Así lo establecen los resultados preliminares del estudio que elabora el académico e investigador de la Universidad del Caribe, Sergio Lagunas, quien recibió la mención honorífica del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) por elaborar un método que permite medir qué tan probable es que una determinada actividad sospechosa en verdad sea una fuente de recursos ilícita.En el rubro de operaciones relevantes, es decir, más de 10,000 dólares sin justificación sólida, destacan por número de reportes el Distrito Federal, Jalisco, Nuevo León, Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Baja California, Puebla, Michoacán y Tamaulipas.En la categoría de reportes inusuales, todos aquellos en que el comportamiento declarado no concuerde con los antecedentes o actividad conocida o registrada por el sujeto, el estudio arroja que las 10 entidades con mayor número de reportes son: Distrito Federal, Jalisco, Tabasco, Estado de México, Tamaulipas, Puebla, Nuevo León, Michoacán, Sinaloa y Chiapas.Finalmente, en reportes internos preocupantes, de nueva cuenta el DF encabeza la lista, seguido de Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Jalisco, Nuevo León, Colima, Quintana Roo, Michoacán y Guanajuato. Esta categoría es aquella en la que el reporte involucra a algún ejecutivo o gerente de la institución bancaria o de cualquiera de los sujetos obligados por la ley antilavado de dinero.Economía paralelaOtro de los resultados que se perfilan a partir de este análisis es que los reportes de operaciones sospechosas que se generaron en los 12 años previos a la entrada en vigor a la ley contra el lavado de dinero no tienen una relación directa con la economía formal, es decir, “al medir la correlación entre el Producto Interno Bruto, incluso por sectores primario, secundario y terciario de cada entidad, no hay correlación con el tamaño o el tipo de economía de los estados”.Es decir, es una economía que camina en paralelo a la formal, donde se establecen las medidas contra el lavado de dinero, aunque el origen de esas operaciones está en otro ámbito, explicó Lagunas.Los resultados finales del estudio se presentarán en junio próximo y permitirán determinar la efectividad de la nueva ley contra operaciones de procedencia ilícita, concluyó.
