De 2017 a la fecha, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) suma 852 cuerpos inhumados sin identificar. Tan sólo el año pasado hubo 584.De acuerdo con las políticas generales del IJCF, tras cumplirse las 72 horas posteriores a una necropsia, debe solicitarse por escrito al Ministerio Público la autorización del destino final del cuerpo y notificar a las autoridades correspondientes.La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece que ninguna autoridad podrá ordenar la inhumación de cadáveres o restos humanos sin identificar, antes de contar con la información necesaria para su identificación.Sin embargo, no existe la certidumbre de que estos cuerpos cuenten con esos datos o si se tomó información adicional a su entierro, pues según la Unidad de Transparencia de Ciencias Forenses, no se tiene certeza de la existencia de documentos en 2017 y principios de 2018, debido a que no se llevó a cabo algún acto de entrega-recepción por parte de la administración anterior.“Por lo anterior, se dio origen a un proceso de investigación por parte del órgano de control del instituto, así como la revisión y captura de las evidencias documentales que se han localizado en los archivos… una vez concluida dicha investigación los datos proporcionados pudieran variar”, responde la dependencia.Anna Karolina Chimiak, coordinadora del área de Incidencias del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), percibe mejoras en el manejo y las prácticas de inhumación, pero indica que prevalece la incertidumbre sobre el trabajo del organismo, por lo cual deben permanecer los entes de vigilancia, como la Comisión de Inhumación de Cadáveres, y la observación de los colectivos de familiares de personas desaparecidas y de las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos.Se solicitó una entrevista al IJCF, pero no hubo respuesta.En junio de 2016, Juan José desapareció. El 4 de ese mes salió de su casa rumbo a Lagos de Moreno; sin embargo, nunca llegó a su destino y el camión cargado de harina que conducía nunca fue localizado.Por más de dos años su esposa y sus hijas lo buscaron sin dar con su paradero.Tras la crisis forense de 2018, las autoridades estatales intentaron agilizar los trámites para el reconocimiento de los cadáveres bajo el resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF). Mayra, la esposa de Juan José, acudió una vez más a la dependencia, haciendo posible su localización gracias a su licencia de conducir.Juan José tenía en el instituto el mismo tiempo que había sido buscado. Su cuerpo fue localizado cinco días después de su desaparición sobre un arroyo por la carretera a Chapala, pero las autoridades no habían informado de esto a Mayra, a pesar de que visitaba la dependencia cada que le era posible.Él fue uno de los cuerpos (de los 444 cadáveres resguardados en los tráileres y la cámara del IJCF) que fueron inhumados por el instituto durante 2018.Gracias a esto sus familiares pudieron visitarlo en su gaveta, ubicada en el Panteón Guadalajara, el pasado mes de noviembre.Sin embargo, no todos los cadáveres enterrados por el instituto han tenido la misma suerte que Juan José, quien sí fue reconocido por su familia, pues en los últimos tres años, 852 cadáveres han sido inhumados sin identificar, de los cuales 784 eran hombres y 27 mujeres. Del resto no hay más datos.Según informó el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, del total de los cadáveres, la mayoría eran jóvenes.La inhumación de cadáveres impulsada por la anterior administración fue frenada a inicios de este 2019, pese al incremento de los homicidios durante el transcurso del año y de la localización de cuerpos en fosas clandestinas.Fue hasta el mes de abril pasado que se reinició con las labores, sumando de ese mes hasta el 17 de septiembre, un total de 157 inhumaciones de cadáveres sin identificar.Hasta la primera semana de septiembre, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses reportó que contaba con 69 espacios disponibles para el resguardo de cadáveres de personas sin identificar.En mayo de este 2019, el coordinador del Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, indicó que el instituto tenía la capacidad para albergar a 474 cuerpos en sus distintos refrigeradores, por lo cual los 69 espacios libres representaban una disponibilidad de únicamente 15% del total.Sin embargo, el gobernador Enrique Alfaro anunció el 17 de