La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó 19 mil 449 cuentas vinculadas al lavado de dinero y corrupción entre los años 2014 y 2019.  En lo que va de este año, la dependencia aplicó el bloqueo de tres mil 231 cuentas, que representan cuatro veces más de las congeladas durante 2018, cuando fueron 758.

Aunque la dependencia no desglosa la información por Entidad federativa, pues aclara que no se clasifica de esa manera, a principios de este mes, el titular de la Unidad, Santiago Nieto, informó que están trabajando “nuevos casos a nivel local y federal”. Por ello, actualmente se investigan a ocho jueces y magistrados locales por presuntos nexos con los grupos de la delincuencia organizada. De éstos, tres corresponden a Jalisco, por cuentas por alrededor de 28 millones de pesos.

Sin embargo, los casos más sonados a nivel nacional dentro de las acciones para asegurar los recursos económicos por presuntos hechos criminales o casos de corrupción, son los de Emilio Lozoya, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), y el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps. Incluso, a pesar de encontrarse prófugo, Lozoya solicitó que se descongelaran sus cuentas bancarias.

De acuerdo con información otorgada vía Transparencia, en ese periodo se han desbloqueado 11 mil 510 cuentas. El mayor número fue en 2017 (cuatro mil 058).

Anuar García, presidente de la organización México SOS Capítulo Jalisco, destaca que la UIF está actuando con una mayor agilidad y se está poniendo atención al tema de los recursos que provienen de procedencia ilícita.

Tan sólo en 2019 se “congeló” una bolsa global de tres mil 762 millones de pesos.

Investigan lavado por 147 mil MDP en México

Entre 2009 y 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó 812 denuncias por presuntos actos de lavado de dinero, que involucran a cuatro mil 301 personas. De acuerdo con la dependencia, tan sólo en este año se han interpuesto 57 denuncias penales. Y los montos asociados son por el orden de los 147 mil 629 millones de pesos (MDP).

En el primer mes de la actual administración federal, la Secretaría de Hacienda anunció las primeras denuncias por presuntos actos de corrupción. La primera de éstas contra un ex presidente municipal, “quien por medio de un prestanombres y empresas fantasmas tuvo un flujo de capitales de un aproximado de 32 millones de pesos”.

La segunda se presentó en contra de un grupo de personas que utilizaban la estructura de diversas empresas fantasma para evadir obligaciones fiscales, “las cuales realizaron operaciones por montos de hasta 111 millones de pesos”.

De acuerdo con el desglose de los delitos denunciados, los ilícitos fiscales son los que más acumulan irregularidades, con 181 denuncias, seguido por delitos contra la salud, con 178, y los cometidos por servidores públicos (peculado, corrupción y cohecho), con 38. De estas últimas, en 2017 se presentaron 13. Y en lo que va de este año se han promovido otras nueve.

El académico del Tecnológico de Monterrey, Anuar García, recuerda que, para que la Unidad de Inteligencia Financiera pueda solicitar un congelamiento de cuentas en México, tiene la obligación, primero, de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, en éstas también puede participar la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), “o lo pueden hacer dentro de una carpeta de investigación. Ellos pueden solicitarle, a su vez, a un juez de control en materia federal que les conceda ese congelamiento de cuentas”.

En la última década, la Unidad ha presentado también 33 denuncias delincuencia por delincuencia organizada.

TELÓN DE FONDO

Jalisco tendrá unidad especial

Con el objetivo de reunir la información necesaria para identificar los procedimientos financieros que puedan favorecer a la comisión de ilícitos y operaciones de los grupos criminales con recursos ilegales, el Gobierno de Jalisco firmó este mes un convenio de colaboración con la UIF.

El titular de la Unidad puntualizó que una de las herramientas con las que contará Jalisco para lograr dicho fin es el congelamiento de cuentas, para que, en aquellos casos en los que se acrediten posibles actividades de lavado de dinero de estos grupos criminales, se pueda actuar de manera conjunta con la Federación y se evite que el recurso continúe circulando de manera ilícita.

Nieto precisó que este convenio “tiene el propósito de poder diseminar información para que se integren expedientes en el ámbito federal, local y se pueda combatir este cáncer social que tiene que ver con el lavado de dinero”.

