Mercado latino para competir con Dragon Mart: CCIJ

GUADALAJARA, JALISCO (25/JUN/2014).- Tras anunciarse la suspensión de la construcción del Dragon Mart en Puerto Morelos, Quintana Roo, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco ( CCIJ), Juan Alonso Niño Cota expuso que es momento oportuno para que la secretaría de Economía ponga freno o busque un replanteamiento de este proyecto.

El empresario señaló que se podría realizar el mismo desarrollo con empresas mexicanas o latinoamericanas, en el que se aproveche el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).

"Hemos manifestado en diferentes foros nuestra preocupación por los perjuicios que este proyecto (Dragon Mart) le puede provocar a la planta productiva nacional y en ese sentido nos hemos pronunciado en contra porque no beneficia en ningún sentido a la productividad, al mismo desarrollo de las empresas mexicanas y jaliscienses.

"Esta detención de la obra nos llama la atención, tenemos que ver qué está sucediendo. Nosotros queremos que haya una aportación adicional, para que haya empresas nacionales o empresas latinoamericanas a través del Acuerdo Transpacífico y pudiéramos beneficiar a la región latinoamericana, no a un país de oriente que tiene prácticas desleales, con ese problema que no se ha resuelto como la subvaluación y que va ser un problema el día de mañana", refirió

La empresa del Dragon Mart oficializó el pasado lunes a los sindicatos encargados de la edificación de este complejo que la obra se suspende indefinidamente por "cuestiones técnicas".

Según un estudio de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), el impacto de este proyecto será el ingreso al país de 300 mil toneladas de productos de China anuales, con un valor de dos mil millones de dólares, que desplazarán el mismo número de mercancías mexicanas.

A pesar de la campaña que emprendieron los industriales a nivel nacional en contra del Dragon Mart, Juan Alonso Niño Cota señaló que la secretaría de Economía sigue sin atender sus reclamos.

EL INFORMADOR / GEORGINA GARCÍA