Gobierno del Estado no salda su deuda con constructores

GUADALAJARA, JALISCO (21/ENE/2015).- Desde hace dos años, el Gobierno del Estado sostiene una deuda de 50 millones de pesos con 20 micro y pequeñas empresas de la industria de la construcción, que están en riesgo de cerrar.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Jalisco, Benjamín Cárdenas Chávez denunció que este adeudo se arrastra desde el gobierno de Emilio González Márquez y que la actual administración estatal ha empantanado el pago entre una secretaría y otra.

De las dos docenas de empresas acreedoras, una está a punto de cerrar y otras cinco corren el mismo riesgo, precisó Cárdenas Chávez, quien advirtió que de confirmarse las bajas, se perderían 250 empleos.

"Volvemos a solicitar que se ponga atención en el tema y que exista la voluntad de que se liquiden estos adeudos porque varias de estas empresas están a punto de cerrar.

"El argumento es que no tienen el techo presupuestal para pagar estas obras, que la administración les dejó grandes compromisos y que están viendo de dónde van a conseguir el dinero para esta deuda y también alguna incertidumbre de si fueron o no ejecutados los trabajos correctamente y vuelven a las contralorías para que se revisen, pero siendo que todo estaba debidamente documentado, simplemente para que se generará un cheque".

Los pagos atrasados son de obras de perforación de pozos profundos y de presas de la secretaría de Desarrollo Rural y también de la secretaría de Salud.

El presidente de CMIC en Jalisco indicó que el Ayuntamiento de Zapopan también está atrasado en el pago de 12 millones de pesos, pero que en éste caso se han registrado avances para que este adeudo sea liquidado.

Los empresarios tienen la opción de acudir al Tribunal de lo Administrativo del Estado para obligar al Gobierno a saldar los 50 millones de pesos, pero según Benjamín Cárdenas, no lo hacen por miedo a ser vetados de cualquier licitación de obra pública.

“Nosotros lo que hacemos como sector es sensibilizar, la denuncia ya es en lo particular, sin embargo, existe el temor de los constructores que ante la denuncia, queden de alguna manera vetados y no puedan  tener acceso a más obra pública”.

EL INFORMADOR / GEORGINA GARCÍA