La migrante Victoria Salazar murió en marzo, tras ser sometida por policías municipales de Tulum (Quintana Roo). Días después, el guatemalteco Elvin falleció a manos de militares en Motozintla (Chiapas). En Jalisco, Giovanni López murió por los golpes recibidos por oficiales de Ixtlahuacán de los Membrillos. 

Sin contar esos tres casos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que miembros de la seguridad pública participaron en 26 homicidios de ciudadanos en el último año, según la información publicada en 11 recomendaciones emitidas en 2020 por “violaciones graves”, en donde participaron policías o militares. La estadística deja fuera los casos que no se denuncian o no fueron acreditados.

Con violencia, seis de cada 10 detenciones en México

Victoria Salazar, una mujer de nacionalidad salvadoreña que tenía la condición de refugiada, falleció el 27 de marzo luego de ser sometida por elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Tulum, quienes la arrestaron. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que atrajo el caso,  los hechos serán investigados por el “probable uso excesivo de la fuerza”. Además, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo inició una investigación por el delito de homicidio.

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del Inegi, aplicada a 64 mil 150 personas, indica que la institución responsable de la detención es un factor determinante en la relación con los señalamientos de tortura, de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“Durante la detención o el arresto, 63.8% de la población privada de la libertad sufrió violencia física. También pasaron más de cuatro horas para que  50% de la población involucrada (en los presuntos delitos) fuera  presentada ante el Ministerio Público después de su detención”.

Por otro lado,  79% de la población en reclusión fue detenida mediante el uso de la fuerza. Y prácticamente el mismo porcentaje  afirmó haber sido objeto de violencia psicológica durante su detención o arresto. 

Según el “Diagnóstico en materia de tortura y otros tratos crueles”, este sistema penal podría caracterizarse como una cultura de la violencia y de la impunidad que contiene sus propias manifestaciones, mientras que los factores que propician abusos son el arraigo de la impunidad y una cultura de la violación a los derechos humanos. “Por ser un fenómeno cultural se ha dado la creación de un lenguaje y unos códigos que manejan tanto las instituciones de seguridad como la misma población. Ello hace que su definición y, por ende, su nominación como tal, sea compleja y dificulte los procesos de investigación, juzgamiento y sanción”.

Analiza que dicha cultura podría constituir una especie de relación entre el interior y exterior de las instancias de seguridad, ya que las prácticas de violencia interna se materializan en formas de control a la población.

“En los últimos años ha proliferado una legalidad garantista que se inserta en una cultura política, civil y judicial, que no es respetuosa de los derechos humanos... es una cultura que tolera la violencia y que suspende de facto la posibilidad de aplicar esa misma legalidad  garantista. La tortura se ejerce, de este modo, en un contexto estructuralmente contradictorio”.

AMNISTÍA INTERNACIONAL

Exhiben muerte de Giovanni

La muerte de Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos y las desapariciones forzadas de jóvenes que se manifestaban por ese mismo hecho,  que realizaron elementos de la Fiscalía de Jalisco, son dos de los casos que destacó Amnistía Internacional (AI) en su informe 2020-2021 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.

“En México, un albañil de 30 años murió a consecuencia de una paliza que le propinó la Policía tras haber sido detenido en el Estado de Jalisco, al parecer por no llevar tapabocas”, se lee en el documento.

En el espacio de las detenciones arbitrarias, la organización destacó en el documento el momento en el que “agentes de la Policía estatal de Jalisco detuvieron arbitrariamente a 27 personas durante las protestas que tuvieron lugar a raíz de la muerte de Giovanni López a principios de junio de 2020”. 

Agregó que “los manifestantes fueron secuestrados en vehículos sin distintivos y estuvieron en paradero desconocido durante varias horas”.

En México, la tasa de impunidad para todos los casos que entran en el Sistema Penal alcanza una tasa de hasta 99%, afectando principalmente a los grupos en situación de vulnerabilidad, aseguró Amnistía Internacional.

GUÍA

Factores en observación

Policías y Ministerios Públicos:

Se mantiene el mismo mecanismo: se detiene al sujeto y se le tortura para sacarle información o para imputarlo en un crimen. Según la CNDH, en los cuerpos policiales hay dinámicas muy arraigadas, lo que permite que sigan los abusos en los interrogatorios.

Médicos:

Amnistía Internacional observó que no hay un cambio en la calidad de los servicios forenses. “En los Estados, los servicios forenses no están capacitados y hay muchos desniveles”.

Jueces:

En el Poder Judicial hay personas encargadas de dar seguimiento a los casos de tortura, pero la CNDH documenta que existe un “regadero de registros perdidos. El juez demora tanto los procesos que no contribuye a dar seguimiento a los casos de tortura”.  Aunque esto debió cambiar con el nuevo sistema penal oral, no hay evidencia que la situación mejoró.

La flagrancia

En el ámbito estatal está el contexto de la figura de la flagrancia, que permite que las fuerzas públicas detengan a las personas en domicilios  y carreteras. “Pocas veces bajo la figura de caso urgente y con orden de aprehensión del juez”.

Detectan violaciones graves

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 42 recomendaciones especiales por violaciones graves a los derechos humanos entre los años de 2015 y 2020, de las cuales 90% incluyen hechos como detención arbitraria, desaparición forzada o involuntaria de personas, privar de la vida, retención ilegal, tortura, así como trato cruel, inhumano o degradante por parte de las corporaciones municipales y estatales, además de autoridades federales, como el Ejército, la Secretaría de Marina o la extinta Policía Federal, entre otras.

