Los Anteojos De Baskerville

El etiquetado de recursos por parte de las comisiones legislativas del Congreso de la Unión es una actividad cada vez más desarrollada como complemento de las políticas públicas.

Consiste en que la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Unión, a partir de los recursos disponibles, hace saber a cada comisión -pongamos por caso la comisión de cultura- un monto económico que deberá  etiquetar de manera consensuada con los diversos grupos parlamentarios que la integran.

Con anterioridad, los diputados acuerdan de qué manera será distribuido el dinero, considerando la representación proporcional de cada partido en la comisión.

De esta manera, los proyectos presentados ante las comisiones, aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y publicados en el Diario Oficial de la Federación, son liberados a lo largo del siguiente año a través de las dependencias de gobierno, luego de cumplir una serie de requisitos.

Tratándose de entidades gubernamentales, no suele haber problemas de trámite, no así en el caso de las asociaciones civiles.

Lo anterior porque no son pocos los casos de asociaciones que se han visto beneficiadas un año y desaparecen el siguiente sin haber rendido cuentas. Es por ello que ahora el gobierno solicita contar con una Clave Única de Registro expedida por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol), que es la garantía de que están debidamente registradas.

Posteriormente, contar con la denominación de “Donataria autorizada” por parte de la Secretaría de Hacienda.

Para dicha denominación, es necesario que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) haya expedido una carta por parte de su Dirección Jurídica, en la que reconoce a la asociación como promotora de actividades culturales.

Es de esta manera que el Conaculta procede a liberar los recursos etiquetados por la Comisión de Cultura en este caso.
 
El día de ayer, la Cámara de Diputados fue visitada por alcaldes, gobernadores, miembros de gabinetes estatales y particularmente por diversas asociaciones civiles en busca de los recursos etiquetados para todo tipo de proyectos, entre ellos los de cultura.

Los etiquetados son, en estricto sentido, una de las facultades que tienen los legisladores de acuerdo a la Constitución. En ese sentido, de cinco años a la fecha, la Comisión de Cultura ha venido recibiendo y aprobando proyectos.

Tan sólo el día de ayer fueron presentados más de 500 y se esperan más de mil. Los proponentes fueron citados a diferentes horas a lo largo del día para exponer en 10 minutos,sus proyectos en presencia de los integrantes de la Comisión de Cultura.

De forma paralela a la reunión, los integrantes de dicha comisión se reunían con los directores de los institutos de cultura de los estados y la titular del Conaculta para tratar de encontrar una solución al compromiso del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de otorgar un piso económico de 15 millones de pesos por estado, mismo que parece haber desaparecido.

Puede no ser la mejor de las acciones públicas en materia de cultura esta de los etiquetados, pero por el momento es parte de una inercia a la que nadie parece renunciar.

Su búsqueda pone a una asociación civil a la par de un secretario de cultura, y al mismo tiempo al Conaculta, no como el órgano rector de la política cultural del país, sino en una especie de pagaduría a la que hay que pasar sólo a recoger lo etiquetado por la Cámara de Diputados.

¿Qué política cultural se puede desarrollar cuando se etiquetan los recursos de esta manera?