En la última década, el Congreso del Estado ha acumulado un total de mil 096 millones de pesos (MDP) en gastos sin aclarar, pero por intervención de tribunales e incluso de los propios diputados, esa cifra ha sido prácticamente “sepultada”; es decir, no hay todavía responsables de los presuntos malos manejos que en su momento observó la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).Entre 2009 y 2018 se han hecho observaciones al ejercicio presupuestal del Poder Legislativo estatal que involucran a funcionarios de las últimas cuatro Legislaturas.La revisión del gasto ejercido en los años 2009 y 2010 está detenida por suspensiones emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA). En dichos procedimientos, la ASEJ advirtió irregularidades por 281.3 y 113.9 MDP, respectivamente.Además, en marzo del año pasado los diputados locales votaron en contra de hacer observaciones a los informes finales de las auditorías correspondientes a 2011 y 2012. Basados en la anterior Ley de Fiscalización y Auditoría Pública, se ordenó a la ASEJ expedir el finiquito y se dieron por justificados 403.3 millones de pesos en el primer caso, y 229.3 millones en el segundo, que se habían señalado como gastos irregulares.Con esa decisión se libró de responsabilidad a los ex funcionarios del Legislativo que estuvieron involucrados en las omisiones: José Manuel Correa Ceseña, Ernesto Díaz Márquez y Enrique Carlos Trejo Orozco, quienes fungieron como secretario general, director de Control Presupuestal y director de Administración durante la LIX Legislatura de Jalisco.Por si fuera poco, la Comisión de Vigilancia ha demorado la revisión de los gastos 2013, 2014 y 2016.La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Mirza Flores, afirma que esas auditorías sí tendrán salida, pero en el orden en que fueron llegando a la Comisión que hoy preside. Negó, además, que haya negociaciones privadas para liberar cargos.Los pendientes de la Comisión por esos tres años suman observaciones por 68.7 millones de pesos.El único ejercicio “limpio” es el del año 2017, aunque éste también deberá esperar en la fila. En lo que respecta al informe 2018, todavía está en tiempo de fiscalización.Los coordinadores parlamentarios del Congreso del Estado descartaron que la razón de alargar la revisión de cuentas públicas de ese poder sea esperar que las observaciones prescriban.La priista Mariana Fernández Ramírez comentó que es responsabilidad de la Comisión de Vigilancia sacar adelante los informes pendientes. Lamentó que, por los conflictos de personal que hay en la Unidad de Vigilancia y la falta de un director, los procesos de fiscalización se encuentren detenidos. “No se está negociando nada. A nosotros (los priistas) nos hicieron una visita de cortesía (políticos del PRI entre los que estaba Carlos Corona, ex secretario general del Congreso) para invitarnos a un homenaje. Con la bancada del PRI no se ha tenido ningún acercamiento por ninguna cuenta pública, fue una visita de cortesía”, argumentó. Por su parte, el presidente de la bancada panista, Gustavo Macías, se pronunció porque se agilicen los procesos de fiscalización y reconoció que no es una buena señal que el Poder Legislativo no esté al corriente con la revisión de sus gastos. “Se debe agilizar. No sólo en lo que tiene que ver con las cuentas del Congreso, sino en general con las cuentas que estén rezagadas. La Comisión debe terminar su función y esperemos que sea este mismo año”, expuso. Tanto la legisladora priista como el panista formaron parte de la Legislatura LIX que acumula parte de los cargos millonarios.Tras años de litigio por el reclamo de un pago de 58 millones de pesos que hizo el despacho Consultores López Castro al Congreso estatal, el asunto ha quedado concluido y archivado. La Coordinación de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos del Congreso informó que, en julio de 2018, el juez Cuarto de Distrito en Materia Civil del Estado negó el último amparo de los consultores que “seguía vivo”, con lo que se confirmó el desistimiento. “En virtud de la confirmación de la negativa del amparo interpuesto por López Castro, se quedó firme el acuerdo que negaba el cobro de gastos y costas al Congreso