Favorable para México reforma energética: Fitch

CIUDAD DE MÉXICO (16/AGO/2013).- Fitch Ratings ve la propuesta de reforma energética como favorable para el sector y para el país en el largo plazo, aunque aclaró que es prematuro evaluar su impacto ya que se necesitaría tiempo para implementar los cambios propuestos.

De acuerdo con un análisis, la propuesta energética va de acuerdo con el tipo de reforma previsto por Fitch en un reporte previo.

Precisa que en este momento es muy prematuro evaluar el impacto de la reforma energética, puesto que los mecanismos y procedimientos para su aplicación no están definidos, además de que no se han identificado los esquemas y las áreas en las que el sector privado podría participar.

No obstante, "Fitch continúa anticipando que el gobierno podría incluir al sector privado en áreas de aguas profundas y en zonas no convencionales, en donde existan recursos y en donde Pemex carece de tecnología y experiencia, mientras que el gobierno mantiene los yacimientos en aguas someras con derecho exclusivo de la paraestatal".

De aprobarse la reforma este año, estima, no se espera un cambio sustancial en el sector energético en los próximos 18 a 24 meses.

Refiere que una vez que el Congreso apruebe la enmienda a la Constitución y los cambios sean ratificados por los estados, se necesitará tiempo para que el gobierno federal implemente la nueva regulación, en tanto que la inversión extranjera en el sector probablemente permanecerá en espera hasta que haya certidumbre.

Las dos administraciones federales previas intentaron, sin éxito, implementar una reforma energética, pero el consenso político establecido por la administración actual con los tres principales partidos políticos, a través del Pacto por México, ofrece nuevas expectativas para proponer reformas exitosas, destaca.

Señala que el proyecto de reforma propuesto está diseñado para abrir el sector energético a participantes privados, a través de mecanismos de ingresos o de reparto de utilidades.

Refiere que los detalles sobre el tipo y la naturaleza de los acuerdos entre el gobierno y la iniciativa privada se definirán después de que las leyes secundarias se desarrollen, lo que sucederá una vez que la iniciativa sea aprobada y que los cambios constitucionales sean ratificados por los estados.

De entrada se descarta, específicamente, la posibilidad de otorgar concesiones en el sector de petróleo y gas natural, puesto que los recursos de dichos sectores seguirán siendo propiedad exclusiva del Estado.

De ahí, continúa, el atractivo del esquema propuesto dependerá, en gran medida, del porcentaje de los ingresos o del reparto de utilidades, así como de la capacidad de estos acuerdos para reflejar las características económicas de los acuerdos de producción compartida.

Fitch expone que conceptualmente las reformas propuestas resultan más atractivas que los contratos de servicios existentes, los cuales pagan una tarifa fija por cada barril de petróleo producido.

Esto, explica, debido a que los nuevos acuerdos ligarían los ingresos y las ganancias al precio de mercado del petróleo, lo que permitiría a los inversionistas compartir, junto con el Estado, riesgos y beneficios.

En su opinión, para un impulso importante en la producción, el mayor potencial sería el aprovechamiento de los yacimientos en aguas profundas y de los recursos no convencionales (gas shale), dado que la enorme carga fiscal de Pemex ha limitado la generación interna de efectivo necesario para desarrollar este tipo de áreas.

Fitch considera también que para el gobierno será muy difícil sustituir rápidamente las contribuciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), puesto que éstas representan aproximadamente un tercio de los ingresos federales.

Por lo anterior, la firma no anticipa un cambio sustancial en la carga fiscal de la paraestatal en los próximos 18 a 24 meses, aunque reconoce que cualquier reducción en sus contribuciones al gobierno, en el largo plazo, sería visto de manera favorable, pues permitiría liberar el flujo de efectivo de la empresa para hacer inversiones.

Una modificación a la Constitución de México requiere el consentimiento de dos terceras partes del Congreso y la aprobación de más de la mitad de los congresos estatales.

La calificadora reconoce que una mayoría en el Congreso presenta un reto, puesto que los principales partidos de la oposición, Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), tienen diferentes visiones sobre el tipo de reforma energética que requiere el país.

Por lo anterior, añade, "aprobar la reforma energética en el Congreso será una verdadera prueba para el Pacto por México".

El pasado lunes 12 de agosto, el Ejecutivo presentó la propuesta de reforma que modifica los artículos 27 y 28 de la Constitución para permitir la participación privada en la exploración, extracción, refinación, petroquímica, almacenamiento y transporte de petróleo, sin que el Estado pierda la propiedad sobre los hidrocarburos.

El gobierno federal aclaró que no se venden Pemex ni la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y por el contrario, se modernizan para transformarlas en empresas de vanguardia productiva.

Planteó además corregir el régimen fiscal de Pemex para que sea plenamente competitivo, así como la reestructuración de sus subsidiarias en dos divisiones: Exploración y Producción, y Transformación Industrial.