Aseguradoras podrán ser 100% de extranjeros

CIUDAD DE MÉXICO (25/ABR/2013).- El capital extranjero tendrá la libertad de tener hasta 100% de las aseguradoras y afianzadoras en México, sin necesidad de tener la autorización de las autoridades del sector, con el objetivo de propiciar el desarrollo de estas actividades en el país, de acuerdo con las reformas propuestas al sistema financiero por el gobierno federal.

De esta forma, el gobierno propone “eliminar el requisito de obtener resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, para que la inversión extranjera rebase 49% en sociedades de información crediticia, instituciones calificadoras de valores y agentes de seguros”.

Por ello, se eliminan del Artículo 7 y 8 de la Ley de Inversión Extranjera la restricción, con lo que el capital extranjero podrá tener sin obstáculo la propiedad total de aseguradoras, fianzas, casas de cambio, almacenes generales de depósito, Buró de Crédito y calificadoras de valores.

“Con ello, se busca que al liberar la inversión extranjera en estos sectores se propiciará el desarrollo de las actividades que realizan, al contar con una mayor participación y capital para incrementar el volumen de sus operaciones, lo que redundaría en un mejor servicio para el público en general”, argumenta el gobierno federal. Sin embargo, con la liberalización de estas restricciones se establecen que en caso de que un gobierno extranjero tome participación en alguna institución financiera con presencia en México, sus directivos no podrán ser de origen extranjero, con lo que se busca tener la certeza de que esta situación se presente sólo como resultado de una crisis y no para tener control político.

Certeza jurídica

Por ello, las reformas promueven la normatividad para poder participar en entidades financieras en México, las cuales pudieran ser intervenidas por gobiernos extranjeros. “Las personas oficiales extranjeras deberán además de no ejercer funciones de autoridad (único requisito que actualmente imponen las leyes), acreditar la independencia de sus órganos de decisión del gobierno extranjero de que se trate y la observancia del principio de reciprocidad por parte del gobierno del que forma parte”.

Para Eduardo Gómez, socio de pwc, estas modificaciones no son más regulaciones en la materia, sino que detallan las condiciones en las que México considera que puede un gobierno extranjero en una institución financiera y que esto sólo obedece a una situación de crisis y no a un control político.

“Aclara la situación que había quedado pendiente y ahora da certeza jurídica después de lo visto en la crisis del 2009 y la confusiones que se dieron, por ejemplo con el TARP, en Estados Unidos”, aseguró el especialista.

Edgar Huérfano

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El Economista