La Canirac denuncia extremos en clausuras de Profeco

GUADALAJARA, JALISCO (24/JUL/2013).- Advierte el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Jalisco (Canirac), Juan José Tamayo Dávalos, que su sector ha tenido repercusiones negativas con los operativos que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha realizado en el Estado.

Señala que la Profeco ha clausurado tres restaurantes por cuestiones mínimas, que de haberse entablado un diálogo con los dueños para hacer algunos cambios, no habría derivado en una sanción económica de alrededor de 50 mil pesos y cierre del establecimiento.

“Somos una industria sobre regulada, sobre inspeccionada y, si soy exagerado, acosada, somos sujetos a inspecciones de todos los niveles de gobierno y de organismos descentralizados, y eso nos hace poco productivos; nos tiene trabajando en pensar cómo no ser sancionados, en vez de dedicarnos a nuestra chamba”.

Algunos de los motivos por los que Profeco clausuró los establecimientos, fueron porque no se encontraron algunas especificaciones en los menús, o que en el ticket de la cuenta viene incluida la propina, entre otros.

Tamayo Dávalos asegura que con este tipo de mecanismos de revisión no se protege al consumidor, sino que se afecta la economía de los negocios jaliscienses, muchos de ellos familiares.

“Están inspeccionando (Profeco) todas las aéreas de los negocios, barras, almacenes, cocinas; son muy exhaustivas. Tienen un operativo que viene de la Ciudad de México, hemos estado platicando con el delegado en Jalisco para no llegar estos extremos”.

Los establecimientos, comentó, duraron pocos días cerrados. Sin embargo, reconoce que la Profeco no cuenta con la capacidad operativa para revisar cada uno de los expedientes de negocios que clausuran, y el tiempo que se tardan representa pérdidas para los establecimientos.

Informó que se llevó a cabo un acuerdo con la Profeco para que tanto los socios de la industria restaurantera, como los inspectores, tomen capacitación legal para cumplir con lo que marca el reglamento y evitar sanciones.

EL INFORMADOR / THAMARA VILLASEÑOR