Itinerario

GUADALAJARA, JALISCO (28/JUN/2010).- Agradezco la inmediatísima respuesta que la Procuraduría General de la República Delegación Jalisco ha tenido con relación a los derechos de autor, con la implementación de cursos informativos sobre los márgenes del delito en la materia; labor con la que se da muestra de responsabilidad y voluntad política, que a la vez obliga al Legislativo a hacer su parte.

Y es que las políticas públicas formuladas a partir de una ley, o bien responden a realidades ya superadas o a omisiones graves que provocan su improcedencia.

El caso de los derechos de autor, que legislativamente se ve rebasado por los procesos sociales, hace pensar en otros rubros y otras leyes que pese a su existencia, su aplicación está lejos de la realidad. Pienso en la Ley de Fomento a la Cultura como un ejemplo ilustrativo: en ella, se contempla, en su Título Tercero, el ejercicio de la administración con base en un Sistema Estatal de Cultura que integra la coparticipación de hasta seis Secretarías de Estado; transcurrida más de la segunda mitad del sexenio, la existencia de un solo documento que compruebe el funcionamiento de este instrumento normativo es imposible; entre los motivos de su omisión sólo se explica la negligencia. Por otro lado, en su Título Séptimo, se estructura un Sistema Estatal de Creadores que jamás ha sido implementado bajo el argumento de debilidad presupuestal.

Las omisiones, incumplimientos e ilegalidades anteriores cobran fuerza especial este miércoles, dado que el Congreso de la Unión junto con la Secretaría de Cultura llevarán a cabo un encuentro de propuestas jurídicas en el campo de la cultura. Y ésta es una iniciativa plausible. Pero ajena a la necesidad real. Porque el requerimiento mayor está en que las dependencias ejecutoras, cumplan en su integridad con lo que las leyes las obliga. Por estas razones, antes de proponer otras irrealidades en un Congreso, ¿por qué no hacemos que sea una realidad el Sistema Estatal de Cultura y el Sistema Estatal de Creadores?

En el contexto federal, el escenario es distinto pero no más alentador: el obstáculo para la conformación jurídica del tema de la cultura que lleve a la creación de una Secretaría de Cultura o en su defecto a un organismo autónomo con genes semejantes al Instituto Federal Electoral, se centra en ese monstruo de mil cabezas llamado sindicalismo, al que pese a los cambios transformadores del país en la última década, esta bestia ha sido intocable.