del Estado, por lo que el Juzgado Séptimo Mercantil, del cual emanaban los actos de reclamo, ordenó el archivo del juicio como concluido”, se expone en el documento.Francisco Javier Ulloa Sánchez, titular de la Coordinación Jurídica, informó que lo archivado fueron dos juicios mercantiles y uno de amparo que se siguieron por este tema. Todos se concluyeron. El único pago erogado fue el anticipo por 600 mil pesos que hizo la LVIII Legislatura.A más de un año de que inició funciones el Órgano Interno de Control del Congreso, este apenas ha logrado concluir dos procesos de suspensión contra empleados señalados como presuntos aviadores.El contralor interno, Raúl Bermúdez Camarena, justificó sólo haber obtenido, hasta el momento, dos sanciones temporales de la lista de 22 presuntos aviadores que había denunciado.Argumentó que sigue abierta la auditoría especial al área de Recursos Humanos y la revisión permanente a los relojes checadores. Sostuvo que hay cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa que están por concretarse en sanción. “Los procedimientos de responsabilidad administrativa se cuidan. Es por eso que en veces (sic) es tardado, porque vamos agotando los derechos de audiencia y defensa que tiene cualquier servidor público. Hay 22 investigaciones en torno a servidores públicos; cuatro están por cerrar y hay dos ya resueltos con sanción”.Aseguró, además, que “no se ha quedado corto” en sus tareas. “La propia ley determina cuál es una falta grave y el tipo de sanción que puede emitir un Órgano Interno de Control. Creo que vamos bien y se están sentando precedentes con las sanciones”, dijo el contralor. Sobre el presunto robo de documentos del archivo histórico del Poder Legislativo estatal, el funcionario comentó que sigue abierta la investigación de su parte y el trámite de las denuncias penales que presentó.El intento de sancionar a las ex diputadas Refugio Ruíz Moreno y Juana Ceballos, por haber contratado a familiares, sigue en trámite porque ambas recurrieron al Tribunal de Justicia Administrativa. Aunque la Contraloría Interna la señaló como aviadora, Arisbeth Arellano, empleada del área de Vinculación, fue reconocida en septiembre pasado por el pleno del Poder Legislativo. ¿La razón? Cumplió 10 años de antigüedad en la nómina. Se le entregó un diploma y 33 mil pesos por sus años de trabajo.A un año y medio del arranque del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE), todavía está pendiente conformar el Sistema Estatal de Fiscalización, cuya meta es avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos públicos.Según la ley del SAE, éste debería ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de los recursos federales, estatales y municipales mediante la construcción de un modelo de coordinación, y celebrar convenios con los órganos del Sistema Nacional Anticorrupción. La diputada Mirza Flores (MC), presidenta de la Comisión de Vigilancia, apuntó que el retraso se debe a falta de coordinación. “No creo que sea un asunto de más reformas; es de voluntad, de orden y metodología. Jalisco es el (Estado) que tiene mejor estructurado su sistema anticorrupción. Creo que es falta de voluntad que no se hayan articulado para ponerlo en marcha”, comentó. En su sexto informe, el Observatorio Permanente del SAE incluyó entre sus observaciones que urge que se active el Sistema Estatal de Fiscalización y no se retrase la implementación de las acciones y mecanismos de coordinación entre sus integrantes. Las estrategias implementada para reducir gastos en el Congreso no han sido suficientes. El Legislativo estatal no sólo está entre los más caros del país, sino que su costo supera incluso a los de Madrid y Andalucía, en España.En el Informe Legislativo 2019 del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) se hace un comparativo en millones de dólares en el que se señala que “el Congreso de Jalisco cuesta 75 millones de dólares, por encima de los 66 millones de Andalucía y los 51 millones de Madrid”.Además, los diputados locales son los segundos más caros en México: 24.3 millones de pesos, cada uno, al año. Están sólo por debajo de sus homólogos de Ciudad de México (26.7 millones), según ese informe del Imco.