septiembre, luego de la localización de las 138 bolsas con restos humanos, que se tenían 89 espacios disponibles: la vacante continuaba siendo únicamente de 19 por ciento.Luego de esto, el 20 de septiembre se encontraron otras 17 bolsas con restos humanos en el municipio de Tala, en cuyo interior se hallaban los cuerpos mutilados de ocho víctimas.Apenas el pasado 15 de octubre se localizaron 15 bultos más, esta vez en la colonia Mesa de los Ocotes, en Zapopan. Dentro de éstas se habían “empaquetado” los restos de seis personas, según confirmó un día después la Fiscalía estatal.Aunque se solicitó una entrevista con el IJCF para conocer cuántos cuerpos hay actualmente bajo su resguardo y cuáles son los espacios disponibles a la fecha, hasta ayer no hubo respuesta.Luego de que se informara que en septiembre de 2018 se apresuraría la inhumación de 444 cadáveres sin identificar, bajo el resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), comenzaron también los problemas para contar con los espacios suficientes para el entierro de dichos cuerpos.A través de convenios con los municipios de Guadalajara y El Salto, la Fiscalía del Estado consiguió más de 800 espacios para inhumar los cadáveres sin identificar que se encontraban en dos cajas de tráileres refrigeradas y en sus cámaras frigoríficas.No hubo mayores complicaciones para enterrar a los cadáveres en el Panteón Guadalajara y otros cementerios particulares. Aunque al inicio, vecinos del Panteón Municipal 03, en El Salto, se opusieron a que fueran llevados cadáveres provenientes de la crisis forense, de acuerdo con el Ayuntamiento. Tras las gestiones necesarias se pudo hacer uso de las instalaciones.Sin embargo, desde el año de 2014, la Fiscalía de Jalisco gestionó, en coordinación con el IJCF, un panteón forense con 500 espacios para inhumaciones.En un inicio se pensó construir en el municipio de Magdalena, con un presupuesto de 2.5 millones de pesos, pero los vecinos se negaron y cambiaron su diseño original.La opción fue construirlo en un predio ubicado en el poblado de El Vado, en Tonalá. Se inició con su construcción, aunque nunca concluyó debido a que los vecinos del lugar también se opusieron a su construcción.El predio fue cedido por la administración anterior. En el lugar se comenzó a cimentar con piedra y asbesto, pero tras las quejas vecinales se realizó un análisis en el lugar y se determinó que no contaba con las características necesarias para su continuación.En mayo de este año, el alcalde de Tonalá, Juan Antonio González, informó que el predio fue devuelto al municipio luego de un acuerdo en el pleno edilicio. En cambio, ofreció al Gobierno estatal considerar a la zona penitenciaria para elegir un predio donde pudiera continuarse su edificación.De acuerdo con el municipio, hasta la fecha no se ha recibido algún nuevo proyecto por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.Para la coordinadora del área de Incidencias del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), Anna Karolina Chimiak, a pesar de que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se había caracterizado por ser uno de los más capacitados y reconocidos a nivel nacional e internacional, la crisis iniciada en 2018 reveló las deficiencias con las que operaba, situación que resta credibilidad a su labor.Si bien reconoce que en los últimos meses se realizó un esfuerzo para mejorar sus condiciones, es necesario no bajar la guardia; por el contrario, se requiere de la creación de alianzas para su fortalecimiento, ya que dada la crisis de inseguridad por la cual pasa el Estado, existe el riesgo de que la crisis se repita.Entre los temas que deben priorizarse, explica, se encuentra la aplicación de mecanismos extraordinarios de identificación bajo protocolos y estándares internacionales, con la finalidad de dar salida a la saturación y rezago de los cuerpos que se encuentran dentro del instituto, así como fortalecer a las distintas áreas de trabajo, mediante el apoyo de especialistas multidisciplinarios.