Urge BID reforma al sistema de pensiones en América Latina

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS (16/OCT/2013).- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) recomendó hoy implementar reformas en América Latina para sistemas de pensiones universales y subsidios al empleo formal.

"La cobertura universal debería ser un principio básico de los sistemas de pensiones", señaló Santiago Levy, vicepresidente de Sectores y Conocimiento del BID, durante la presentación del libro "Mejores pensiones, mejores trabajos. Hacia la cobertura universal en América Latina y el Caribe".

Agregó asimismo que dicha universalidad se debe lograr con políticas y programas que den rumbo a los incentivos de empresas y trabajadores en la dirección de formalidad y la productividad en el empleo y que dichos sistemas de pensiones sean fiscalmente sostenibles.

"La informalidad no es una herencia genética que los latinoamericanos hemos recibido", remarcó el ex subsecretario de Hacienda.

Anotó que el trabajo informal es el resultado de los incentivos que empresas y trabajadores enfrentan en el mercado de trabajo y dijo que se puede modificar con las políticas adecuadas.

El libro destaca que en la actualidad sólo cuatro de cada diez ciudadanos mayores de 65 años están recibiendo una pensión contributiva, es decir a la que contribuyó a través de un impuesto de nómina durante su vida laboral, y subraya que la gran mayoría tuvo altos ingresos en su etapa activa.

Apuntó que el 60 por ciento de los pensionados recibe menos de 10 dólares diarios, lo que muestra que los objetivos "fundamentales" de los sistemas de pensiones, como la reducción de la pobreza en la tercera edad y el mantenimiento de un nivel de vida adecuado al retirarse, sólo se cumplen para un reducido número en la región.

Por su parte Carmen Pagés, co-autora del libro, advirtió que sin las reformas en el 2050, entre 66 y 83 millones de adultos mayores en la región no habrán generado ahorro necesario para financiar una pensión adecuada y tendrían que depender de familiares y el gobierno para su sostenimiento.

Explicó que el sistema recomendado incluye una pensión antipobreza no contributiva para todos los ciudadanos con "estrictos" criterios de elegibilidad en función de la edad, con un nivel suficiente para erradicar la pobreza en la vejez.

Asimismo, debe contar con una fuente de financiamiento estable y sostenerse con una "fuerte" institucionalidad fiscal, por ejemplo, creando un Consejo Fiscal.

Prevé implementar mecanismos de estímulo al empleo formal, como subsidios a los aportes obligatorios de los trabajadores asalariados y no asalariados, favoreciéndose la incorporación de aquellos con ingresos medios y bajos.

Recomienda la incorporación "gradual" de los trabajadores no asalariados a la seguridad social que estarían obligados a cotizar en condiciones financieras similares a los trabajadores asalariados.

Pagés ejemplificó que para el promedio regional de una pensión que proporcione un ingreso de 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en 2010 se actualizara con la inflación, precisa recursos de entre el 0.4 y el 1.4 por ciento, dependiendo del país.

Agregó que se tendría que sumar un subsidio a las contribuciones de los trabajadores, asalariados o no, y a las empresas, equivalente al 50 por ciento de lo que debe aportar un trabajador que gana el salario mínimo, elevándose el costo al 1.1 por ciento del PIB en 2010 y un 1.4 por ciento en el año 2050.

"La reforma supondría un esfuerzo presupuestario adicional del entorno de un punto porcentual del PIB cada año por encima de lo que la región ya está dedicando a las pensiones no contributivas", remarcó.

El libro resalta que en 2010 coexistían en América Latina diferentes "realidades" de previsión para el retiro.

Mientras Bolivia tenía una cobertura universal del 97 por ciento de la población de 65 años o más, el sistema contributivo sólo conseguía movilizar el ahorro de un 20 por ciento de la población ocupada y el resto correspondió a pensiones no contributivas.

Asimismo, en países en los que la cobertura de pensiones es superior a 80 por ciento, una amplia proporción de adultos mayores recibe pensión no contributiva, incluido el 11 por ciento en Uruguay, el 25 por ciento en Argentina, el 26 por ciento en Chile y el 36 por ciento en Brasil.

Apuntó que en 2010 más de la mitad de las personas mayores de 65 años en México recibían pensión contributiva. Sin embargo, con la reforma reciente se extendieron los beneficios no contributivos a los adultos mayores sin una pensión a la que hubieran aportado a través de un impuesto a la nómina.

En tanto, indicó que en países como El Salvador, Honduras y República Dominicana, el porcentaje de adultos mayores con una pensión es por debajo del 15 por ciento.