Jalisco es uno de los 13 Estados con sobrepoblación en centros penitenciarios. A pesar de la pandemia, se incrementaron los presos entre enero y junio pasados.La capacidad de las 12 prisiones a cargo del Gobierno del Estado es para nueve mil 328 reclusos. En junio había 13 mil 552: un sobrecupo de cuatro mil 224. A principios de año la sobrepoblación era de cuatro mil 054, según el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.La Comisaría de Prisión Preventiva tiene capacidad para dos mil 992 internos, aunque alberga a seis mil 881. Y la Comisaría de Sentenciados es para dos mil 118 presos, pero tiene cuatro mil 079. Los principales problemas están en Puente Grande. De poco sirvió el Reclusorio Metropolitano, inaugurado en 2013 y con capacidad para mil 700 reos. Ante el hacinamiento, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pide aplicar el Programa Nacional de Despresurización Penitenciaria para la modificación de la medida cautelar en personas con prisión preventiva y la liberación anticipada de sentenciados en Estado de México, Jalisco, Puebla, Durango, Morelos, Chihuahua, Hidalgo, Nayarit, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Sonora y Guanajuato.La CNDH ha encontrado trabas de algunos Estados para recibir información oficial relacionada a los casos de COVID-19 identificados en los centros penitenciarios del país, se destaca en su informe especial sobre el estado que guardan las medidas adoptadas en los centros penitenciarios para la atención de la emergencia sanitaria. Esto dificulta la alimentación del Mecanismo de Monitoreo implementado por el organismo para actualizar la información relacionada a la pandemia en estos espacios. “La CNDH ha notado cierta resistencia, incluso obstaculización y retraso en el otorgamiento, acceso y transparencia de la información que se requiere para los fines del mecanismo mencionado. Tal es el caso de los Estados de Baja California, Chihuahua y Puebla”. Señala que muchos de los datos sobre los casos sospechosos, confirmados, recuperados o fallecidos por el nuevo coronavirus no son proporcionados. “Se ha alertado sobre algunos Estados que, a través de las autoridades que fueron nombradas como enlaces, al inicio de la contingencia sanitaria remitían de manera continua y oportuna la información en tiempo real sobre el comportamiento del virus, la detección o el aumento de casos en las cárceles, mismas que, en las últimas semanas, dejaron de brindar con diligencia dicha información, lo cual no brinda certeza respecto de si el virus ha sido controlado o ha disminuido… y tampoco respecto al número de nuevos casos confirmados, recuperados o fallecidos en sus centros penitenciarios”.Con 107 casos de presos contagiados del COVID-19, así como seis sospechosos y cinco defunciones, Jalisco se ubicó en el cuarto lugar a nivel nacional con mayor número de casos, según el último monitoreo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), elaborado en julio pasado. A nivel nacional se reportaron dos mil 139 casos en los centros penitenciarios, de los cuales mil 181 corresponden a las prisiones de la Ciudad de México. En abril pasado, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) señaló que el protocolo implementado por las autoridades locales para prevenir el nuevo coronavirus en estos espacios era “ineficiente” y solicitó reforzar las medidas. Aunque la base de datos de la CNDH se alimenta de los centros penitenciarios federales y estatales, la estadística de Jalisco es mayor a la reportada. Según datos de la Secretaría de Salud del Estado, en el complejo penitenciario de Puente Grande se tenían 181 casos confirmados, de los cuales, 135 se detectaron en el centro federal. En un informe especial, la Comisión precisó que los Estados tienen deficiencias en la infraestructura de salud, también carencias entre los médicos y los medicamentos, así como sobrepoblación y hacinamiento que agravan la situación. Es el caso de Jalisco, el cual se ubica en el segundo lugar nacional con la mayor sobrepoblación, por arriba de la capacidad que tienen las 12 cárceles estatales. En primer lugar se encuentra el Estado de México. Ante la pandemia, aunque en el primer semestre del año se logró reducir el número de presos en las cárceles del país, Jalisco forma parte de las 13 Entidades que presentaron sobrepoblación en los centros penitenciarios estatales; incluso, por arriba de la que se tenía durante el mes de