Investigarán a Coca Cola en Chile por prácticas monopólicas

SANTIAGO, CHILE (21/ABR/2011).- Dos empresas embotelladoras de Coca Cola en Chile serán investigadas por supuestas prácticas monopólicas al ofrecer incentivos a los locales comerciales para que eviten publicitar marcas más económicas, informaron hoy fuentes oficiales.  

El requerimiento fue presentado en las últimas horas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), instancia especial, independiente y de carácter colegiado.  

La FNE acusó ante el TDLC a las embotelladoras Andina y Embonor, las dos mayores del país, con más del 70 por ciento del mercado, y que fabrican y distribuyen la amplia gama de los productos de The Coca Cola Company en nueve de las 15 regiones que tiene Chile.  

El argumento es que las dos mayores empresas del rubro de las bebidas gaseosas en Chile bloquearon el crecimiento de sus competidores mediante un abuso de su posición dominante en el mercado.  

Según medios locales, 55 por ciento de la comercialización de bebidas gaseosas se realiza en Chile en almacenes y botillerías, en tanto Andina poseía en 2008 el 55 por ciento de las ventas de Coca Cola en este país, seguida de Embonor con 36 por ciento en 2009.  

 Según el requerimiento, Andina y Embonor establecieron incentivos para almacenes y botillerías para que no 'publiciten, exhiban y/o comercialicen, en modo alguno, bebidas carbonatadas' de las marcas llamadas 'económicas'.  

Andina, por ejemplo, realizaba descuentos y entregaba gratis equipos de frío, para uso exclusivo de productos Coca Cola, a los comerciantes bajo la condición de no realizar publicidad, exhibir o vender otras marcas de bebidas más económicas.  

La FNE pidió al TDLC imponer una multa de unos 10 millones de dólares a cada una de las embotelladoras y que abandonen las prácticas contra la competencia.  

El TDLC tiene como función prevenir, corregir y sancionar los atentados a la libre competencia y no puede iniciar de oficio un proceso judicial, facultad que tiene el Fiscal Nacional Económico o cualquier particular.