Reanudan labores en empresa Hilasal de El Salto

EL SALTO, JALISCO (13/NOV/2013).- Cinco de la mañana y ya doña María Inocencia García Pérez está en la parada del camión que la trasladará a su empleo, ubicado en el corredor industrial de El Salto. Durante 29 años ha cumplido su turno como costurera --siete de la mañana a tres de la tarde-- sin mayores complicaciones, para llevar a su hogar solamente 966 pesos por semana.
 
Ella vive en la colonia Miravalle, de Guadalajara, y debe despertar a las cuatro de la madrugada para estar lista y que "no se le vaya" la unidad que la empresa Hilasal destina al traslado de sus empleados. Por casi tres décadas se ha desempeñado en la zona textil, aunque no comenzó con el sueldo que actualmente percibe.
 
Tampoco se queja. Aguanta y defiende su empleo; al final, "le han permitido trabajar". Pero explota porque desde hace ocho días no tiene ocupación alguna, y además "está harta" de estar sentada afuera de la empresa, esperando que la dejen pasar.
 
El miércoles pasado, un grupo de policías entró y tomó por la fuerza las instalaciones de Hilasal. Los aventones fueron la constante. Muchos empleados del turno vespertino vieron cómo los uniformados sometieron a golpes al guardia de seguridad del ingreso. "A lo mejor no los quiso dejar entrar".
 
Jorge Ibarra decide cambiar su apellido para evitarse problemas. Pero ventila que el tenso desalojo de hace ocho días estuvo acompañado por frases altisonantes, proferidas por personas uniformadas que en su vida había visto, y que le ordenaban como si fueran ellos quienes le entregaran sus 850 pesos semanales.
 
Para Alejandro Sánchez el impacto fue doble. Tanto él como su esposa Sandra López laboran en la empresa desde hace 12 años, y el embargo que cumplimentó la acreedora GE Capital hace una semana les impidió llevar a su hogar los 800 pesos que cada uno cobra.
 
Todos: Inocencia, Javier, Alejandro Y Sandra, vivieron "de prestadito" esta semana. La habilidad adquirida fue lograr una faceta más amable y acercarse a la tienda, a la señora de las tortillas, al del pollo, a la carnicería y la cremería, para solicitar un bien a cambio de una promesa: pagar en cuanto su "chamba" reabriera. Hoy fue el día.
 
Una entrega bajo resguardo de la Policía
     
Patrullas de la Fiscalía General, y otros tantos vehículos oficiales de El Salto, escoltaron al secretario de Trabajo, Eduardo Almaguer, hasta el punto donde se encuentra la empresa Hilasal Mexicana. Minutos antes de las 15:00 horas descendió de su auto y se acercó a casi 300 trabajadores que anhelaban la reapertura.
 
Lo escucharon. "Las patrullas están aquí para evitar altercados", dijo para apaciguar a la muchedumbre de la que ya salían rechiflas contra las personas que, durante una semana, ocuparon su fuente de ingresos.
 
Aclaró de inmediato que la empresa garantizaría el pago de nómina y las prestaciones de cada empleado. Los dueños de la firma, abundó, calculan pérdidas de hasta dos millones de dólares por detener labores esta la semana. Los empleados que este medio consultó ganan apenas entre 700 y mil 50 pesos en el mismo lapso.
 
"Un juez federal con sede en la Ciudad de México ordenó que se entregaran las instalaciones a una financiera, GE Capital. Se hizo la diligencia, desalojaron a los trabajadores, apagaron las máquinas y la empresa y el propio sindicato hicieron sus trámites correspondientes", precisó el secretario de Estado, quien también confirmó la instancia a la que pertenecen los uniformados que cumplieron la orden del magistrado: eran policías auxiliares.
 
Básicamente, la dependencia que encabeza Eduardo Almaguer sirvió como mediadora entre la financiera, los altos mandos de Hilasal y el sindicato. La reunión solicitada por la Secretaría de Trabajo permitió que las partes llegaran a un acuerdo este miércoles.
 
Las cerca de 660 personas que vivieron "de prestadito" esta semana finalmente regresaron a trabajar. El secretario de Trabajo reconoció que este fue un caso "atípico" que no sucederá más, e invitó a dueños de otras empresas que estén en situaciones similares a acercarse a tiempo con la autoridad, de tal forma que no se llegue a un desalojo.   
 
EL INFORMADOR / ISAACK DE LOZA