México, sediento de buenos empleos

CIUDAD DE MÉXICO (11/OCT/2010).- La recesión global golpea con fuerza a los hogares del mundo por la debilidad del empleo y los ingresos. Y, pese a la recuperación de la economía, nuevos nubarrones en el horizonte laboral afectan de forma negativa las previsiones en muchos países.

Recientemente, las medidas de austeridad planteadas en las naciones avanzadas y el debilitamiento de los ingresos y condiciones laborales en países en desarrollo originan tensión social.

El mundo hoy muestra a naciones desarrolladas con mercados laborales flexibles, acompañados de medidas de protección social como seguros de desempleo que protegen a trabajadores, pero que presionan las finanzas públicas. Y naciones en desarrollo con mercados flexibilizándose, mano de obra barata y una creciente especialización.

Sin embargo, tras la crisis, el empleo en el mundo es escaso y precario, por lo que diversas voces llaman a concretar medidas que mejoren las condiciones del empleo global.

Para el caso de México, numerosos investigadores resaltan la relevancia de concretar medidas que fomenten el crecimiento económico sostenido, que genere empleos de buena calidad.

En el “Informe sobre el trabajo en el mundo 2010”, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) expuso que el crecimiento basado en ingresos mejora la demanda agregada, amplía los mercados internos y crea oportunidades para empresas sostenibles.

“Ello depende de que se adopten medidas para fortalecer la negociación colectiva y el diálogo social, se apliquen políticas adecuadas de salario mínimo y se establezcan sistemas de protección social propicios para la creación de empleo”.

La experiencia de países como Brasil e India enseña cómo se pueden conseguir estas metas.

En México, próximamente podrían reimpulsar la discusión de la propuesta de reforma laboral planteada por el secretario del Trabajo, Javier Lozano, y el PAN.

Para algunos investigadores esta reforma legalizará numerosas prácticas que en la actualidad son una realidad fuera de ley: más empleo eventual y cada vez menos prestaciones; empleos de mala calidad que ponen en riesgo la estabilidad laboral, la adición de empleos formales y la productividad del país.

Para otros actores, la reforma aunque imperfecta, representa un avance, pues la legislación laboral vigente data de 1970, además que ayudaría a incrementar la participación de la población hoy afuera del mercado laboral.

La propuesta “flexibilizadora”, busca fomentar el empleo mediante la creación de nuevas figuras de contratación y la legalización de otras efectuadas en la praxis, como el empleo temporal. Plantea la reducción de barreras a la entrada y al despido de trabajadores, rubro en el que el Foro Económico Mundial nos sitúa mal, en el lugar 120 de 139 países.

La reforma busca además promover la capacitación, certificación y la productividad laboral y la regulación de la tercerización u outsorcing. Introduce nuevos requisitos para el emplazamiento a huelga y a la demanda de titularidad del contrato colectivo, obliga a los sindicatos a transparentar la administración del patrimonio y a eliminar el descuento obligatorio de las cuotas vía nómina.

El argumento detrás de la eliminación de las barreras de entrada y salida al mercado laboral es el abaratamiento de los costos laborales, con el fin de que las empresas generen más plazas.

La propuesta de reforma laboral crea nuevas formas de contratación, adicionales a la relación de trabajo por obra o tiempo determinado y por tiempo indeterminado: los contratos por temporada, de capacitación inicial, y en el caso del empleo por tiempo indeterminado, periodos de prueba, de tres a seis meses.

Empresas eluden obligaciones
Experto plantea regular subcontratación en el país

CIUDAD DE MÉXICO.- En el país numerosas empresas utilizan formas de contratación como el outsourcing, la terciarización de servicios de recursos humanos, y la creación de cooperativas y asociaciones, para eludir obligaciones fiscales y el pago de prestaciones sociales a los trabajadores.

Hay empresas que emplean las figuras de cooperativa para eliminar el vínculo laboral: integran al trabajador como socio de la cooperativa, y la sociedad se convierte en proveedora de servicios para la compañía que la contrata.

En México, las prestaciones mínimas establecidas en la ley son: aguinaldo, vacaciones, Infonavit, fondo de ahorro para el retiro, prima vacacional e IMSS. Sin embargo, al menos 64.5% de los ocupados no cuenta con acceso a las instituciones de salud, y cerca de la mitad de los trabajadores remunerados no tiene contrato escrito.

En el último Censo Económico, el INEGI reportó que de 2.82 millones de trabajadores, 14% que laboró en 2008 en las diversas unidades económicas del país no dependían de la razón social, es decir, laboraban por outsourcing.

Esta tendencia ha aumentado en los últimos cinco años, sobre todo en las empresas más grandes.

Alexandre Rodel, director de la mesa de consejo directivo en la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), dijo que la regularización de las empresas de tercerización de recursos humanos, dotaría de mayor regulación, control y transparencia al sector, lo que generaría en el país una competencia más sana.

Comentó que con ello se protegería al trabajador, pues millones de personas son empleadas mediante empresas no reglamentadas, y gran parte de los trabajadores no cuenta con prestación alguna.

En este sentido, expuso que una mayor reglamentación permitiría a los trabajadores recibir las prestaciones previstas en la ley.

ASÍ OPINAN
Implicaciones de la reforma

Cristina Casanueva Reguart
La investigadora del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana (UIA), consideró que la reforma laboral propuesta sí podría traducirse en el repunte del empleo, aunque sólo en el corto plazo; y principalmente el de carácter temporal, que en el país crece ya a tasas anuales de dos dígitos.

Pero, un riesgo de esta flexibilidad sería la menor calidad de los empleos, pues los contratos temporales suelen generar menores ingresos, prestaciones y seguridad laboral para los trabajadores.