LA VOZ DEL EXPERTO

“Urge que se ponga a trabajar”

Anuar García Gutiérrez (maestro de Derecho en el Tecnológico de Monterrey).

Luego de que el Gobierno del Estado firmara un convenio con la Secretaría de Hacienda para la puesta en marcha de una Unidad de Inteligencia Financiera que operará desde esta Entidad, el académico del Tec de Monterrey destaca que urge que ésta se ponga a trabajar.

Recuerda que los grupos de la delincuencia organizada continúan operando en Jalisco sin que sus estructuras se vean impactadas, y prueba de ello son los ataques recientes llevados a cabo en contra de elementos de la Fiscalía, en especial el de este viernes cuando fue asesinado el fiscal regional, Gonzalo Huitrón.

“Mientras no esté trabajando la Unidad de Inteligencia Financiera que pueda ir en contra de los activos de los grupos delictivos, ellos podrán seguir operando en total impunidad”.

Añade que si no le quitan los recursos al crimen organizado, ellos estarán muy tranquilos, “cuando se les quiten los recursos, esa será la manera adecuada, utilizando el aparato de inteligencia, de desmantelarlos, porque eso es lo que les duele, no quitando las cabezas, no atacándolos con el Ejército ahora con la Guardia Nacional, sino yendo por los recursos. Por eso urge que estén trabajando ya”.

El también presidente de la organización México SOS Capítulo Jalisco declara que, a la fecha, la labor de la Guardia Nacional ha sido “muy disminuida”, pues solamente se están paseando o están parados en algún punto, pero no están llevando a cabo investigaciones para lo cual están facultados.

Además, dice, el Gobierno del Estado no invirtió los recursos necesarios para el combate a la inseguridad y, en su lugar, los invirtió en otro tipo de programas porque le recargó toda la responsabilidad a la Guardia Nacional.

Incluso, recuerda que miles de elementos este grupo especial de seguridad están “correteando” a migrantes en lugar de estar atendiendo el tema de la seguridad, “sino hay una unidad de inteligencia que esté atacando directamente ese tipo de tema para dar posicionamiento certero en contra de estos grupos delictivos, pues no vamos a tener una respuesta pronto”.

Convenio local

• El acuerdo firmado entre el Gobierno de Jalisco y Hacienda tiene como objeto sentar las bases para la colaboración a fin de garantizar un eficaz intercambio de información y documentación para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
• Dentro de las atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) están: recibir y recopilar las pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación, datos, imágenes e informes sobre las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo, así́ como los relacionados con éstos.
• El Gobierno de Jalisco se compromete a brindar información de utilidad para el desempeño de las funciones de la Unidad, garantizando la protección de datos personales.
• La UIF se compromete a entregar reportes de inteligencia que pudieran favorecer a la determinación de la situación fiscal de los contribuyentes que tengan su domicilio en el Estado de Jalisco. Éstos no podrán ser utilizados como dato de prueba o evidencia, dentro de algún procedimiento judicial o administrativo.
• La información que brinde el Gobierno de Jalisco podrá ser diseminada por la UIF, dentro de sus atribuciones y de la normatividad, a las autoridades competentes nacionales y extranjeras.
• Se creará un Grupo de Enlace para el cumplimiento, evaluación y seguimiento del convenio. Estará vigente a partir de su firma y tiene una duración indefinida.

CLAVES

Avanza legislación sobre Extinción de Dominio

Aprobación. Con críticas de que se le podrían quitar bienes a ciudadanos inocentes y de que los recursos obtenidos se utilizarán discrecionalmente por el Gobierno federal para los programas sociales, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general la minuta con la que se expidió la nueva Ley de Extinción de Dominio.

Polémica. Después de un debate de más de dos horas y media, los legisladores de las bancadas de Morena, PAN, PRI, PT, MC, PES y Partido Verde votaron a favor. La única bancada que votó en contra fue el PRD. Este dictamen, que tuvo más de 60 reservas por parte de los diputados, recibió nueve abstenciones de ocho legisladores del PRI: Dulce María Sauri, Alberto Acosta, Luis Córdova, Fernando Galindo, Enrique Ochoa, Claudia Pastor, Carlos Pavón y Norma Adela Guel.

