Desde 1991, suman 22 partidos políticos que han perdido el registro ante la autoridad electoral federal. En ese lapso se devoraron ocho mil 631.9 millones de pesos del erario. El más costoso fue el Partido Nueva Alianza (Panal), que desde 2005 obtuvo tres mil 313.6 millones de pesos. Junto con Encuentro Social (PES), el Instituto Nacional Electoral ya inició su proceso de liquidación por no cumplir con  3% de la votación.

El Panal apareció por primera vez en la elección presidencial de 2006, cuando el candidato Roberto Campa superó la cantidad de votos necesarios para mantener el registro, aunque en el último proceso apenas tuvo 0.9% de los sufragios contabilizados en la elección presidencial.

En el segundo lugar aparece Convergencia. Entre 2003 y 2011 se echó a la bolsa mil 864 millones. Después se convertiría en Movimiento Ciudadano.

Le sigue Encuentro Social, con un costo de 990 millones de pesos, que ejerció en tan sólo cinco años, entre 2014 cuando obtuvo su registro nacional y el último proceso electoral que lo llevó a perder su constancia legal, pese a estar aliado con el candidato presidencial ganador, Andrés Manuel López Obrador.

Aunque el objetivo del financiamiento público es garantizar que partidos y candidatos cuenten con los recursos para funcionar y realizar sus campañas en igualdad de condiciones, el informe “¿Cómo se financian los partidos políticos en México?”, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, advierte que un sistema donde los recursos públicos aportan 90% del gasto puede producir partidos rentistas y estructuras paralelas del gasto y financiamiento.

Para revertir lo anterior, propone elevar el porcentaje de votos requeridos para mantener el acceso a recursos públicos o el registro, y condicionar futuros aumentos reales en los ingresos públicos a la obtención de recursos propios de militantes o simpatizantes.

Desaparecen 22 partidos nacionales en tres décadas

Suman 22 partidos nacionales que perdieron su registro ante la autoridad electoral desde 1991 a la fecha, al no haber alcanzado el porcentaje mínimo de votación que establece la legislación para mantenerse como instituto político.

A partir de la “ciudadanización” del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), ahora Instituto Nacional Electoral (INE), en 1997, con el establecimiento de un porcentaje mínimo de votación de 2% para mantener el registro y las prerrogativas, comenzaron a desaparecer partidos ante la baja votación registrada. Antes de eso, uno de los casos más emblemáticos lo representó el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), que impulsó en 1988 la candidatura presidencial de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano; sin embargo, en la elección de 1994 perdió el registro tras obtener 0.5% de la votación.

Tres años después, en 1997, los partidos tradicionales Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista de México contendieron para renovar el Congreso de la Unión, junto con el Partido Cardenista, el Popular Socialista y el Demócrata Mexicano, pero los últimos tres perdieron su registro después de los comicios.

Luego vinieron las elecciones del 2000, que marcarían el comienzo de la alternancia, en las cuales se presentaron en coalición los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México en la Alianza por el Cambio; y el de la Revolución Democrática, del Trabajo, Convergencia, Alianza Social y de la Sociedad Nacionalista en la Alianza por México.

Sería la última elección con la mayor participación histórica de entidades partidistas, pues también compitieron en las urnas Manuel Camacho Solís, por el Partido del Centro Democrático; Porfirio Muñoz Ledo, a través del Auténtico de la Revolución Mexicana, y Gilberto Rincón Gallardo, por parte de Democracia Social. Los tres perdieron el reconocimiento al no llegar al 2% de los votos emitidos.

Para la elección intermedia de 2003, participaron nuevas agrupaciones, como el Partido de la Sociedad Nacionalista, el Partido Alianza Social, México Posible, Partido Liberal Mexicano y Fuerza Ciudadana, los cuales tampoco alcanzaron el umbral de votos necesarios para asegurar su registro. En 2009 sólo se presentó un partido de reciente creación para la renovación del Congreso de la Unión: el Partido Socialdemócrata, que no logró mantenerse con 1.03% de la votación emitida en la elección de diputados.

Para la contienda de 2012 no se presentaron nuevas agrupaciones, pero en el proceso intermedio de 2015 aparecieron tres, una vez que entró en vigor la reforma electoral que elevó de 2% a 3% el mínimo de votos para mantener el registro. Se trata de los partidos Humanista y Encuentro Social, así como el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); sin embargo, el primer grupo político mencionado se borró del mapa tras obtener 2.25% de la votación emitida en la elección de legisladores.

A estas fuerzas políticas se suman Encuentro Social y Nueva Alianza, que perdieron su registro legal como partidos al no haber alcanzado 3% de los votos en las elecciones federales del 1 de julio pasado, de acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, y se encuentran en la etapa de liquidación por parte del INE.

