Itinerario

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUN/2010).- En los últimos 33 años se han registrado cambios sustanciales en las formas de aplicación del poder en el país. El argumento social y político ha sido el de fortalecer una democracia anhelada. Cada vez más aunque con notoria lentitud, la participación ciudadana se hace presente en la toma de decisiones.

En el principio fueron las curules “ofrecidas” a los oponentes, por Jesús Reyes Heroles, dentro del hermético sistema político mexicano. En gran medida lo siguen siendo: la forma de gobernar con la inclusión de la oposición a través de los diputados plurinominales.

En el devenir fueron las instituciones las que continuaron con la guía democrática, de donde el Instituto Federal Electoral (IFE) es el embrión y que, como tal, no acaba de consolidarse ni de nacer en libertad y autonomía como el país lo necesita.

En consecuencia llegaron los consejos ciudadanos que fueron diseñados para sugerir y avalar, evaluar y corregir las políticas públicas emprendidas por los ejecutivos de los tres niveles de Gobierno.

En estos últimos, descansa la mayor transparencia del ejercicio democrático, cuando es a través de ellos que se toman decisiones, basadas en la constante y continua necesidad ciudadana, algo que los teóricos identifican con el nombre de gobernanza.

Sin embargo, las conquistas suelen ganarse a sobreprecio. En un país que se construye en el autoritarismo no le importa si su perfil es de derecha, izquierda o centro, más bien le urge controlar los espacios políticos y olvida con ello que su labor principal es la de gobernar y no la de uniformar opiniones.

Los consejos ciudadanos -diversificados en los sectores de gobierno- han venido a fortalecer en los recientes sexenios las decisiones que los Ejecutivos de los tres niveles han emprendido. Con base en ellos -que son confluencia de pluralidad y compromiso- se han ajustado programas, reconsiderado determinaciones, proyectado planes de desarrollo, legitimado avances y errores, y sobre todas las cosas se han emprendido una tarea nada fácil: entender que el gobernante se debe a los requerimientos del gobernado.

Sin embargo, los consejos ciudadanos pese a su gran funcionalidad, guardan en la legislación que los erige un talón de Aquiles, y es que entre sus funciones -al menos aquellos dedicados al rubro de la cultura- está la de evaluar el trabajo de la Secretaría de Cultura, misma instancia responsable de proveer a los consejos de recursos económicos, materiales y humanos, ocasionando con ello, una relación que bien puede girarse perversa: “que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas”.

Este es el trasfondo que los consejos exponen como punto clave para obtener su descentralización: “transferir a diversas corporaciones u oficios parte de la autoridad que antes ejercía el gobierno supremo del Estado”.

¿Por qué los gobiernos temen que la ciudadanía sea la que tome sus propias decisiones?