El IFT busca incentivar la competencia en telefonía

CIUDAD DE MÉXICO (07/ABR/2014).- Luego de que el pasado marzo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) determinó que Teléfonos de México (Telmex) y Telcel, propiedad de Carlos Slim son preponderantes, es decir, poseen más de 50% de los mercados en donde participan, hoy entran en vigor algunas medidas de regulación especial a fin de incentivar la competencia y brindar mejores condiciones a los usuarios.

Además de obligar a Telcel a algunas modificaciones, la eliminación del cobro por roaming nacional entre las más importantes, el Ifetel determinó que a partir de hoy Telmex deberá poner a disposición de sus suscriptores las mismas facilidades para la cancelación de los servicios que pone para la contratación de los mismos.

Una vez que el usuario solicite la cancelación de sus servicios, la empresa deberá suspender el servicio y abstenerse de efectuar nuevos cargos, pero podrá cobrar cualquier adeudo que se tenga. Además, la venta de bienes o servicios distintos a telecomunicaciones no podrá ser una causa por la cual el suscriptor no pueda cancelar los servicios.

La aplicación de estas resoluciones se da después de que América Móvil fuera declarada como agente preponderante en telecomunicaciones por el IFT.

Entonces se informó que las medidas de nivelación del mercado incluyen compartir su infraestructura así como mayor información a sus clientes más calidad de servicio.

La semana pasada América Móvil y sus subsidiarias informaron que acatarán la regulación asimétrica impuesta por el IFT a la par que se defenderán ante los tribunales especializados mediante el juicio de amparo que interpusieron.

“Estaremos acatando las medidas que nos estableció el IFT e iremos discutiendo con los tribunales especializados, pero ahorita estamos enfocados en acatar la regulación”, expresó el director jurídico de las firmas, Alejandro Cantú.

Reglas que traen nuevos riesgos

La iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión propone disposiciones que podrían poner en riesgo la seguridad y privacidad, al obligar a los concesionarios a dar la ubicación geográfica de usuarios sin orden judicial de por medio, advirtieron representantes del sector.

El artículo 189 del proyecto de ley del Ejecutivo señala que los concesionarios están obligados a proporcionar la localización geográfica en tiempo real de cualquier tipo de dispositivo de comunicación que se encuentre relacionado con investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas.

Sin embargo, para el vicepresidente de regulación en Telefónica México, Miguel Calderón, es fundamental que se delimite el intercambio de información con un solo interlocutor a cargo de la seguridad pública, ya que la iniciativa propone que cualquier Ministerio Público del país puede requerir información.

Para la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y Comunicación de Nextel de México, Cristina Ruiz de Velasco, es conveniente que legisladores que analizan la iniciativa realicen un balance correcto entre procuración de justicia y derechos de los usuarios.

“Sabemos que las telecomunicaciones desafortunadamente son usadas para fines de delincuencia organizada, pero también que son un instrumento importante para la prevención del delito”.