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GUADALAJARA, JALISCO (31/ENE/2011).- Se renuevan las esperanzas para que los artistas, creadores y trabajadores de la cultura que no cuentan con una prestación social, sean integrados al sistema del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con los beneficios de la atención médica y una pensión para el retiro, principalmente.

La iniciativa es propuesta de la senadora y actriz María Rojo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática  (PRD), y se identifica con el nombre de Ley que crea el Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, Creadores y Gestores Culturales a la Seguridad Social.
El mecanismo, que se anuncia sería por decreto y está basado en la conformación de un fideicomiso sin estructura orgánica, el cual estaría conformado por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Educación Pública, el IMSS, y operado en su construcción de datos por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) a través de la elaboración de un registro de beneficiarios.
Los recursos financieros llegarían del Presupuesto de egresos federal de 2011, más el apoyo  de las entidades federativas que se sumen bajo acuerdo previo y las aportaciones de los artistas bajo el régimen de uno a uno: cantidad aportada por el Gobierno, misma cantidad aportada por el creador.

Los esfuerzos por conseguir una prestación de esta índole han sido muchos y constantes. El problema no es convencer de sus beneficios y de su alto impacto social en la calidad de vida de la comunidad cultural; ni de la necesidad urgente, al menos en Jalisco, de contar con una aportación pública de esta naturaleza, luego de haber experimentado casos lamentables de artistas desprotegidos durante un accidente y en la misma muerte. El problema, todavía más triste, se presenta cuando quienes se sienten dueños de los dineros públicos condicionan los programas y las iniciativas de ley, como la que hoy comentamos, a que lleve su color distintivo y origen partidario. Es tiempo de que aquello que beneficie a la ciudadanía sea conquistado y exigido sin condición alguna. Se equivocan los que gobiernan creyendo que lo hacen sólo para los de un color. Se debe ser autoridad para todos, pero sobre todo, ganarse el respeto como autoridad, de todos.

La Ley Rojo viene en un año poco cómodo para los acuerdos ajenos a las intenciones electoreras. Sin embargo, los argumentos que expone, tanto en su ámbito del derecho internacional como en los contextos jurídicos nacionales, la vuelven una propuesta impostergable para todo país que se dice democrático. La esperanza de que Jalisco se sume será latente, y en caso que el Estado se incorpore, será un signo fundamental en la toma de decisiones en pro de la ciudadanía incolora.