Entre enero de 2019 y marzo de 2020, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó 79 mil 440 transacciones bancarias sospechosas en Jalisco; es decir, un promedio de 174 avisos diarios por posible blanqueo o lavado de dinero, confirma el Gobierno federal, colocando a la Entidad en segundo lugar en el ámbito nacional, sólo por debajo de la Ciudad de México. Las acciones forman parte del “Operativo Agave Azul”, que tan sólo en junio pasado bloqueó las cuentas de mil 939 personas y empresas vinculadas al cártel Nueva Generación.En el primer trimestre de este año, la Unidad reportó 26 mil 817 operaciones inusuales en Jalisco. En 2019 fueron 52 mil 623 movimientos.Sin embargo, hay pocos resultados hasta el momento en el combate de este delito. Entre enero de 2009 y octubre de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) sólo emitió una sentencia condenatoria por cada 10 investigaciones iniciadas por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocido como lavado de dinero).Falta una mejor estrategia y coordinación entre los Gobiernos federal y estatales, así como el Poder Judicial.A través del Operativo Agave Azul, en junio pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de mil 939 sujetos vinculados al Cártel Nueva Generación. El lavado de dinero a través de operadores financieros, familiares y empresas, entre otros, pertenecientes a esta organización, detonó que Jalisco se ubique en los primeros lugares con mayor número de operaciones inusuales en el país.Entre enero de 2019 y el primer trimestre del año, el sistema financiero reportó 79 mil 440 transacciones sospechosas en Jalisco; es decir, un promedio de 174 avisos diarios a la UIF por posible blanqueo de recursos. El Estado se ubica sólo por debajo de la Ciudad de México que, en el mismo periodo, registró 249 mil 459 reportes.A principios de este mes, durante una reunión con diputados federales, el titular de la Unidad, Santiago Nieto Castillo, presentó un informe en el que comentó que durante la pasada administración aumentó de forma significativa la operación de los grupos de la delincuenciales.En el país, dijo, suman 19 organizaciones delictivas. Y Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa son de naturaleza “supranacional”.Ante esto, subrayó la necesidad de fortalecer a la unidad antilavado y hacer cambios legislativos para tener “cero tolerancia” hacia los grupos delictivos, pues además del tráfico de drogas cometen delitos de extorsión, secuestro, robo de hidrocarburos, tráfico de migrantes y personas, incluso el tráfico ilegal de especies.En los últimos seis años, la Unidad bloqueó cuentas por siete mil 450 millones de pesos, así como 345 mil dólares.El COVID-19 no frenó las operaciones inusuales relacionadas con el lavado de dinero. En Guadalajara crecieron 10 veces durante el primer cuatrimestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2019: pasaron de tres mil 707 a 39 mil 232, según reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).La ciudad se ubica en segundo lugar a nivel nacional con más operaciones sospechosas, sólo por debajo de Ciudad de México, que entre enero y abril pasados registró 60 mil 572, de un total de 226 mil 134 reportes que se realizaron en el país en ese lapso.En marzo pasado, la Unidad solicitó a las instituciones financieras reportar de inmediato las operaciones inusuales relacionadas con la pandemia, tras reconocer que se pueden incrementar las actividades ilícitas aprovechando la emergencia sanitaria, como son irregularidades en la compra de equipo médico o las entregas de apoyos gubernamentales.El titular de la unidad antilavado, Santiago Nieto, recordó que durante la contingencia se ha presentado también un aumento en los delitos cibernéticos, principalmente la pornografía infantil.“Hay una transición de la delincuencia del ámbito físico hacia el cibernético relacionado con la pandemia”.En Jalisco ya se cuenta con una Unidad de Inteligencia Financiera para detectar e investigar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados principalmente a los grupos de la delincuencia organizada. El convenio con la UIF se firmó a mediados del año pasado.“El convenio con la Fiscalía de Jalisco tiene ese propósito: poder diseminar información para que se integren expedientes en el ámbito federal y local, y se pueda combatir este cáncer social que tiene que ver con el lavado de dinero, particularmente en temas vinculados con el robo de hidrocarburos, temas relacionados con corrupción y narcotráfico; incluso, todos los delitos relacionados con éste, así como los temas involucrados con la procuración e impartición de justicia”, destacó Santiago Nieto durante la firma del convenio.Otro de los riesgos que se plantean producto de la pandemia, es el crecimiento de la economía informal, en la que actualmente se ubica 57 por ciento de la población. “El COVID-19 seguramente hará que estos números se incrementen… estamos hablando del 2 por ciento del Producto Interno Bruto… es importante tener un diagnóstico claro y mejorar el modelo”.En los últimos seis años, a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera, las instituciones financieras han bloqueado 38 mil 608 cuentas que se presume pudieran estar relacionadas con delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Desde 2015 y hasta la primera quincena de junio pasado se habían congelado siete mil 450 millones de pesos, así como 345 mil dólares y 42 mil euros.A principios de este mes, al participar en una reunión con diputados federales, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, subrayó que es necesario saber quién es el beneficiario real de los recursos, en virtud de que en muchas ocasiones, tanto en materia de lavado como en otros temas relacionados con delincuencia organizada, éstos tienen las características de testaferro.