Las denuncias por presuntos hechos de corrupción contra miembros del Consejo de la Judicatura se han incrementado en Jalisco.La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informa mediante Transparencia que en este año se han abierto 149 carpetas de investigación en contra de integrantes de los juzgados; casi el doble de las iniciadas en 2018, cuando se registraron 82.“En las cifras señaladas anteriormente debe considerarse que es posible que exista más de una autoridad señalada como responsable (en cada carpeta)”, detalla la Dirección de Control de Procesos y Audiencias de las Agencias del Ministerio Público.Entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de este año, la Fiscalía Anticorrupción documenta 701 investigaciones iniciadas por presuntos actos de corrupción. Aunque los principales señalamientos son en contra de la Fiscalía del Estado (223), la mayoría está relacionada a temas de tortura, por lo que en junio pasado se modificó la legislación local para que esos casos ya no sean turnados a la Fiscalía Especializada y evitar así su saturación.El coordinador del Observatorio Jalisco Cómo Vamos, Augusto Chacón, considera que el aumento de quejas contra el Consejo de la Judicatura tiene tres explicaciones: que la gente se decide a denunciar, que hay actores políticos que utilizan la denuncia como un sistema de presión y que la Fiscalía en Combate a la Corrupción está generando confianza.“El Poder Judicial ha estado en la mira en los últimos tiempos, por un lado, porque más gente se anima a denunciar, pero también como parte del juego político”.Jesús Ibarra, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, remarca que es una buena noticia que aumenten las denuncias en cualquier rubro. Y recalca que al iniciar una investigación en alguna dependencia aparecen más líneas para indagar.Mientras tanto, hoy se dará a conocer si existen elementos para vincular a proceso a Miguel Castro, Daviel Trujillo y Salvador Rizo, ex secretarios de Desarrollo e Integración Social, quienes fueron acusados por la Fiscalía Anticorrupción por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.Están señalados por subsidiar con casi seis millones de pesos a asociaciones civiles que tenían servidores públicos entre sus miembros.Desde que arrancó su operación hace un año y siete meses, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Jalisco inició dos mil 157 carpetas de investigación por presuntos hechos de corrupción. De esa cantidad, terminó 155 y todavía no hay señalados tras las rejas.El organismo compartió mediante Transparencia que, entre febrero y diciembre de 2018, abrió mil 456 carpetas de investigación, de las cuales culminó 122: 65 están en archivo temporal, 52 en facultad de abstención, cuatro en suspensión condicional y una con “no ejercicio de acción penal”.Del 1 de enero al 30 de septiembre de este año, la Fiscalía inició 701 carpetas, de las cuales terminó 33: 21 por facultad de abstención, 11 se enviaron al archivo temporal y una por suspensión condicional.Gerardo de la Cruz Tovar, fiscal Anticorrupción, detalla que cuentan con más de mil 100 carpetas abiertas y que concluir una etapa de investigación no quiere decir que acabe totalmente la indagatoria, ya que los casos tienen muchas vertientes y líneas a seguir, con delitos independientes.Acentúa que muchos de los asuntos que se investigan ocurrieron hace más de seis años. Incluso en algunos no tienen conocimiento de fechas, por lo que ha sido difícil para integrar los expedientes. Por ejemplo, cuenta que recientemente no lograron vincular a una persona a proceso porque, aunque tenían más de 30 datos de prueba, no acreditaron circunstancias de modo, tiempo y lugar.Hace unos días, el titular de la Fiscalía compartió que el caso de los ex titulares de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), Miguel Castro, Daviel Trujillo y Salvador Rizo, quienes podrían ser vinculados a proceso por uso indebido de atribuciones y facultades, lo comenzaron a investigar por una denuncia presentada por la contralora del Estado, Teresa Brito, tras el proceso de entrega-recepción. La contralora identificó algunos supuestos de faltas administrativas y mal manejo de procesos, por lo que la Fiscalía indagó la forma en la que se dieron los apoyos a las asociaciones civiles, en relación a quienes las integran.Indica que en este caso, donde se causa un quebranto patrimonial al Estado, los señalados deben resarcir el daño pagando la reparación del mismo.Pese a los señalamientos de “juego político”, el fiscal responde que han procurado mantenerse al margen y defiende que la Fiscalía a su cargo tiene autonomía.Acepta que faltan más resultados y adelanta que este año tienen como reto abrir más agencias del Ministerio Público en Puerto Vallarta.Agrega que la cultura contra la corrupción y los resultados no son rápidos, sino que es un proceso que se tiene que consolidar a través de los años.El Consejo de la Judicatura se ubica en segundo lugar con el mayor número de carpetas de investigación abiertas por presuntos hechos de corrupción, con 231 expedientes: 149 de este año y 82 de 2018.Gerardo de la Cruz Tovar declaró en junio pasado, cuando el Consejo registraba apenas 120 carpetas de investigación, que la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco tenía 50 denuncias contra jueces, de las cuales 10 podrían ser “verdaderos actos de corrupción”.También crecieron las investigaciones que involucran a funcionarios del Ayuntamiento de Guadalajara. Este año, el Gobierno tapatío acumula 105, cuando el año anterior sumó 95.El Ayuntamiento de Zapopan lleva 65, 10 más que las de 2018; y Chapala registra 42, mientras que el año pasado sólo tuvo una.La Secretaría de Seguridad Pública acumula 33 denuncias, cuando el año anterior no figuró en la lista, y el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) suma 23 en total.La Dirección de Control de Procesos y Audiencias de las Agencias del Ministerio Público de la Fiscalía responde que algunas de las carpetas que se encuentran en integración en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción fueron remitidas a la Fiscalía General, por ser de su competencia.Jesús Ibarra, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, coincide que el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción