Eurozona alcanza acuerdo sobre rescate a banca de España

BRUSELAS, BÉLGICA (09/JUL/2012).- Los ministros de Finanzas de la zona euro han acordado hoy dar un año más de margen a España, hasta 2014, para rebajar su déficit público del actual 8.9% a menos del 3%, lo que da algo de oxígeno al Gobierno, que, sin embargo, tendrá que aplicar nuevos ajustes económicos y soportar revisiones periódicas.

La prórroga tiene que recibir ahora el visto bueno de los ministros de Finanzas toda la Unión Europea, el Ecofin, que discutirán este martes la cuestión y deberán aprobarla por mayoría cualificada.

El acuerdo ha sido anunciado en rueda de prensa por el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker.

En virtud del mismo, España no tendrá que rebajar este año su déficit hasta el 5.3%, como estaba inicialmente previsto, sino que bastará con que se sitúe en el 6.3%.

En 2013, el déficit tendría que bajar hasta un 4.5%, para disminuir, finalmente, hasta un 2.8% en 2014.

A cambio de esa relajación España deberá "lograr una mejora del saldo presupuestario estructural del 2.7 % del PIB en 2012, del 2.5% en 2013 y del 1.9% en 2014 con el fin de situar el déficit público por debajo del valor de referencia el 3% del PIB de aquí a 2014", reza el texto acordado por el Eurogrupo.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy deberá adoptar "sin demora" medidas de austeridad adicionales en 2012 "a fin de garantizar la realización de los planes presupuestarios para este año", según el texto acordado.

Asimismo, deberá aplicar las medidas adoptadas en el presupuesto para 2012 y en los planes de reequilibrio de las Comunidades Autónomas y adoptar, a finales de julio a más tardar, el plan presupuestario plurianual para 2013-2014 anunciado, incluyendo una estrategia presupuestaria a medio plazo que especifique plenamente las medidas estructurales necesarias para lograr la corrección del déficit excesivo de aquí a 2014, indica el texto.

Los socios europeos dan a España un plazo de "tres meses para que el Gobierno adopte medidas eficaces" y presente un informe detallado sobre la estrategia de saneamiento prevista para alcanzar los objetivos de déficit.

El texto afirma que los riesgos asociados al escenario macroeconómico y a la posibilidad de que se proceda a nuevas operaciones de rescate financiero "plantean riesgos para la estrategia presupuestaria" y afirma que, en paralelo a los exámenes regulares del programa de recapitalización, "cada tres meses se realizará una evaluación de los progresos logrados" en el cumplimiento de los compromisos de reducción de déficit.

España tendrá que aplicar estrictamente las nuevas disposiciones de la Ley de Estabilidad presupuestaria y crear una institución presupuestaria independiente que controle esta política, además de aplicar estrictamente el marco presupuestario a medio plazo.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, confirmó hoy en Madrid que el Gobierno adoptará algunas de las principales recomendaciones que la Comisión Europea presentó para España el pasado 30 de mayo: subir el IVA, eliminar la deducción por compra de vivienda y reducir la fiscalidad del trabajo.

El Ejecutivo español también prevé aumentar la jornada semanal a los funcionarios.

Respecto al control del gasto de las Comunidades Autónomas, el Gobierno ha convocado a las regiones a un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo jueves, para establecer un techo de gasto para el próximo año en base a las decisiones que tome mañana el Ecofin.

Para sellar el acuerdo hoy en Bruselas, que debía ser adoptado por unanimidad, ha sido necesario eludir el veto de Luxemburgo, según dijeron fuentes europeas.

Este país habría ejercido esta maniobra para presionar a España a renunciar al sillón que el español José Manuel González-Páramo ha dejado libre en el Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, que Madrid quería.

Luxemburgo ha logrado que su candidato, el gobernador del banco central luxemburgués, Yves Mersch, quede recomendado para el puesto, decisión que aún debe ser respaldada por el Ecofin, el propio BCE y el Consejo Europeo y que deja a España sin representación en el cuerpo directivo de la entidad.