Economía y fisco

GUADALAJARA, JALISCO.- Ya no resulta tan sencillo aprovechar la información privilegiada para que políticos y funcionarios públicos se enriquezcan.

Cuando la ciudadanía sospecha que en la ejecución de una obra hay intereses ocultos de por medio, se aprestan a defender su derecho a que el presupuesto se ejerza con transparencia y honestidad.

No siempre se logra, como en el caso del Macrobús, que al parecer va ganando el Gobierno.

No es pecado, vamos, ni siquiera es inmoral enterarse de información privilegiada, lo que es punible es aprovecharse de ella para enriquecerse.

Es pecado el mal uso de ella. Ejemplos hay muchos: la Presa de Arcediano y la Villa Panamericana son ejemplos de insistencia y terquedad de las autoridades de llevar a cabo proyectos inviables que debieron desecharse en los primeros estudios.

El primero por fallas geológicas que impiden levantar una cortina en el lugar escogido, y el segundo por la falta de accesos viales y por costoso, además de otros inconvenientes que en su oportunidad se señalaron, pero que las autoridades se empeñaban en refutar contra todas las opiniones, desviando los vientos e ignorando las mareas.

Las razones para defender sus proyectos fallidos no eran de peso, eran de pesos que ya habían invertido en la compra de propiedades aledañas a los desarrollos que se proyectaron, aprobaron y asignaron presupuesto.

Las protestas de la ciudadanía en estos casos tuvieron resultados favorables y se desecharon los proyectos, no sin antes haber dilapidado en el caso de Arcediano 700 millones de pesos y en el del Parque Morelos 400 millones de pesos.

¿No hay en la Ley de Responsabilidades de funcionarios públicos ninguna disposición que permita que estas cantidades sean resarcidas al erario? ¿No hay ninguna organización cívica que presente las denuncias respectivas?

Obviamente, las compras que se hicieron fueron a precios que regían en el mercado en la época en que se ignoraba el desarrollo de las obras, comprar barato y vender caro es un principio comercial legítimo, excepto cuando van de por medio costosas obras que no darán resultado en el futuro.

Los funcionarios públicos están obligados a no revelar, por ningún motivo, en beneficio propio o de terceros, los hechos, datos o circunstancias de que tenga o hubiese tenido conocimiento en el ejercicio de su cargo.

Otra variante de corrupción en la ejecución de obras públicas se presenta en la compra de terrenos para destinarse a la construcción de edificios públicos, como fue el caso del Palacio de Justicia en las inmediaciones del Club Atlas.

En este caso hubo negocio, tráfico de influencias, utilización de información privilegiada y daño al erario.

En la compra de estos terrenos hubo un intermediario que obtuvo una ganancia cercana a los 50 millones de pesos, toda vez que el Gobierno del Estado compró en 98 millones de pesos lo que valía menos de la mitad.

Este negocio fue divulgado por la unión de los representantes de 30 colonias que presentaron una denuncia penal.

POR LUIS JORGE CÁRDENAS DÍAZ
(luisjcardenas2@hotmail.com)