Economía y fisco

Hace poco más de un año, el 9 de febrero de 2009 para ser precisos, el Ejecutivo expidió un decreto de modificaciones y adiciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones con el objeto de establecer las bases jurídicas para crear un registro de teléfonos celulares (Renaut).

El objeto de este registro es promover las acciones coordinadas con la autoridad correspondiente que permitan combatir los delitos de extorsión, amenazas, el secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún delito grave o relacionado con la delincuencia organizada, así como las medidas necesarias para llevar un registro pormenorizado y preciso sobre los usuarios de teléfonos móviles, así como los nuevos cuentahabientes.

Se asegura que este registro tendrá la debida protección, ya que contendrá los datos de identificación oficial vigente con fotografía, comprobante de domicilio y toma de huella digital directamente en tinta o electrónica y los concesionarios deberán conservar copia de esta documentación y mantener la reserva y protección de la base de datos que no podrán utilizarse con otros fines.

Así nos dijeron con la credencial del Instituto Federal Electoral (IFE), que según se dio a conocer en los medios el padrón fue vendido a agencias publicitarias de Estados Unidos, por lo que subsiste la desconfianza de este tipo de registros y controles de los que ya está harta la población.

En efecto, tenemos que estar registrados en el Registro Nacional de Población (Renapo), que a través de la Cuenta Única del Registro de Población (CURP), se pretendía unificar los registros: federal de contribuyentes (RFC), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit).

Sin embargo, parece ser que las autoridades no están satisfechas con los resultados de la CURP, toda vez que continuarán ahora con la Cédula de Identidad Personal (CIP).

La desconfianza aumenta debido a que el Renaut lo manejarán los concesionarios, quienes llevarán un registro y control separado de los usuarios, tanto en la modalidad de líneas contratadas en plan tarifario como en líneas prepago, conservando un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que permita identificar: tipo de comunicación, de voz o escrita, datos para rastrear el origen y destino de las comunicaciones, la ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas.

La información deberá proporcionarse a la Procuraduría General de la República o a los procuradores de las entidades federativas, cuando investiguen delitos relacionados con extorsión, secuestro o delincuencia organizada, en un plazo no mayor de 72 horas. Además, los usuarios deberán dar aviso de las ventas que efectúen a terceras personas para que se registren; en caso de extravío o robo.

Deberán además presentar denuncia ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente.
Como podrá observarse, este registro es preliminar.

Después vendrá el complemento con el resto de la información y la toma de huella digital.

Está en manos del Senado en este momento aplazar el registro que vence el 10 de abril en curso. ¿Será uno más de los registros fallidos?