La pérdida del registro no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en el proceso electoral por el principio de mayoría relativa, por lo que aunque Encuentro Social esté en proceso de desaparecer, la alianza con Morena y el Partido del Trabajo le dejaron 55 diputados federales.

De acuerdo con el procedimiento, la Junta General Ejecutiva del órgano electoral es la instancia encargada de emitir la declaratoria de pérdida de registro legal una vez que se le da aviso al partido. Entonces la declaratoria se publica en el Diario Oficial de la Federación, cuando se trata de un partido político nacional.

Se devoran miles de millones de pesos

Desde 1991 hasta este año, los partidos políticos nacionales han recibido 72 mil 848.7 millones de pesos (MDP) como financiamiento público federal, según el recuento histórico del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que significa un promedio de tres mil 468 millones gastados cada año.

El pastel se repartió entre 26 institutos políticos, de los cuales sólo nueve sobrevivieron para competir en el reciente proceso electoral. Aunque el financiamiento se dispara cada tres años, cuando hay elecciones nacionales, tan sólo para su operación ordinaria, este año accedieron a cuatro mil 296 millones de pesos, mientras que para realizar campañas electorales obtuvieron más de dos mil millones que deben ser fiscalizados.

Sin embargo, de todos los partidos, el Revolucionario Institucional es el que más presupuesto se ha gastado, con 20 mil 385 millones ejercidos en las últimas dos décadas, seguido por Acción Nacional, que ha recibido del erario público 17 mil 745 millones, y el Partido de la Revolución Democrática, se ha beneficiado con poco más de la mitad del presupuesto que obtuvo el tricolor.

En el cuarto lugar aparece el Partido Verde Ecologista, con seis mil 113 millones; le sigue el Partido del Trabajo, con cuatro mil 996.

El financiamiento público de los partidos políticos en México se transparentó a partir de 1997, aunque hay estudios que señalan que por cada peso que se reporta como gasto ejercido en una campaña estatal, hay hasta otros 15 pesos que no se registran y que pueden provenir de fuentes de financiamiento ilegal.

Pese a las millonarias sumas que reciben, la confianza ciudadana en los partidos apenas alcanza 19% y se posicionan como la segunda institución con menor confianza, después de los diputados, según el ´”Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía” elaborado por el INE.

De acuerdo con el estudio “¿Cómo se financian los partidos políticos en México?”, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, la transición política mexicana ha resultado en elecciones cada vez más competitivas y en un sistema de partidos políticos cada vez más plural.

La conclusión del informe asegura que a la par de la serie gradual de reformas electorales que han sido aprobadas, el financiamiento público permitió el surgimiento de una oposición real al PRI, así como la creación y sostenimiento de un sistema plural de partidos, de acuerdo con el investigador Javier Aparicio.

Pese a que las prerrogativas a partidos políticos son el rubro de gasto más importante del INE, los partidos pueden percibir ingresos de otras cuatro fuentes sujetas a fiscalización, entre las que destacan las aportaciones de militantes, simpatizantes, autofinanciamiento y rendimientos financieros.

Además de este gasto, se debe considerar el recurso que cada Entidad federativa presupuesta a sus partidos locales, el cual también se ha incrementado en los últimos años.

EL ANÁLISIS

Partidos sin votos, a devolver lo usufructuado

Jaime Barrera

A nivel nacional, el INE ya designó interventores para finiquitar al Partido Encuentro Social y al Partido Nueva Alianza por no haber logrado el 3% de la votación el pasado 1 de julio. En Jalisco, el Instituto Electoral local pospuso ese dictamen que involucra igual a estos dos partidos y al PRD, que no alcanzaron la mínima votación para mantener su registro a nivel estatal.

Hasta hoy, la desaparición de los partidos se ha dado en total opacidad y nadie sabe cuánto y a quién han regresado estos institutos los activos que adquirieron con el dinero que reciben de los órganos electorales, de nuestros impuestos a través de las prerrogativas. Como lo revela hoy EL INFORMADOR, los partidos nacionales que han desaparecido desde 1991 a la fecha, han recibido más de ocho mil 631.9 millones de pesos del erario. Aunque dirán que buena parte de esas sumas se las gastaron en campañas políticas y en el gasto corriente de sus institutos, lo cierto es que nunca se ha documentado una entrega transparente de los bienes muebles e inmuebles que compraron para su operación con dinero público, ni las chequeras para entregar el dinero no ejercido.

¿Dónde quedaron los inmuebles, las computadoras, los muebles de oficina, los autos y demás bienes de los que se hicieron los dirigentes de los partidos que han desaparecido por el desprecio de los votantes? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero lo más probable es que estamos ante más casos de desvíos de recursos.