“Reducir los costos de producción mediante menores ingresos a los trabajadores incrementará el empleo en el corto plazo; sin embargo, siempre habrá otro país con mano de obra más barata, por lo que usar mano de obra barata para atraer capital es una visión de muy corto plazo”, explicó la investigadora.

Para Casanueva, el riesgo de introducir a la ley la contratación temporal e incluso por hora, es que un amplio número de empleadores, incluso los que hoy contratan de forma permanente, podría escoger estas fórmulas dando prestaciones mínimas de ley. Por tanto, el repunte de empleos temporales sería a costa de estabilidad laboral y menos ingresos.

La reforma establece que “tratándose de salario por unidad de tiempo, el trabajador y el patrón podrán convenir el pago por cada hora de prestación del servicio, siempre y cuando no se exceda la jornada máxima legal de la ley”.

Stefano Scarpetta
El director de empleo, trabajo y asuntos sociales de la Organización para la Cooperación y Docencia Económicos (OCDE), consideró que permitir a los trabajadores y empleadores acordar arreglos de pago por hora, permitiría días laborales más cortos para quienes quieran laborar tiempo parcial.
“Podría ayudar a incrementar la tasa de participación laboral femenina, que en México es de 45%, contra 61% promedio en las naciones de la OCDE.

Scarpetta indicó que la propuesta de reforma en México permitirá a los trabajadores ser empleados bajo contratos por periodos fijos para trabajos temporales, requiriendo que los empleadores den a los trabajadores los mismos derechos que a los permanentes. “Damos la bienvenida al fortalecimiento de los derechos de los trabajadores con contractos por periodos fijos, pero también urgimos a realizar esfuerzos para fortalecer las leyes laborales para evitar que el mayor uso de contratos por periodos fijos den pauta a un mayor dualismo en el mercado laboral”.

José Luis de la Cruz
En opinión del director del Centro Investigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey, la flexibilidad laboral de las contrataciones temporales, implicaría la proliferación de bajos salarios, pues más personas saldrían a buscar trabajo y presionarían la oferta que hubiera en el mercado laboral.

“No tiene sentido intentar aumentar la competitividad del país mediante la reducción de salarios y prestaciones a los trabajadores si no se toca el tema del crecimiento económico y la inversión; sólo el crecimiento económico permitirá la creación de empleos numerosos y de buena calidad”.

En países desarrollados, las barreras de acceso y salida al mercado laboral son muy flexibles y facilitan la búsqueda de empleos de tiempo temporal o parcial, que para algunas personas posibilita equilibrar el empleo con la vida personal. En épocas de crisis estos grupos son muy vulnerables, pero los trabajadores en esas naciones cuentan con redes de protección como seguros de desempleo y capacitación para desempleados.


Robert Duval
El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), consideró que el impacto de la propuesta de reforma laboral sobre el empleo será muy limitado y no tendrá el efecto esperado, ya que, si bien se requiere cierta flexibilización del mercado laboral mexicano, los costos de seguridad social siguen siendo muy elevados en el país para empresas y trabajadores.

“La propuesta no toca el tema de los costos de seguridad social como el IMSS e Infonavit, que representan un costo alto para las empresas que contratan a trabajadores permanentes”.

En consecuencia, el académico indicó, que la propuesta planteada en el Congreso de la Unión da más incentivos a la creación de empleos temporales que a la de empleos permanentes.

El riesgo latente, es que podría verse un incremento de empleos temporales mucho más allá de lo óptimo, ahondó.

“El país requiere de una propuesta más integral, que contemple un esquema universal de seguridad social y seguros de desempleo, mediante impuestos generalizados, más que descuentos a nómina y patronales, para flexibilizar los costos de contratación permanente”.


Ricardo Martínez Rojas
El socio del grupo de práctica laboral de la firma Baker & Mackenzie asegura que de aprobarse la propuesta de reforma laboral, un mexicano que se incorpore por primera vez al mercado de trabajo deberá pasar primero por un proceso de capacitación de entre uno y tres meses, o bien un proceso de prueba por hasta seis meses en el caso de puestos directivos, técnicos y profesionales.

Posteriormente, podrá ser empleado o no contratado.

Explicó que las nuevas formas de contratación laboral previstas en el país no son acumulables y son independientes.

“Estas dos figuras nuevas ayudarían a que los empleadores no tengan que incurrir en simulación, pues en seis meses es posible conocer bien a una persona en su trabajo, habilidades, capacidades y conducta”.
En lo que respecta al tema del despido, el patrón queda eximido de reinstalar a los trabajadores eventuales, pero debe indemnizarlos.

En tanto, para los trabajadores permanentes, queda sin cambios la indemnización de tres meses de salario, prima de antigüedad y 20 días por cada año de servicio.

En el caso de ser despedido injustificadamente, la persona puede demandar la indemnización o la reinstalación, siempre y cuando tenga tres años de antigüedad.

En la actualidad, la antigüedad requerida para ello es de un año.

En caso de ganar el juicio, el empleador pagará los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de seis meses y después de ese lapso se generaría un interés de 2% por nueve meses de salario. De esta manera, se limita esta indemnización, ya que con la ley actual el empleador cubre los salarios generados desde el despido hasta la fecha en que se cumpla el laudo.

“Dado que más de 90% de las empresas en el país son micro empresas, estos cambios son favorables para el empleador”.

Consideró que la reforma debe cuidar los derechos de los trabajadores, pero también flexibilizar el mercado laboral. Agregó que en caso de que los derechos del trabajador no sean respetados, puede asistir a la procuraduría de la defensa del trabajo o ante la inspección del trabajo.