Misión. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tiene una persona en relación con los bienes a que se refiere la propia Ley, declarada por sentencia de una autoridad judicial. Los bienes susceptibles de extinción son aquellos que sean producto o instrumento de un hecho ilícito o los que estén destinados a cometerlos. La ley determina cuáles delitos serán susceptibles de extinción de dominio.

Encargados. Será el Gabinete Social de la Presidencia de la República el que determine el destino de los bienes extintos y se establecen a la provisión de servicios públicos, a programas sociales y políticas prioritarias. En el caso de los recursos, productos, rendimientos, frutos y accesorios derivados, en orden de prelación, serán destinados a los gastos de administración, reparación de daño a las víctimas del delito, ejecución de programas sociales de prevención del delito, fortalecimiento de instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, conforme al Plan Nacional de Desarrollo.

Detectan fallas en la Ley de Extinción de Dominio

La Ley Nacional de Extinción de Dominio aprobada en la semana por la Cámara de Diputados, “es una grave violación constitucional”, considera el Presidente de la organización México SOS Capítulo Jalisco, Anuar García.

“Porque te van a privar de tus bienes previo a un juicio justo ante un tribunal que está expresamente formulado, y entonces te están quitando tu derecho a audiencia”.

Aún y cuando la persona señalada gane el juicio podrá recuperar bienes, sólo será el equivalente de lo que extinguieron, “no vas a recuperar el mismo bien inmueble, porque lo que estamos viendo que se está utilizando ahorita en la práctica por parte del gobierno federal, es llevar a cabo estas subastas públicas, entonces no tendrías que haber sido penalmente sentenciado como responsable del delito para que el Estado se pueda apropiar o subastar los bienes”.

García considera que será un tema de materia de constitucionalidad, “y creo que va a terminar en la Corte resolviéndose en ese sentido. Una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa es la interpretación constitucional que está dando la corte, vamos a ver cómo viene el criterio, porque de entrada sí parece que vulnera todas las garantías individuales”.

A pesar de que se prevé que esta ley provocará la presentación de amparos, el  académico considera que no buscarán una nueva reforma, sino que le apostarán a que la cantidad de amparos que se resolverán respecto a las personas que les aplique la ley, será mucho menor, “como que le están apostando al costo-beneficio, pero no a una política pública, más que a una cuestión de legalidad”.

Esta ley  ha recibido una serie de críticas, pues se señala que podría quitar bienes a ciudadanos  inocentes  y que los recursos que serán recuperados por el Gobierno federal podrían ser usados de manera discrecional al destinarse a programas sociales.

GUÍA

¿Qué es la extinción de dominio?

Es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con sus bienes declarados por sentencia de la autoridad judicial, sin contraprestación, ni compensación alguna.  Entre los delitos susceptibles figuran:

• Secuestro.
• Delincuencia organizada.
• Delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos.
• Delitos contra la salud.
• Trata de personas.
• Delitos por hechos de corrupción.
• Encubrimiento.
• Delitos cometidos por servidores públicos.
• Robo de vehículos.
• Recursos de procedencia ilícita.
• Extorsión.

Bloquean cuentas por delitos en migración

De las 812 denuncias que ha presentado la Unidad de Inteligencia Financiera de enero de 2009 al 3 de junio pasado, sólo siete corresponden a delitos contra la Ley de Migración. Y cinco de éstas se interpusieron durante 2018.

Sin embargo, tres días después de este corte otorgado por la Secretaría de Hacienda vía Transparencia, la dependencia anunció que presentaría denuncias ante la Fiscalía General de la República contra personas morales y físicas, por el presunto tráfico de personas migrantes y la organización ilegal de caravanas migrantes.

Por estos hechos se incluyeron a 26 personas en la lista de personas bloqueadas. De acuerdo con la dependencia, el trabajo se focalizó en el tráfico de migrantes, debido a que desde octubre pasado se pusieron en marcha las caravanas de personas que pretendían llegar a los Estados Unidos procedentes de otros países, principalmente de Centroamérica.

“De la información obtenida por la UIF de los transmisores de dinero, se identificó un grupo de personas que, en el periodo de paso de las caravanas migrantes, realizaban desde Chiapas y Querétaro operaciones inusuales a distintos países, incluidos algunos contemplados como jurisdicciones de riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”, señaló la Secretaría de Hacienda a través de un comunicado.

