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GUADALAJARA, JALISCO (14/JUN/2010).- Los derechos de autor son en Jalisco una necesidad precariamente atendida. Pese a su difusión e importancia jurídica se les mantiene en la displicencia.

Las autoridades federales, a través de la Procuraduría General de la República, son las que han tomado iniciativas. Y no podía ser de otra manera, es la instancia directamente responsable de atender la delincuencia en el área.

¿Pero qué pasa con la autoridad estatal? Si bien no está en sus terrenos la intervención, sí es su responsabilidad actuar en la información, prevención y normativa que coadyuve a que artistas, público consumidor y sociedad en general, valoren los derechos de autor y los contemplen como propiedad privada.

En nuestro entorno es común que se tome con ligereza la puesta en escena de una obra teatral cuyos derechos de autor no se tienen, ni siquiera la aceptación o permiso del autor o sus herederos; es cotidiano que se fotocopien libros en instancias gubernamentales e incluso por los propios titulares de las dependencias; es un hecho que la música se cuente entre las artes más vulnerables vía internet y reproducciones ilegales; las películas hacen un enorme mercado negro. Caso aparte lo marcan las artesanías y el arte sacro, cuyas industrias de “copismo” son cada vez más sofisticadas.

Músicos, cineastas, fotógrafos y escritores sobre los otros artistas, son víctimas de un sistema de delincuencia organizada en el que las propias autoridades se han visto involucradas.

Si bien es cierto que la responsabilidad es de quien comete la falta, las autoridades locales como la misma Secretaría de Cultura, o más propiamente la Procuraduría de Justicia del Estado, o la Secretaría General de Gobierno o la Secretaría de Promoción Económica o si es posible una sola hecha con todas estas, debiera conformar una política pública enfocada a inhibir el delito contra los derechos de autor. Los mecanismos bien podrían formularse desde un esquema amplísimo de difusión con el único objetivo de hacer conciencia ciudadana.

Sin embargo, pese a que las universidades han hecho su trabajo en la investigación e implementación docente y de extensión de la cultura en el ramo, falta el compromiso por parte de las autoridades en la prevención más que en la sanción del delito.

El origen, ¿quién lo duda?, está en la educación. Y es ahí donde la participación del Estado es insustituible: combatir el mercado negro, el de la piratería, en el mejor de los casos se centra en reconocer al artista como tal y pagarle en su justa medida el valor de su obra de arte. Y eso lo hace una sociedad orientada con políticas públicas que remuneran y dignifican la función sustancial de los artistas en la comunidad.