“No podemos sólo esperar a que las instituciones se fortalezcan, sino que debemos tener un mecanismo para que, con las personas expertas a nivel nacional e internacional, se pueda atender el rezago, ayudar a identificar, a recuperar los cuerpos y también regresar a las víctimas para darles una sepultura digna y adecuada”.GUÍACLAVESProblema. Tras la crisis en el año de 2018 en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), las autoridades estatales tomaron la decisión de “apresurar” la inhumación de los cuerpos sin identificar bajo su resguardo. El instituto había “conservado” por más de dos años a 444 cadáveres, que tenía en dos tráileres adquiridos por la Fiscalía General de Jalisco y en la cámara de sus instalaciones. Crisis. El caso expuso la incapacidad del Estado en la atención forense. Tras ese escándalo, el 19 de septiembre la entonces fiscal central, Marisela Gómez, contestó que, por órdenes del gobernador Aristóteles Sandoval, una semana después comenzarían con la inhumación de cuerpos no reconocidos para evitar una nueva contingencia.Final. Tan sólo en los últimos tres meses de la pasada administración se enterraron alrededor de 469 cuerpos. Sin embargo, en total, en los últimos tres años fueron inhumados 852 cuerpos sin identificar, siendo 2018 el año en el que más se aplicó esta acción: 584.Proceso. De acuerdo con las políticas generales del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, tras haberse cumplido las 72 posteriores a una necropsia, debe solicitar por escrito al Ministerio Público la autorización del destino final y notificar lo conducente a las autoridades correspondientes.Legislación. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, por su parte, establece que ninguna autoridad podrá ordenar la inhumación de cadáveres o restos humanos sin identificar, antes de contar con la información necesaria para su identificación. Sin embargo, no existe la certidumbre de que estos cadáveres cuenten con esos datos necesarios para el reconocimiento o si se tomó información adicional a su entierro, pues de acuerdo con la Unidad de Transparencia del instituto, no se tiene certeza de la existencia de documentos durante 2017 y principios de 2018, debido a que no se llevó a cabo algún acto de entrega-recepción por parte de la administración anterior.Reacción. Aunque se solicitó una entrevista con autoridades del instituto para ampliar la respuesta y conocer el proceso de la investigación iniciada, hasta anoche no hubo respuesta. Para Anna Karolina Chimiak, coordinadora del área de Incidencias del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, si bien han percibido mejoras en el manejo y las prácticas de inhumación, prevalece la incertidumbre sobre el trabajo del organismo, por lo cual deben permanecer los entes de vigilancia, como la Comisión de Inhumación de Cadáveres (conformada tras la crisis forense), la observación de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, así como las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos.Un total de 138 bolsas de plástico con restos humanos en su interior fueron extraídas de una fosa clandestina ubicada en un predio de la colonia La Primavera. En su interior se localizaron los restos de 44 personas, al menos, aunque con las piezas sueltas podrían corresponder a un número mayor de víctimas.El hallazgo se dio por parte de elementos de la Policía del Estado y de la Guardia Nacional, gracias a que vecinos observaron cómo un hombre entraba al predio con varias bolsas, pero salía sin éstas.Los colonos llevaban meses percibiendo olores fétidos que provenían del sitio creyendo que se trataba de algún animal muerto, pero no imaginaron que en el terreno había sido enterrada tal cantidad de personas mutiladas.Este es uno de los hallazgos más importantes de los últimos años; incluso, la cifra ocasionó que se elevara el número de cadáveres encontrados dentro de fosas clandestinas en este 2019, sumando 145 cadáveres localizados en situaciones similares, de acuerdo con información de la Fiscalía del Estado.A menos de tres meses de terminar el año, la cifra supera al número de víctimas encontradas en condiciones similares durante 2018, cuando se localizaron 103 cuerpos en 29 fosas clandestinas.Otro de los casos que llamó la atención este año fue el de los 30 cuerpos encontrados dentro de una finca de la colonia El Campanario en el municipio de Zapopan, de los cuales 25 estaban enterrados de manera ilícita dentro de varias habitaciones del domicilio.El 7 de mayo, a partir de una denuncia anónima, la Fiscalía y el personal del IJCF acudieron al domicilio, donde encontraron a las personas sin vida. Tras las primeras averiguaciones se presumió que en el sitio podía haber más cadáveres ocultos, situación que se confirmó luego de varias excavaciones en el lugar, que duraron una semana.En Jalisco suman 324 víctimas halladas en situaciones similares en 96 fosas ilegales entre 2015 y septiembre pasado, según información de la Fiscalía.De acuerdo con la Fiscalía de personas desaparecidas en Jalisco, hasta el 19 de septiembre se tenía el dato de que, de los 123 cadáveres inhumados clandestinamente, sólo se habían reconocido a 28 víctimas.Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migrantes del Gobierno federal, dijo que hasta el pasado 14 de septiembre se habían reconocido en Jalisco a 80 víctimas localizadas en fosas clandestinas; sin embargo, no informó del total de cuerpos hallados, datos que en mayo pasado presentaban discrepancias respecto a la información con la que contaban las autoridades locales.TELÓN DE FONDODebido a que en los últimos años se dio el incremento en las desapariciones de personas y ante los hallazgos de fosas clandestinas con decenas de cuerpos humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco emitió un posicionamiento, el pasado 27 de septiembre, para exhortar a las autoridades estatales para que construyan “panteones forenses”.La comisión consideró, tras el seguimiento de la crisis de 2018 en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), que existe el riesgo constante de superar la capacidad de sus cámaras refrigerantes.“Dada la tendencia de hallazgos masivos de cuerpos, es necesario incorporar a los instrumentos de planeación urbana la previsión de cementerios forenses. Estos espacios deberán fortalecerse para inhumar cuerpos o restos humanos a disposición de la autoridad ministerial, pero bajo la custodia y guarda del IJCF, aún no identificados por sus familiares”, acotó el presidente del organismo, Alfonso Hernández Barrón.Jalisco se encuentra dentro de los seis Estados de la República que concentran el mayor número de fosas clandestinas, localizadas entre 2006 y la primera mitad de 2017, según información de la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General de la República), revelada en el informe “Violencia y terror: Hallazgos sobre fosas clandestinas en México 2006-2017”.El documento, presentado en junio de este año como una versión actualizada del documento dado a conocer en 2015, muestra un monitoreo sobre la localización de fosas clandestinas en México.Dicho estudio dio a conocer que Jalisco concentra 9% del total de las fosas clandestinas encontradas en el país en el periodo mencionado, con 146 fosas encontradas, en cuyo interior se localizaron 220 cadáveres, de los cuales se desconoce el número de los que fueron identificados. La cifra coloca a la Entidad en el sexto puesto nacional.Los primeros sitios son ocupados por Tamaulipas (301 fosas), Guerrero (195), Veracruz (176), Sinaloa (163) y Zacatecas (152). En conjunto, los seis Estados representan 70.5% del total de fosas localizadas en todo el país.De acuerdo con el informe, de 2016 a mediados de 2017, se localizaron mil 606 fosas clandestinas en 24 Entidades del país, en cuyo interior se hallaron dos mil 320 cuerpos, 169 osamentas y 584 restos o fragmentos de personas. Los únicos Estados que no registraron fosas clandestinas en ese periodo fueron Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Puebla y Yucatán.“En cuanto a las investigaciones realizadas por la PGR para esclarecer lo ocurrido en las fosas clandestinas y deslindar responsabilidades, se consignó a un total de 106 personas a partir de 79 averiguaciones previas o carpetas de investigación”, indica el documento.También se dio a conocer que, tras la recopilación de las investigaciones, se encontró que existe una inconsistencia y disparidad en la información otorgada por las distintas áreas de Transparencia de la Entidad, que respondieron a lo largo del estudio.Por ejemplo, mientras la PGR informó a Artículo 19 que de enero de 2000 a febrero de 2015 se localizaron mil 589 cuerpos en 408 fosas en el país, a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos le contestó que sólo se habían encontrado 753 cadáveres en 275 fosas; es decir, que únicamente reportó alrededor de 50 por ciento.Fosas clandestinas 2006-2017Tamaulipas: 301 Guerrero: 195 Veracruz: 176 Sinaloa: 163 Zacatecas: 152 Jalisco: 146Estados sin fosasBaja California Ciudad de México Chiapas Chihuahua Guanajuato Hidalgo Puebla YucatánSigue: #DebateInformador¿Qué opina del trabajo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses?Participa en Twitter en el debate del día @informador