Las transferencias financieras se detectaron desde Querétaro hacia seis ciudades fronterizas: Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Ciudad Acuña, Piedras Negras y Reynosa.

Debido a esto se presumió el pago ilegal por tráfico de migrantes, “pues se reveló la relación que existe entre el paso de las caravanas migrantes y los depósitos en dispersores de dinero realizados a las ciudades citadas, provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Camerún, Estados Unidos e Inglaterra”.

El reporte lo dio a conocer el pasado 6 de junio, justo en medio de las amenazas lanzadas por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a productos de México si éste último no detenía la migración ilegal.

Tras llegar a un acuerdo, el gobierno mexicano anunció que enviaría a seis mil elementos de la Guardia Nacional a vigilar la Frontera Sur para disminuir el flujo de migrantes.

Sin embargo, previo al acuerdo entre ambos países, México ya había endurecido la política migratoria contra las personas provenientes de Centroamérica. En el primer cuatrimestre del año se triplicaron las devoluciones: en enero regresaron a cinco mil 496, y para abril alcanzaron las 14 mil 588.

Aumentan las denuncias por “huachicol”

En los últimos 10 años, la Unidad de Inteligencia Financiera ha interpuesto sólo 31 denuncias por el delito de sustracción y robo de hidrocarburos. Sin embargo, más de la mitad se presentaron durante el primer semestre de este año.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda, durante 2019 se han interpuesto 19 denuncias. Éstas se dieron en medio de la estrategia implementada por la actual administración federal para combatir el robo de combustibles que, de acuerdo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, generará ahorros anuales por alrededor de 70 mil millones de pesos.

En este combate, la Unidad ha tomado mayor relevancia. A tan sólo dos meses de la puesta en marcha de este plan en coordinación con Pemex y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la UIF ha bloqueado 226 cuentas relacionadas al “huachicol” por 925 millones de pesos. Además, de las denuncias presentadas ante la Fiscalía, la Unidad reportó que se habían promovido nueve amparos.

Reporte

• El pasado 28 de diciembre, Hacienda reportó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra una persona, quien realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de la compra-venta ilegal de hidrocarburos, comúnmente llamado “huachicol”.
• En la investigación se detectó una serie de depósitos en efectivo, que permitió corroborar la mecánica financiera de las operaciones. El monto global de estos depósitos asciende a más de 80 millones de pesos, de los cuales se presume que 27 millones fueron para la adquisición de combustible bajo un esquema de compra irregular.
• Además, se determinó que la persona denunciada ya había sido detenida por posesión de droga y armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Y tenía vínculos con grupos delictivos dedicados a la compra-venta ilegal de combustibles.

Dinero de Zhenli Ye Gon se destinó a tres instituciones

El director del  Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, Ricardo Rodríguez Vargas, dio a conocer el destino de los 206 millones de dólares, 201 mil euros y 17 millones de pesos en efectivo que, en su momento, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) aseguró a Zhenli Ye Gon, en su domicilio ubicado en las Lomas de Chapultepec, en la capital.

Desde Palacio Nacional, en la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, detalló que ese dinero se distribuyó en partes iguales a tres fuentes: al Poder Judicial de la Federación (al Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia), a la propia PGR (hoy Fiscalía General de la República) y a la Secretaría de Salud.

A cada una de esas dependencias les fue entregada la cantidad de 746 millones 579 mil 504 pesos, distribuida en julio de 2007.

De acuerdo con un comunicado del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el funcionario federal acentuó que otra propiedad de Zhenli Ye Gon, ubicada en el Estado de México, se vendió en 2014 de manera directa al Gobierno de esa Entidad en 181 millones de pesos.

Explicó que la residencia del chino-mexicano en Las Lomas de Chapultepec, que se ubica en la calle Sierra Madre 515, en la alcaldía de Miguel Hidalgo (fue transferida al SAE por la PGR el 27 de agosto de 2012), tiene una superficie de mil 218 metros cuadrados, la cual tiene un valor de 95 millones de pesos.

Rodríguez Vargas aseguró que sólo faltan unos trámites legales para que el inmueble sea declarado en abandono y entonces esté listo para que el Gobierno de México, a través del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, lo venda en subasta.

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