Itinerario

GUADALAJARA, JALISCO (05/JUL/2010).- La política cultural no es ni la administración de la cultura, ni la gestión pública  o privada, sino el equilibrio de las tensiones sociales con base en acciones estratégicas de inclusión, orientadas al desarrollo.
Y el equilibrio sólo es posible en la suma de las diversidades, por lo que la orientación hacia un solo punto cardinal, ya sea este jacobino o cristero, sólo es garantía de fracaso.

La política cultural operada por el Estado por razón constitucional debe adolecer de orígenes partidistas, como le es erróneamente natural a la mayoría de las políticas públicas, enfocadas en hacer prevalecer las convicciones de sus credos ideológicos, visibles en la sociedad desde la pinta de un edificio hasta los uniformes y papelería burocrática.

A la cultura, como fuerza viva y subyacente del devenir cotidiano le es sano el distanciamiento de visiones parciales, limitadas por marcos de proselitismo político.

La mayor legitimidad de una política cultural es el respeto a su naturaleza y expansión; es decir, la libertad de ser y hacer de la pluralidad y el respeto irreductible a las minorías. Por ello resulta inminente que la forma más adecuada para concebir la aplicación de una política cultural de Estado, sea en la distancia partidista, en la diversidad de opinión, en el irrestricto principio de laicidad y en los mecanismos democráticos de su operación.

Se requiere innovar en los instrumentos de operación: sí, el Estado como promotor, mas no como motor; sí, acciones estratégicas que impulsen el desarrollo social y económico, mas no sólo del presupuesto gubernamental; sí, la inclusión de la iniciativa privada en el financiamiento de programas de infraestructura y conservación del patrimonio con condicionamientos fiscales, pero con acuerdos jurídicos de largo plazo; sí, el impulso de industrias culturales con recursos parcialmente públicos que incentiven el desarrollo de pequeñas empresas locales, como el ramo editorial, discográfico, artesanal, cinematográfico, arte escénico.

La mayor innovación será romper con los tabúes de la concepción de “cultura subsidiada” y permitir que la cultura con lo enriquecedor de sus procesos, se incorpore, con la amplitud necesaria y oportuna, a los terrenos del mercado, entre los que se cuenta el patrocinio de la iniciativa privada, bajo estatutos que resguarden los lineamientos constitucionales, de instituciones museísticas y espacios arqueológicos.

En Jalisco los pasos se han dado en otras áreas de las que el rubro cultural bien puede ser parte: hablo de la Ley de Proyectos de Inversión y Prestación de Servicios, que “regula el proceso para la realización de proyectos, bajo el esquema de asociaciones público-privadas, para el desarrollo de infraestructura y prestación de funciones o servicios públicos,  a cargo de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, así como de los gobiernos municipales”.

En este espectro la participación de los medios de comunicación guarda un gran talante, que sería eficiente en la necesidad que Jalisco tiene por formar públicos para la oferta cultural. Es un factor que si bien puede sonar extraño, es también realidad de nuestro tiempo y lo podemos atender y aprovechar, dentro de la lógica de que la cultura es un campo altamente redituable y el camino más seguro al desarrollo económico, con el resguardo de nuestras raíces identitarias.