Por eso hoy se abre la oportunidad para que las autoridades electorales inauguren procesos más transparentes para recuperar estos recursos entregados a los partidos, muchos de los cuales se convirtieron en verdaderos negocios familiares o de grupo.

Un proceso nuevo y ejemplar de los cierres de estos mini partidos puede contribuir a iniciar los ajustes para hacer realidad la fiscalización del gasto de estos institutos políticos y detectar financiamientos ilícitos, que representan el origen de múltiples circuitos de corrupción en el inicio mismo de los distintos Gobiernos.

Lograr que los partidos sin votos regresen lo que les quedó puede ayudar también al resto de los partidos políticos a no olvidar que no se trata de clubes privados sino de instituciones de interés público que deben rendir cuentas de cómo gastan el dinero que les damos todos.

En 17 años, destinan 2,920 MDP en prerrogativas

Aunque en Jalisco ya se cambió la fórmula para entregar financiamiento público a los partidos políticos locales, lo que podría generar ahorros a partir del próximo año, de 2002 a la fecha, el Gobierno de Jalisco ha destinado dos mil 920 millones de pesos para el gasto de los institutos políticos.

En estos 17 años, el partido que ha manejado la chequera más alta es el Revolucionario Institucional, con un total de 891 millones de pesos, seguido por el PAN, con 807.4 millones de pesos, y Movimiento Ciudadano, con 408. 9 millones de pesos, a los cuales debe sumarse los 22.6 millones que habían recibido en el Estado como Convergencia.

El otro partido que ha recibido una de las bolsas más altas es el PRD, con 288.9 millones de pesos.

Sin embargo, el sol azteca podría dejar de recibir este beneficio, debido a que se encuentra en la lista de partidos que, durante las elecciones del pasado 1 de julio, no alcanzaron el 3% de la votación para mantener su acreditación en el Estado. Se le podrían sumar el Partido Encuentro Social y Nueva Alianza.

En Jalisco, sólo dos partidos locales han perdido el registro

En poco más de dos décadas, en el Estado sólo han desaparecido dos partidos locales: el Partido del Pueblo de Jalisco, que nació en 1995, y el Partido Mexicano El Barzón, que logró participar en las elecciones de 2003. Ambos perdieron el registro tras no alcanzar la votación mínima requerida para mantener su acreditación ante el órgano electoral.

El Partido del Pueblo de Jalisco fue fundado hace 23 años por César Humberto González Magallón, quien fue diputado federal por el Partido del Trabajo y diputado local por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

A pesar de que logró participar en el proceso de 1995, obtuvo sólo cinco mil 709 votos, que representaron un 0.27% del total de la votación.

“Era una agrupación a partir de un liderazgo más personal, se apellida Magallón la persona que encabezaba este partido y evidentemente no era un partido que tuviera una gran representación. Inmediatamente en esa elección perdió el derecho de seguir compitiendo. No tenía como una base amplia de respaldo”, destaca el integrante del Observatorio Electoral de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Antonio Elvira de la Torre.

Por su parte, el Partido Mexicano El Barzón surgió tras la lucha de pequeños productores del campo que en la década de los noventa tuvieron problemas con los créditos que contrataron con la banca, por la crisis que se presentaba en el país.

“A partir de ese problema (integrantes de El Barzón) se empezaron a organizar para solicitar apoyo y financiamiento del Estado respecto a sus deudas y problemas financieros que les generaron problemas con producción, tenencia de tierras, entre otros”.

El partido, liderado por Maximiano Barbosa, no alcanzó la votación mínima requerida en las elecciones de 2003 y perdió su registro el 10 de septiembre de ese año. En coalición con el Partido Convergencia, sólo alcanzó el 0.58 por ciento de la votación.

De acuerdo con datos del IEPC, el Partido Mexicano El Barzón recibió un financiamiento de más de 888 mil pesos en 2002 y dos millones 044 mil pesos para el proceso electoral de 2003. Pese a los pocos recursos que recibió, hubo señalamientos de irregularidades en su manejo.

El académico comenta que no es malo que existan partidos estatales, “me parece que es deseable que hubiera partidos locales”.

Un ejemplo, dice, es la organización Wikipolítica que podría aspirar a un registro como partido local, luego de que en el proceso de 2015 se posicionara tras el triunfo de Pedro Kumamoto como diputado local, lo que provocó que durante las elecciones de este año se registrara nuevamente el legislador para buscar una senaduría, así como otro grupo de jóvenes para llegar a la Cámara de Diputados y el Congreso del Estado.

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