ATENAS, GRECIA (20/FB/2017).- Grecia aceptó legislar reformas adicionales a partir de 2019, lo que ha permitido desbloquear la negociación sobre la segunda revisión del rescate y posibilita el regreso a Atenas de los cuadros técnicos de los acreedores la semana próxima, informaron fuentes gubernamentales.Las fuentes señalaron que ninguna de las medidas que se aprueben comportará "ni un solo euro más de austeridad", ni cargas fiscales adicionales.El acuerdo se alcanzó durante una reunión entre el ministro griego de Finanzas, Euclides Tsakalotos, y los jefes de misión de la denominada cuadriga -Comisión Europea (CE), Banco Central Europeo (BCE), Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y Fondo Monetario Internacional (FMI)- celebrada en Bruselas, indicó el Gobierno.El pacto prevé que Grecia adoptará una serie de medidas adicionales que tan solo se aplicarán a partir de 2019, es decir, una vez finalizado el tercer rescate, y cuyo contenido todavía no ha adelantado el Gobierno.Con ello, Atenas cedió a las exigencias del FMI que, a cambio de su participación en el rescate, pidió medidas adicionales por un total de tres mil 600 millones de euros, lo que corresponde al 2 % del producto interior bruto (PIB).Con estas medidas se supone que Grecia podría obtener un superávit primario del 3.5 % del PIB a partir de 2019, un objetivo que el organismo monetario internacional no veía posible con los parámetros que marcaba hasta ahora el tercer rescate.Según las fuentes citadas, el acuerdo a nivel político alcanzado este lunes, que deberá ser detallado en las negociaciones a nivel técnico, contempla también un compromiso por parte de la CE de que se excluyan del cálculo del superávit primario los costes de un programa de creación de 100 mil empleos en los próximos dos años y medio por un valor total de tres mil millones de euros.Se trata de un programa que Grecia negocia con el Banco Mundial, en cooperación con las instituciones europeas.Además, añadieron las fuentes, el acuerdo político de este lunes contempla la posibilidad de poder restaurar los convenios colectivos antes de que finalice el actual rescate, en agosto de 2018, algo a lo que se oponía el FMI.
