Los incentivos de AIG superan estimaciones

WASHINGTON.- Las polémicas bonificaciones de la aseguradora estadounidense American International Group (AIG) a sus ejecutivos, inicialmente calculadas en 165 millones de dólares, son mayores de lo estimado y ascienden a 218 millones, informó el fiscal general de Connecticut.

Según el procurador Richard Blumenthal, la nueva cifra aparece en una serie de documentos que recibió el viernes tras emitir un requerimiento oficial.

Esas primas han causado una ola de críticas en Estados Unidos (ver “Telón de fondo) encabezadas por el presidente Barack Obama, ya que la aseguradora ha tenido que recibir más de 182 mil millones de fondos públicos para sobrevivir.

Según Blumenthal, la cifra “dará aún más pábulo a la ira y al asco justificados que la gente siente”.

Los documentos que ha recibido, agregó el fiscal, ponen de relieve que un total de 73 personas recibieron al menos un millón de dólares por cabeza, y de ellos cinco cobraron más de cuatro millones.

Una semana agitada
Obama ha descrito a lo largo de esta semana en varias ocasiones el pago de esas bonificaciones como “indignante” y ha asegurado que su Gobierno estudia todas las vías posibles para recuperar ese dinero.

La Cámara de Representantes aprobó el jueves un proyecto de ley para gravar con 90% esos incentivos.
La medida, de ser aprobada también en el Senado, se aplicará a funcionarios de empresas que reciban más de cinco mil millones de dólares del plan de rescate financiero del Gobierno federal.

Durante una audiencia el pasado miércoles en un subcomité de asuntos financieros de la Cámara de Representantes, el presidente y principal ejecutivo de AIG, Edward Liddy, dijo que algunos de los ejecutivos ya han comenzado a devolver las bonificaciones que recibieron.

Mañana, Obama tiene previsto anunciar los detalles de su plan para sacar los activos tóxicos de los balances de los bancos.


Tim Geithner, en el ojo del huracán

El caso de las primas millonarias de los directivos de American International Group (AIG) la mayor aseguradora del mundo, colocada al borde de la quiebra por los gestores ahora premiados y de la que fue salvada gracias al dinero público, ya no es un episodio menor de “mal gusto” por la utilización de fondos del Estado para pagar sobresueldos escandalosos; se ha convertido en una amenaza política para el presidente Barack Obama.

La cuestión, planteada con crudeza por senadores republicanos, es si el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, estaba al corriente de los contratos que garantizaban tales sobresueldos cuando se concedieron las ayudas públicas suplementarias a la aseguradora.
Las implicaciones de la pregunta son propias de una trampa para elefantes; si Geithner conocía los contratos, es responsable del desafuero por no haber exigido su cancelación o por haber autorizado la subvención; y si no los conocía, es culpable por ignorancia.
(El País)