España aprueba medidas urgentes para desahuciados por hipotecas

MADRID, ESPAÑA (15/NOV/2012).- El Gobierno español aprobó hoy una serie de medidas urgentes para los afectados por los impagos hipotecarios, que incluyen la creación de un "fondo social de viviendas" para los deudores que hayan perdido su casa, y establecen una paralización de los desahucios durante dos años.

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, informó de las nuevas medidas en rueda de prensa y explicó que el fondo de viviendas, que podrán ser alquiladas por los que han perdido su casa, se nutrirá de los inmuebles que estén en manos de la banca como consecuencia de adjudicaciones por impagos.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, puntualizó que esos alquileres tendrán "precios bajos" y aseguró que en el futuro habrá más medidas para paliar los desahucios.

A las medidas aprobadas por el Ejecutivo español se podrán acoger los colectivos sociales desfavorecidos que tengan unos niveles de renta determinados.

Se beneficiarán familias numerosas, monoparentales con hijos, con menores de tres años a su cargo, con personas con una discapacidad superior al 33 por ciento o en situación de dependencia o enfermedad que impida trabajar, o que hayan sufrido violencia de género.

También podrán beneficiarse deudores en paro y que hayan agotado la prestación por desempleo, y los casos en los que convivan con el deudor personas con discapacidad, dependencia, o enfermedad grave.

Adicionalmente, será necesario tener una renta inferior a mil 600 euros mensuales (2.041 dólares), o que se haya producido una alteración significativa de las circunstancias económicas.

En cualquiera de los casos, la vivienda hipotecada tiene que ser la residencia habitual.

Las nuevas disposiciones no modifican la actual Ley Hipotecaria, según explicó el ministro de Economía, ya que se limitan al proceso de lanzamiento, que es la fase final del procedimiento de ejecución hipotecaria, y que normalmente coincide con el desahucio.

El Ejecutivo español deberá consultar los cambios en la normativa de hipotecas con la CE, el BCE, y pedir asesoramiento al FMI en el caso de que las medidas tengan impacto en el saneamiento del sector financiero y los objetivos fijados por la eurozona en el rescate de la banca española.

En cuanto a la dación en pago de la vivienda, De Guidos, que la calificó como una solución "de última instancia", recordó que es algo que ya está incluido en el "Código de Buenas Prácticas" de la banca y opinó que no es la solución "ideal", ya que el propietario pierde su vivienda e implica contratos hipotecarios más caros.

Saénz de Santamaría señaló que las nuevas disposiciones son una "respuesta urgente y paliativa" a la "dura" situación económica, una "primera fase" de medidas que se adoptan por "razones humanitarias para los colectivos más vulnerables".

Sin embargo, las organizaciones de afectados por los desahucios las calificaron de "chapuceras" y "absurdas" e indicaron que no entienden que se apliquen solo en unos determinados casos de vulnerabilidad.

Por ello, exigieron que la moratoria de dos años para las familias más vulnerables sea para "todos los casos de vivienda habitual y con motivos de insolvencia sobrevenida".

Las críticas y la presión social debido al drama que viven miles de familias en España que han perdido o están amenazadas de perder sus viviendas ha movilizado a políticos y banqueros que intentan buscar una forma de mitigar el impacto de la crisis sobre los más desfavorecidos.

El suicidio, la semana pasada, de una mujer que iba a ser desalojada de su vivienda, el segundo caso de este tipo en 20 días, ha desencadenado una serie de reacciones en el país y el compromiso serio del Gobierno y la oposición de modificar la legislación, aunque de momento no han llegado a ningún acuerdo en las negociaciones.

Desde 2007, unas 400 mil familias han perdido sus viviendas por no poder pagar la hipoteca.

Se trata en muchos casos de inmuebles comprados en los años de la "burbuja inmobiliaria", con precios hinchados y en los que muchos bancos ofrecían sustanciales prestamos con pocas condiciones.