Economía y fisco

En días pasados, en la pantalla chica escuché, en una de las múltiples, cuanto innecesarias apariciones del Presidente Calderón, mencionar la intención de establecer el presupuesto base cero en la próxima Ley de Egresos que, hasta el año en curso, se parte del presupuesto del año anterior, y cada secretaría le agrega un porcentaje de aumento de acuerdo con la retroalimentación recibida de sus colaboradores, ésta es una tradición —en perjuicio de los contribuyentes— a cada dependencia se le pide que prepare un documento de requerimientos de: recursos humanos, mobiliario, equipo, vehículos, instalaciones y gastos de operación en general. Con estos elementos se prepara el proyecto de presupuesto, aumentando al año anterior los nuevos requerimientos. No se hace una ponderación de la necesidad de cada gasto, ni mucho menos un análisis del costo-beneficio. La palabra austeridad no existe en el diccionario del sector público.

Por supuesto que no se analiza la necesidad del gasto, ni el costo-beneficio, sino que cada dependencia cabildea para obtener el mayor presupuesto, para disponer de recursos abundantes, aun cuando no se justifiquen. Para fundar y motivar sus pretensiones, se magnifican las necesidades; se presentan estadísticas infladas de servicios prestados al público y en ningún momento se piensa en redistribuir las cargas de trabajo, lograr productividad, disminuir el número de plazas, despedir a los “aviadores” y personal excesivo, ahorrar en insumos y eliminar programas obsoletos e innecesarios, junto con toda la parafernalia implementada para su operación, como oficinas —rentadas o propias— mobiliario y equipo de oficina, papelería y útiles de trabajo y todo el personal que podría, en el mejor de los casos, destinarse a labores productivas, para no aumentar el desempleo.

Lo que no se justifica, es cometer la torpeza de despedir a funcionarios corruptos, incompetentes o por razones políticas, sin tener armados los expedientes respectivos que justifiquen el motivo de las bajas. Como sucedió con los magistrados del Poder Judicial de Jalisco, que fueron destituidos; demandaron su reinstalación y la ganaron porque los acusadores no pudieron probar los cargos que les imputaron. La reinstalación nos costó tres millones de pesos para cada uno y regresaron muy orondos a sus antiguos puestos.

En el presupuesto base cero, en ninguna partida se toma como base lo ejercido en el año anterior, sino que se justifica la necesidad de cada erogación en relación al servicio que prestará o el beneficio que se obtendrá. Cada persona que figura en las nóminas debe comprobarse que existe, que tiene una función específica, que su remuneración corresponde al puesto que desempeña y que concurre invariablemente a su trabajo.

La partida para obras públicas puede incrementarse con los ahorros en gastos superfluos de viajes, celulares, choferes para funcionarios y sus familias, vehículos, custodios, asesores de imagen y propaganda para ensalzar a funcionarios. Mejor control en el costo de las obras públicas y supresión total de obras de ornato.
Si el Congreso permite al Presidente Calderón que cumpla su promesa, recuperará buena parte de la credibilidad que necesita.