“Los que aparecen como propietarios de los bienes muebles e inmuebles, es importante encontrar quién es el beneficiario real, quién es la persona que está disfrutando y gozando esos bienes obtenidos de naturaleza ilícita”.Añadió que valdría la pena no sólo bloquear las cuentas, sino también la posibilidad de que esas personas que son multadas tuvieran una especie de “muerte civil”, para que no puedan tener acceso a las actividades vulnerables al blanqueo de recursos; por ejemplo, las notarías, compra de vehículos, obras de arte y joyería.Reportó que en 2019 se duplicó el número de denuncias, al presentar 164 ante la Fiscalía, y se dieron más de 100 vistas ante procuradurías, fiscalías y otras instancias administrativas a nivel local y federal.Durante una sesión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera invitó a los diputados a realizar una serie de reformas para mejorar en el combate al lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Uno de los cambios planteados es que la Secretaría de Hacienda pueda recuperar los recursos a través de la extinción de dominio.De acuerdo con cálculos de la unidad antilavado, hay más de dos mil millones de pesos en cuentas bloqueadas que nadie ha reclamado, de un total de siete mil 500 millones de pesos que se tienen congelados en los bancos. “Sin embargo, la ley nos obliga a nosotros a presentar denuncias. El Ministerio Público tiene que asegurar las cuentas o irse por el procedimiento de extinción de dominio ante un juez especializado en materia civil”.Nieto recordó que si no hay una facultad normativa que les permita solicitarle al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado o al Ministerio Público que se ejerza un procedimiento de extinción de dominio, deben esperar a que se desarrolle el proceso penal, se judicialice la carpeta de investigación, “y el juez en sentencia condenatoria emita una decisión respecto al decomiso de bienes e instrumentos del delito, lo cual nos va a llevar a varios años de distancia”.El titular de la UIF precisó que una gran parte de los recursos congelados que se encuentran sin reclamar corresponde a los grupos de la delincuencia organizada. Un ejemplo de esto, dijo, es el caso de un abogado del Cartel Nueva Generación, de quien se tienen dos millones de dólares bloqueados en el banco que “nadie ha reclamado al día de hoy”.Reconoció que hay muchos casos de cuentas congeladas en los que se promueven amparos, como del Cruz Azul, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y Emilio Lozoya, entre otros, “pero hay casos donde nadie reclama las cuentas y creo que eso valdría la pena ya poderlo canalizar hacia algún beneficio para la sociedad”.Nieto recordó a los legisladores que es necesario que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita cumpla con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). De acuerdo con un comunicado de la Comisión de Hacienda, se precisa que se debería regular el financiamiento al terrorismo, reconocer a la persona políticamente expuesta, dar aviso de operaciones sospechosas en actividades vulnerables, establecer un enfoque basado en riesgo, programas de capacitación y sistemas automatizados, así como auditorías externas e internas.Entre enero de 2009 y octubre de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) logró emitir sólo una sentencia condenatoria por cada 10 investigaciones iniciadas por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), conocido como lavado de dinero.De acuerdo con datos proporcionados vía Transparencia, en ese periodo se abrieron dos mil 341 investigaciones por este ilícito, pero solamente 223 concluyeron en sentencias o personas en la cárcel.En diciembre de 2018, el primer mes de la actual administración federal, la Secretaría de Hacienda anunció las primeras denuncias por presuntos actos de corrupción. La primera de éstas fue contra un ex presidente municipal, “quien por medio de un prestanombres y empresas fantasmas tuvo un flujo de capitales por un aproximado de 32 millones de pesos”.La segunda se presentó en contra de un grupo de personas que utilizaban la estructura de diversas empresas fantasma para evadir las obligaciones fiscales, “las cuales realizaron operaciones por montos de hasta 111 millones”.El académico del Tecnológico de Monterrey, Anuar García, recordó que, para que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda solicitar un congelamiento de cuentas en México, tiene la obligación, primero, de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General. Sin embargo, en éstas también puede participar la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), “o lo pueden hacer dentro de una carpeta de investigación. Ellos pueden solicitarle, a su vez, a un juez de control en materia federal que les conceda ese congelamiento de cuentas”.Entre enero de 2009 y junio de 2019, la Unidad presentó también 33 denuncias por delincuencia organizada.Sigue: #DebateInformador y participa en Twitter en el debate del día @informador¿Qué opina del combate al lavado de dinero?JL