De las 11 recomendaciones emitidas en 2020, en siete se acreditó el  hecho violatorio de detención arbitraria, seguido de desaparición forzada, entre otros.  Las recomendaciones fueron dirigidas a 24 autoridades distintas, de las cuales cinco no aceptaron.

En el caso de Jalisco, se dictó la Recomendación 40VG/2020 por la  violencia sexual cometida en agravio de 15 personas menores de edad (10 niñas y cinco niños), así como de diversos alumnos de un centro educativo de Chapala, cuyas identidades no pudieron ser establecidas. Debido a las irregularidades en el proceso, la recomendación fue dirigida al fiscal del Estado, al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y al gobernador.

Además de las 11 recomendaciones graves, en 2020 se dictaron otras 90 recomendaciones ordinarias, en las que se han emitido mil 941 puntos dirigidos a 106 autoridades de los tres órdenes Gobierno.

Sobre las sanciones, castigaron administrativamente a 29 servidores públicos y se sentenció solamente a una persona del orden federal.

Esto significa que en la mayoría de los casos no se sancionan por las acciones cometidas. 

En el informe de “Human Rights Watch 2018” se revela que  la CNDH habría concluido en 2016 que en el caso Tanhuato, en Michoacán, policías mataron a 13 personas con disparos por la espalda, torturaron a detenidos y quemaron vivo a un hombre. Luego, para justificar las muertes, manipularon el lugar de los hechos trasladando los cuerpos y colocándoles armas para incriminar a estas personas. 

“A la fecha de publicación del informe, ninguna persona había sido imputada y una investigación a nivel federal sobre los asesinatos en Tanhuato se encontraba en curso”.

Reciben 10  mil denuncias contra militares

Entre los años de 2006 y 2016,  la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) publicó que recibió casi 10 mil denuncias de abusos cometidos por militares, incluidas más de dos mil durante el Gobierno de  Enrique Peña Nieto. 

En julio de 2017, la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura detalló que, de mil 847 investigaciones iniciadas contra militares, se habían judicializado sólo 443. 

Un año antes, el Ejército informó a Amnistía Internacional que no se había suspendido del servicio a ningún soldado por violación o abusos sexuales entre 2010 y 2015, mientras que la Marina solamente suspendió a cuatro marinos, aunque uno de forma temporal.

Por otra parte, según cifras oficiales, de 2014 a 2016, de cinco mil 824 delitos cometidos contra personas migrantes  sólo existe evidencia de 49 sentencias (0.84%). 

“En las estaciones migratorias es frecuente encontrar a mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, pero si denuncian este delito es común que la autoridad ministerial dé más importancia a su condición migratoria que a su condición de víctima”, se afirma en el análisis “Diagnóstico en Materia de Tortura y otros Tratos Crueles”, de la CNDH.

De acuerdo con Amnistía Internacional, quienes recurren a la tortura como práctica sistemática en México no son únicamente los agentes policiales, sino también las Fuerzas Armadas y los agentes privados vinculados al crimen organizado.

“Hay problemas en la cadena de mando: se dan órdenes desde la cúspide para que se torture, o se da vía libre para hacerlo. En el caso de los militares, el principal incentivo es que deben proporcionar resultados en la lucha contra el crimen organizado y se debe mostrar que se han detenido delincuentes”.

CLAVES

Reprueban en capacitación

Revelación. La Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial de 2017 reveló que casi tres de cada 10 elementos de las corporaciones municipales ingresaron a éstas sin recibir al menos un curso de formación inicial. 

Actualización. A casi cuatro años de que el Consejo Nacional de Seguridad Pública pusiera en marcha el Modelo Óptimo de Función Policial, los cuerpos de seguridad presentan una serie de retrasos. Por ejemplo, en capacitación, de los seis protocolos mínimos de actuación el avance promedio de todas las Policías del país es de 29.5% de cumplimiento. Se trata de los indicadores de prevención y reacción, violencia de género, uso legítimo de la fuerza, primer respondiente, cadena de custodia y para la atención a las víctimas o grupos vulnerables. 

Jalisco. El Estado se ubica por debajo de la media nacional, con un promedio de 20%. El rezago obedece a que de los cuatro mil 315 policías estatales, ninguno fue capacitado en el protocolo de actuación policial en materia de género, ni en atención a víctimas o grupos vulnerables.

• Reprueban en capacitar a los policías en derechos humanos

Fallas. La meta para alcanzar el 100% de la capacitación se estableció para 2019; es decir, superan un año de incumplimiento.

Detenciones. Las consecuencias son que, según la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), entre 2010 y 2021 se han presentado mil 961 quejas por detenciones arbitrarias. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos revela que, en los últimos 20 años, suman 14 mil denuncias por detenciones ilegales.

Reacción. La Secretaría de Seguridad de Jalisco respondió que “trabaja bajo la premisa de una mejora constante. Desde la Academia se ha puesto mayor énfasis en las materias y cursos relacionados con los derechos humanos, perspectiva de género y estándares internacionales de protección de las personas privadas de la libertad y derechos de las personas indígenas, tortura y malos tratos, así como uso racional de la fuerza”. También reforzó una quincena de programas.

Sigue #DebateInformador

¿Qué opina de la capacitación de los cuerpos de seguridad?

Participa en Twitter en el debate del día @informador

El Informador