Itinerario

Cuando las autoridades toman una decisión, se presume, lo hacen con previo conocimiento de causa: han evaluado la situación, el origen y naturaleza del caso, las dimensiones de su intervención, el oportunismo e impacto social que esa decisión conlleva. Pero ante todas las anteriores variables, está el perímetro de la legalidad. Al menos, esos son los circunstanciales de la implementación de una política pública.

El perfil de una política pública infiere conocimiento, técnico en lo posible. Y por ley le deben ser inherentes los caracteres democráticos, incluyentes, plurales y, subrayadamente, laicos.

Cada gobernante impone su estilo y hace lo que está a su alcance, es decir, todo, por dejar su sello. Algunos de ellos, por ejemplo, son recordados por estropear la original Plaza Tapatía en nombre de la modernidad; otros, la memoria los convoca por haber sido bajados de la barda del poder a regañadientes; unos más, por las aportaciones a la lengua española “nuncamente” antes vistas; hay otros que son evocados cada 28 de mayo por el ejercicio puntual que hicieron de la tortura; unos más debaten si su recuerdo será por mentársela a los ciudadanos poquitos, o por su empeño reivindicador de la guerra cristera.

Cada gobernante elige su autenticidad. “El hombre es el estilo”. Suelen estar convencidos de esa máxima, aunque nunca la hayan leído.

Desde mediados de 2007, he insistido en la notoria preferencia de la administración estatal por inclinar el gasto del presupuesto en acciones que difícilmente aprobarían el carácter laico. Pero en un Estado donde el poder se divide entre Casa Jalisco y Catedral, lo reiterado, literalmente, peca de necedad. ¿Y cómo hacer para que los gobernantes tomen decisiones enmarcadas en la legalidad y por ende en la laicidad? Sólo con la exigencia ciudadana, porque como dijo nuestro Presidente de la Cámara de Diputados de la nación, jalisciense por más referencias, “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”.

En lo que corresponde al terreno de las políticas culturales habrá que insistir en la exigencia de que los presupuestos sean empleados de forma proporcional en los ejes que obliga la ley, y que, más allá de los objetivos particulares del Gobierno en turno por rescatar, restaurar, remodelar, retocar y remozar los templos de Jalisco, se tenga como preocupación primaria el carácter laico de un Gobierno emanado de la democracia que nos define, que por cierto, recientemente la Constitución que la sustenta, ha sido reformada para remarcar a la Carta Magna como laica.