Funcionario de Pemex habría beneficiado a Oceanografía

CIUDAD DE MÉXICO (08/DIC/2014).- La grave situación financiera por la que atravesaba Oceanografía, y que la hacían poco atractiva para obtener contratos, cambió radicalmente con la llegada de Mario Alberto Ávila Lizárraga a la subdirección de Mantenimiento y Logística de Pemex Exploración y Producción.

De acuerdo con una declaración por escrito de Martín Díaz Álvarez ante la Procuraduría General de la República ( PGR), a quien se le ha identificado como socio del dueño de Oceanografía, Amado Yáñez, la compañía naviera comenzó a recibir contratos de forma “inesperada, irreal e increíble” debido a la amistad entre ambos personajes.

“Todo esto cambió cuando nombraron a su amigo Mario Ávila como subdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex); el 100% de la flota con la que se contaba o contrataba directamente por el ingeniero Yáñez era puesta en algún contrato de forma inmediata”, manifestó en su declaración.

La PGR investiga a Díaz Álvarez, sobre quien pesa una orden de aprehensión, como otro de los presuntos responsables del quebranto causado a Banamex por 500 millones de dólares por violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito, y en su caso incluso le imputa el cargo de falsificación de documentos.

Sin embargo, el 18 de julio pasado, el abogado de Díaz Álvarez dijo a este diario que su cliente sólo fue un asesor financiero de Yáñez por lo que no tuvo injerencia alguna en la obtención de créditos ni firmó documentos, a pesar de las declaraciones del dueño de Oceanografía.

Un documento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional de marzo de este año describe que el ahora ex subdirector Ávila Lizárraga era investigado y se procedería en su contra. También señalaba a otros altos funcionarios, como Carlos Morales, quien en febrero dejó esa misma posición que tenía Ávila Lizárraga.

Y aunque la PGR insistió en que no hay ni quebranto ni funcionarios de Pemex involucrados en el caso Oceanografía, la Secretaría de la Función Pública reconoció la semana pasada ante senadores que el daño al erario es de 525 millones de pesos.