El INE viola la ley de protección de datos: expertos

CIUDAD DE MÉXICO (06/MAR/2015).- La prueba piloto puesta en marcha por el Instituto Nacional Electoral (INE) con Banamex para validar los datos de la credencial de elector y la huella digital viola la Ley Federal de Protección de Datos.

De acuerdo con especialistas en la materia, el INE debió esperar a que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) emitiera una resolución sobre el tema, ya que de dar una opinión en contra, los datos de los usuarios que formaron parte del piloto fueron ya vulnerados. El INE tiene en marcha una prueba piloto para que instituciones públicas y privadas validen en tiempo real la legalidad no sólo de la identificación emitida por el órgano electoral, sino también la huella digital. Gerardo Palomar Méndez, profesor del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe y abogado especialista en protección de datos, afirmó que aunque sea piloto, al no contar con la resolución sobre el tema del IFAI se viola la ley de protección de datos. El hecho dijo, de que los datos del cuentahabiente y su huella digital viajen para ser validados es una violación a la ley, por el lado del INE el hecho de dar información sobre si está en su registro o no, también lo es.

El punto

“Debieron esperar a que el IFAI diera la resolución y su punto de vista legal, hay algo que no cuadra que están viendo ahora la respuesta del IFAI cuando ya lo están aplicando, no se puede actuar así, preguntar mientras ya están con la prueba”, aseguró.

La utilización de datos personales por parte de la banca, con la colaboración del (INE), debe ser abordado urgentemente por el IFAI, afirmaron senadores y exconsejeros del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE). Jaime Cárdenas Gracia, exconsejero, comentó que el órgano electoral no puede disponer de información que es de los ciudadanos para propósitos distintos a los que tiene la ciudadanía cuando entrega su información a la autoridad. Puntualizó que si bien el INE puede celebrar convenios con la banca, en este caso estaría obligado a preguntarle al ciudadano si está dispuesto a que esos informes los comparta con entidades financieras.