Economía y fisco

El “lavado de dinero” se utiliza para ocultar el origen de recursos de procedencia ilícita por medio de su integración en la economía formal, por lo general a través del sistema financiero, para dar la apariencia de que proceden de un negocio o actividad legal, como operaciones de procedencia lícita.

Las actividades ilícitas más comunes de las que se obtienen importantes sumas de dinero son: narcotráfico, contrabando, secuestro, prostitución, tráfico de armas, tráfico de personas, fraudes, robos, sobornos y malversación de fondos, entre otros.

Un asiduo lector de esta columna opina que uno de los puntos más importantes para eliminar el narcotráfico es atacar el “lavado de dinero”; que nuestro Gobierno no está haciendo lo necesario para acabar con él y no le ha dedicado los recursos necesarios, monetarios y de inteligencia.

Que se han publicado listas de empresas y personas que se dedican al “lavado de dinero” en nuestro país. Sin embargo no ha leído que a dichas empresas y personas se les haya enjuiciado por dicho delito.

Es lógico pensar que hay una correlación entre la delincuencia organizada y el “lavado de dinero”. Por el tamaño de nuestra economía informal, parte del “lavado de dinero” deviene de actividades lícitas, pero ocultas al fisco, que no reportan la riqueza que generan, y ése es otro tipo de “lavado de dinero”.

Tenemos muchos tianguis, mercados callejeros y grandes comerciantes mayoristas que manejan mucho efectivo fuera del sistema financiero.

El “lavado de dinero” proviene de dos grandes vertientes: delincuencia organizada y corrupción, y actividades ilícitas que eluden impuestos.

Veamos ahora qué se está haciendo para combatir el “lavado de dinero”: Con fecha 14 de mayo de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, y el 28 de noviembre de 2006 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió disposiciones particulares aplicables a las instituciones de crédito relativas a establecer un control más estricto en la identificación y conocimiento del cliente, así como de las personas físicas y morales, nacionales y extranjeras, que abran cuentas, celebren contratos o realicen operaciones importantes en efectivo, principalmente con dólares, para identificar a sus destinatarios.

Además, deben reportar operaciones relevantes, inusuales, preocupantes y personas políticamente expuestas.

Por otra parte, para reforzar estas medidas se pretende exigir a notarios públicos, vendedores de joyas, contadores públicos y empresas inmobiliarias reporten a los organismos financieros operaciones relevantes o sospechosas de ocultar el manejo de ganancias ilegales.

El monto del “lavado de dinero” en México se desconoce a ciencia cierta. Organismos internacionales estiman que asciende a 25 mil millones de dólares anuales.

El procurador fiscal de la Federación opina que el objetivo es desmontar las redes de blanqueo de recursos financieros, pues tan sólo se han emitido 54 sentencias de “lavado de dinero” y más bien provienen de delitos de flagrancia, detectados en los cruces de frontera o en retenes; en cambio, los casos relacionados con las redes de operación del crimen organizado no concluyen.