Combatir la corrupción no es prioridad para México: IMCO

GUADALAJARA, JALISCO (17/MAR/2016).- La corrupción es el enemigo número uno de cualquier país, y en México no es la excepción. Este flagelo disminuye el bienestar social, frena el desarrollo y disminuye la productividad, por lo que es importante que se invierta en enfrentarla y denunciarla, señaló el director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Juan E. Pardinas Carpizo, durante su conferencia Competitividad y Corrupción, previa a la inauguración de la Expo ANTAD y Alimentaria México 2016.
 
 "Enfrentar la corrupción y fortalecer el estado de derecho se vuelve la madre de todas las reformas estructurales, porque impacta desde la seguridad física y patrimonial de los mexicanos, hasta la posibilidad de enfrentar temas como el desarrollo social y el combate a la pobreza".
 
Hizo un comparativo en la inversión que algunos países hacen para trabajar contra la corrupción, y las diferencias entre ellos es abismal. Mientras que en México se invierten cinco centavos de cada 10 mil ejercidos del presupuesto federal, en Singapur se destinan 60 pesos, y en Hong Kong, 120 pesos.
 
"No es una prioridad para el estado mexicano, combatir la corrupción; qué pasaría si en lugar de cinco centavos le damos 10 pesos; muchas cosas pudieran cambiar".
 
Contrario a lo que se invierte para evitarla, los costos económicos de la corrupción en México son altos. Sin embargo, reconoció que los rubros casi imposibles de medir son el mercado de las drogas y los propios actos de corrupción y sobornos a todos los niveles, pues la propia naturaleza de los temas, hace que esto ocurra en la oscuridad.
 
"Probablemente, los costos más grandes de la corrupción son los que jamás podamos medir".
 
Consideró el empleo legal como la mejor forma de combatir la pobreza, es decir, la empresa formal como un bien público y transformador.
 
"Si quieres combatir la pobreza, empieza a combatir la inormalidad", manifestó.
 
Pardinas Carpizo enfatizó que la corrupción impacta de peor manera en los hogares con bajos recursos, pues según un estudio publicado por el Imco, las familias que ganan el salario mínimo, el 33% de su ingreso es destinado a sobornos.
 
"La corrupción perpetúa la pobreza, hace que las familias que de por sí tienen un reto para lograr que cada quincena les alcance para los satisfactorios mínimos, a ellos son a los que más les cuesta la corrupción".
 
Por otro lado, hizo referencia a un estudio comparativo del Imco entre México y Estados Unidos, en cuanto a los actos de corrupción ocurridos en 17 años, y el castigo para los implicados.
 
En México aparecieron 41 gobernadores acusados de corrupción, de los cuales, 16 fueron investigados y sólo cuatro pisaron la cárcel.
 
En Estados Unidos se detectaron nueve autoridades que cometieron actos de corrupción; todos fueron investigados y todos fueron a la cárcel.
 
"Esta es una señal de un país donde hay corrupción, pero no hay los márgenes de impunidad que tenemos en México".
 
No sólo en el sector público
 
La corrupción no se da únicamente en el ámbito público, como comúnmente se piensa de las instancias de gobierno.
 
Este problema también se encuentra en el sector de la iniciativa privada, y ejemplo de ello es que el 44% de las empresas en México reconoce haber pagado un soborno; 56% de los ciudadanos piensan que es válido desobedecer las leyes, si estas son injustas, enfatizó Pardinas Carpizo.
 
"Todos los años se registran más de 200 millones de pequeños actos de corrupción, y los mexicanos damos 32 mil millones de pesos en mordidas, 165 pesos por evento".
 
PARA SABER
 
El ejercicio que se realizó en torno al impulso de la Ley Tres de Tres, será entregado al Senado mañana jueves, con más de 130 mil firmas y la iniciativa de ley para que se discuta.
 
DATO

México tiene una calificación de índice de percepción de corrupción correspondiente a un país que tiene un Producto Interno Bruto (PIB) entre dos y 10 veces menor.
 
Porcentaje de la población que identifica como corruptas a las instituciones de procuración de justicia:
 
La policía, el 77 % de los ciudadanos
La policía de tránsito, el 65 %.
La policía municipal, el 65 %
Los jueces, el 64 %
 
INFORMADOR / Thamara Villaseñor