España reforzará lucha contra el fraude fiscal

MADRID, ESPAÑA (05/ENE/2012).- El Gobierno español anunció hoy la intensificación de la lucha contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida como parte de su estrategia para reducir el déficit público en 2012 desde el 8 por ciento del PIB al 4,4 por ciento.

La medida se suma a los recortes en la administración, como la congelación de los sueldos de los funcionarios, y al aumento de impuestos aprobados la semana pasada, apenas dos semanas después de haber asumido el poder el conservador Partido Popular, en el marco de la grave crisis económica que vive el país.

La vicepresidenta y portavoz del ejecutivo, Soraya Saénz de Santamaría, que informó de las decisiones adoptadas hoy, afirmó que con el Plan General de Control del Fraude que se quiere aprobar se recaudarán 8.171 millones de euros (10.200 millones de dólares) en 2012.

Una de las medidas del plan elaborado por el Ministerio de Hacienda prevé implantar la limitación del pago en efectivo para determinadas transacciones -siguiendo el ejemplo de Francia e Italia-, aunque la portavoz no dio ninguna cifra sobre la cantidad máxima, que en esos países esta fijada en 3.000 y mil euros, respectivamente.

El Gobierno opina que esta iniciativa puede ser un elemento muy útil para detectar "grandes bolsas" de fraude y de economía sumergida.

También se potenciará "la autorregulación voluntaria" en la declaración de la renta, con la idea de que los "pequeños contribuyentes" puedan comunicar a la administración tributaria si han incurrido en algún "error" en sus declaraciones, de manera que eviten el inicio de algún tipo de procedimiento sancionador.

De este modo la investigación contra el fraude fiscal podrá estar más centrada en los grandes expedientes, añadió.

Entre las directrices para el plan, se intensificará "la comprobación en la fase recaudatoria" y la coordinación con los sistemas fiscales de las comunidades autónomas.

Asimismo, se utilizará la información facilitada por países que salieron de las listas de paraísos fiscales, como Andorra, Panamá, Bahamas y las Antillas Holandesas.

La vicepresidenta del Gobierno confirmó, por otra parte, el temor que ya había adelantado el gobierno de Mariano Rajoy de que el sistema de la Seguridad Social cerró el año 2011 con déficit, en concreto un 0,06 por ciento del PIB, debido al gran aumento del desempleo y la caída de los cotizantes.

Dicho déficit asciende a 668 millones de euros (854 millones de dólares), dijo Sáenz de Santamaría, que, a pesar de calificar la situación de "preocupante" garantizó que "se pagarán las pensiones" de jubilación.

Los datos de desempleo publicados esta semana mostraron que a finales de 2011 había 4,42 millones de parados en España, una cifra récord equivalente a cerca del 22 por ciento de la población activa, una tasa sin parangón en los países industrializados.

Por todo ello, la "número 2" del Gobierno conservador de Mariano Rajoy insistió en que España necesita "medidas extraordinarias" para hacer frente a una "situación extraordinaria".

El Gobierno también examinará la situación del sector público empresarial para reducirlo, con el fin de ahorrar costes y ayudar a corregir el déficit público.

Sáenz de Santamaría dijo que, de acuerdo al Ministerio de Hacienda, hay más de 4.000 organismos, fundaciones y consorcios que forman parte del entramado de la Administración Pública y que necesariamente hay que disminuir, y que en a deben contribuir tanto el gobierno central como los autonómicos y los locales.

Otro paso anunciado hoy es que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro -que prevé llevar a cabo una nueva reforma del sistema financiero español en el primer semestre de 2012- escribirá al gobernador del Banco de España para pedirle que le informe si las retribuciones de altos cargos de bancos y cajas intervenidas por el Estado son adecuadas y si están justificadas.