres, de los que se identificaron 796 cuerpos.

Sin embargo, los resultados que la CNDH obtuvo a través de un muestreo hemerográfico arrojaron que en Jalisco se documentaron 89 fosas, en donde se exhumaron 216 cadáveres. Eso colocó al Estado en el quinto lugar nacional.

En los primeros sitios está Guerrero (510), Durango (373), Coahuila (364) y Tamaulipas (342). La cifra a nivel nacional también incrementó a mil 173  fosas clandestinas en las que se localizaron tres mil 230 cadáveres.

La Fiscalía de Jalisco informó que en las 12 regiones de Jalisco se han hallado fosas clandestinas, principalmente en la Centro, Ciénega y Norte. Contestó que, de 2012 a abril de 2018, han encontrado entierros ilegales en 40 municipios; es decir, en una tercera parte del Estado.

Los 243 cuerpos han sido localizados en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Puerto Vallarta, Ahualulco, Lagos de Moreno, Tecalitlán, Ejutla, San Martín de Bolaños, Bolaños, San Sebastián del Oeste, Ayutla, Mezquitic, Teocaltiche, Tizapan El Alto, Jamay, Jocotepec, Tamazula de Gordiano, Cihuatlán, Amatitán. También en Ixtlahuacán de los Membrillos, San Miguel El Alto, Jilotlán, Cihuatlán, Cabo Corrientes, Encarnación de Díaz, Arandas, La Barca, Degollado, Talpa de Allende, San Diego de Alejandría, Colotlán, Villa Guerrero, Autlán de Navarro, Acatlán de Juárez, Atotonilco y La Huerta.

Recalcó que la cantidad de fosas y cuerpos reportados corresponden a las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación preliminares. “Debido a que en el proceso de investigación pueden sufrir cambios en el tipo de delito o pudieran presentarse delitos adicionales”. Aunque se solicitó entrevista con autoridades de la dependencia, no hubo respuesta.

• La Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un informe especial sobre desaparición de personas y fosas clandestinas en México, con los siguientes apuntes o peticiones: 
• Una fosa clandestina es aquella que se realiza de manera secreta u oculta por ir en contra de la ley, con el propósito de esconder lo que en ésta se deposita, evitando, entre otras cosas, que las autoridades puedan investigar y sancionar las razones de la inhumación. 
• La ley ordena establecer un Registro de Fosas Clandestinas en cada una de las Entidades federativas del país, el cual deberá concentrar toda la información concerniente al hallazgo y ubicación de las fosas clandestinas situadas en el territorio bajo su jurisdicción.
• Debe contemplarse la obligación de que la autoridad ministerial que tome conocimiento del hallazgo de un cadáver, ordene a sus auxiliares la toma de muestras biológicas para la obtención del perfil genético respectivo.
• Deben capacitar al personal ministerial y pericial de las instancias de procuración de justicia en el manejo, integración, perfeccionamiento legal, resguardo de evidencias y constancias relacionadas con el hallazgo de fosas clandestinas. 

TELÓN DE FONDO

Reportan 3 mil 362 desaparecidos

Con tres mil 362 personas desaparecidas, Jalisco es el tercer lugar nacional en personas no localizadas, según las estadísticas del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, actualizado hasta abril de 2018.

Tamaulipas tiene cinco mil 990 personas desaparecidas y, el Estado de México, reporta tres mil 890, de un total de 36 mil 265 en todo el país.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informa en su página oficial que la última actualización del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas fue en abril de este año, ya que la publicación de las siguientes bases de datos corresponderá a la Comisión Nacional de Búsqueda, tras la aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

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