enero. Aunque la mitad de los centros registra hacinamiento, los principales problemas se presentan en la Comisaría de Prisión Preventiva, la cual tiene una capacidad para dos mil 992 reos, pero alberga a seis mil 881. Le sigue la Comisaría de Sentenciados: su población es de cuatro mil 079 presos y su capacidad es de apenas dos mil 118, según información del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social del Estado. Ambos están ubicados en el complejo penitenciario de Puente Grande. Debido a que son 13 los Estados con sobrepoblación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) planteó a las autoridades penitenciarias y judiciales que se diseñara y ejecutara un Programa Nacional de Despresurización Penitenciaria, acorde con lo establecido por instancias internacionales, “para la modificación de la medida cautelar en personas con prisión preventiva y la liberación anticipada de sentenciados”. En abril pasado se aprobó la Ley de Amnistía Federal, que busca apoyar a quienes fueron encarcelados injustamente. Aunque el proceso se aceleró con el argumento de que era necesaria para reducir el impacto del COVID-19 en las cárceles, a la fecha no se ha iniciado algún proceso. Anuar García, presidente de la organización México SOS en su Capítulo Jalisco, recuerda que esto no es posible, ya que en la exposición de motivos de la ley, en ningún momento se menciona el tema del nuevo coronavirus. “Eso se lo sacaron de la manga… es un tema político. Lo que sabemos es que las condiciones no son las adecuadas, sabemos que existe autogobierno y no hay mejorías de ningún tipo. Y en los recursos ni siquiera vemos una aplicación favorable para ayudar o propiciar una readaptación social”.ReporteLa Ley de Amnistía aprobada en abril pasado para liberar a las personas que se encuentran presas de manera injusta, cuando se trate de delitos menores, “no tiene aplicación”, señala Anuar García, presidente de México SOS en su Capítulo Jalisco. Aunque en junio pasado se conformó la comisión que se encargará de recibir las solicitudes de los presos, a la fecha no se han reportado avances. Durante la instalación de esta comisión, se informó que se contaban con dos mil 487 solicitudes de amnistía, de las que 56 eran del fuero federal, dos mil 16 del fuero común, en 496 no se identificaba el fuero, mientras en nueve ya habían alcanzado su libertad.“Si no vemos a la gente acogiéndose a la Ley de Amnistía es porque prácticamente ‘nació muerta’”, señala García. Recuerda que se trata de una ley federal y los delitos contemplados en el catálogo de ésta son del fuero común. “Y por esa carencia de competencia no puedes ir ante un juez de ejecución de penas solicitando que se te aplique esta Ley de Amnistía”.Por ejemplo, el delito de narcomenudeo. “Desde hace varios años, la mayoría de los Estados tiene ese delito en sus legislaciones. Y es el mismo tema: no aplica porque es del fuero común”. Acentúa que, por ello, no hay una depuración de las cárceles a través de esta legislación. “A nivel nacional se aseguraba que se liberarían 300 mil reos, pero no está sucediendo así porque no tiene aplicación”. Por eso, dice, el Presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a los Estados a que legislen en la materia, “pero aún no sucede”.TELÓN DE FONDOA finales de abril pasado, este medio de comunicación informó que las familias de personas privadas de la libertad temían de un contagio masivo del COVID-19 dentro de los centros penitenciarios en el núcleo de Puente Grande.La incertidumbre obedecía a que desde el pasado 22 de marzo se cancelaron las visitas a los internos como una medida de prevención. Pese a esto, los familiares continúan acudiendo a las cárceles para llevar despensa o cualquier otro artículo de primera necesidad. Socorro, madre de un uno de los internos, declaró que las autoridades no les informaban sobre las medidas implementadas para prevenir estos casos. “Mi hijo me afirmó que está bien, que los intercalan para hacer actividades, pero una no sabe si en verdad es así, una solo confía en que sea así”.Guadalupe y Enrique, padres de otro recluso, refirieron que desde la suspensión de las visitas desconocen cómo se encuentra su hijo. “No sabemos cómo esté todo adentro. A nosotros nos realizan un filtro sanitario para la entrega de la despensa”.Sigue: #DebateInformador¿Qué opina de la estrategia de la autoridad contra la pandemia?Participa en Twitter en el debate del día @informador