ha sido positivo. Sin embargo, no logra tener dos características que la harían más eficiente. Por un lado, tendría que ser totalmente autónoma del Ejecutivo. “Por una razón, porque entonces, muy probablemente lo que veamos son investigaciones de otros sexenios y no del poder en turno. Están los tres ex funcionarios de Sedis, pero siguen las dudas sobre qué ha pasado con ‘A toda Máquina’, que es del sexenio actual”.El académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) remarca que si eso no se logra, seguirán las sospechas de que pudiera existir un uso político.El otro punto es que debería tener capacidad para recuperar activos y seguir el rastro del dinero. Para ello se requiere plantear una reforma a la Ley Orgánica y el Código Penal.Menciona que este año, la Fiscalía Anticorrupción investiga desvíos por alrededor de mil millones de pesos. Y si lograra recuperar el dinero robado en hechos de corrupción, podría cubrir con ello el presupuesto que requiere para operar. La bolsa para este año es de 63.5 millones.La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción comunica que la Fiscalía General de Jalisco sigue siendo la más señalada por corrupción, con 223 carpetas de investigación abiertas, mientras el año pasado registró 481.Las cifras se deben a que la Fiscalía Anticorrupción estaba recibiendo casos por el delito de tortura, pero los hechos no estaban relacionados con actos de corrupción.Para combatir esta situación, el pleno del Congreso del Estado aprobó en junio pasado modificaciones al Código Penal estatal y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), para redefinir los delitos por hechos de corrupción.La desaparición forzada de personas y la tortura se agregaron al Título Séptimo Bis denominado “Delitos cometidos por servidores públicos o particulares contra la integridad física y mental de las personas”. En el caso de las denuncias por tortura, ahora son enviadas a la Unidad Especializada en Delitos de Tortura de la Fiscalía General. El delito es imprescriptible y se sanciona hasta con 20 años de prisión.En junio pasado, De la Cruz Tovar comentaba que a pesar de que ya no debían investigar casos de tortura, aún dan seguimiento a denuncias por el delito de abuso de autoridad, pese a que muchas de las fracciones de éste no son competencia de la dependencia a su cargo. Augusto Chacón (coordinador de Jalisco Cómo Vamos).Augusto Chacón considera que, en términos generales, va bien la labor que está realizando la Fiscalía Anticorrupción. Recuerda que, al principio, se tuvieron problemas por las dificultades presupuestales y administrativas, pero han avanzado tras el aumento del presupuesto y más contratación de personal.En ese sentido, afirma que el caso de los ex secretarios de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis) será una muestra de la labor de la dependencia.“Que los Ministerios Públicos hagan las investigaciones correctas, profundas y creíbles, y que logren vincular a proceso. A partir de allí, le tocará al Poder Judicial dictar sentencias o exonerar. Ahorita el trabajo de los Ministerios Públicos y del mismo fiscal se pone en la vitrina, son los momentos para ver la calidad de su labor”.Abunda que, aunque sean tres ex secretarios los señalados, también se debe revisar quiénes recibieron ese recurso y qué hicieron con él. “Es importante que no nos quede duda de que pudiera haber un trasfondo político, que sea una investigación creíble, conocer qué pasó con toda la cadena de mando que les llevó a firmar los papeles, si había comités para evaluar, convocatorias, reglas de operación…”.Añade que se debe consolidar el Sistema Anticorrupción para que en las investigaciones se añada a las redes que estén involucradas en estos actos, como organizaciones y empresas.Fuente: Transparencia Fiscalía Anticorrupción.La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción respondió vía Transparencia que no puede informar en cuáles áreas, coordinaciones o direcciones laboran o laboraban los servidores públicos señalados por presuntos delitos de corrupción, pese a que en la solicitud de información no se requirieron nombres ni datos personales.En su décima sesión extraordinaria, el Comité de Transparencia de la Fiscalía indicó que los datos no podían ser proporcionados a través del ejercicio del derecho al acceso a la información pública, por constituir información determinante con relación a las carpetas de investigación solicitadas.“En virtud de que es considerada como información protegida, susceptible de ser clasificada como de carácter reservada… y tratada como de carácter confidencial. El carácter de información reservada deviene porque es un dato inmerso en registros que conforman una carpeta de investigación no concluida”.El Comité argumenta que al dar a conocer algún pormenor, previo al momento procesal en que deben hacerse del conocimiento a los involucrados, especialmente al imputado, se puede entorpecer u obstaculizar la investigación que lleve a cabo el Ministerio Público con el auxilio de sus colaboradores.El Consejo de la Judicatura Federal castigó a 148 jueces y magistrados de circuito en los últimos siete años debido a presuntos actos de corrupción, abuso de poder, acoso sexual y vínculos con la delincuencia organizada, según publicó este medio en septiembre pasado.Mediante Transparencia, el Consejo reportó que en ese periodo fueron castigados 77 jueces y 71 magistrados. Entre éstos se encontraban 12 juzgadores adscritos a Jalisco.Uno de los casos más polémicos fue el del magistrado Isidro Avelar, a quien le congelaron sus cuentas bancarias y lo suspendieron por seis meses sin goce de sueldo por presuntos nexos con un cártel de la droga.Por otra parte, de 2013 a 2019, el Consejo de la Judicatura de Jalisco aplicó otras 54 sanciones contra jueces por presuntos casos de corrupción.En la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019, 73.2% de los encuestados considera que los juzgadores son corruptos, mientras que 72.9% ve de la misma forma a los agentes viales. Esto significa que por primera vez los integrantes del Poder Judicial de Jalisco se colocaron como las autoridades más corruptas relacionadas con la seguridad pública y “superaron” a los agentes viales, quienes mantenían hegemonía en el rubro.
