Desde que la Fiscalía Anticorrupción comenzó labores, hace casi cinco años, 11 funcionarios de Jalisco han pisado la cárcel.El titular de la dependencia estatal, Gerardo de la Cruz Tovar, explicó que cinco de ellos se mantienen en esta situación. El resto ha logrado salir mediante diversos acuerdos, ya sea de reparación del daño o para llevar su proceso en libertad. Los que continúan en prisión preventiva son Susana “N”, auxiliar contable del Comude Guadalajara; José Eduardo “N”, exsubdirector de Tecnologías del SIAPA, y Arturo “N” y Juan Manuel “N”, policías de Tlajomulco de Zúñiga. De la Cruz Tovar recordó que gracias a las labores de la Fiscalía también se logró dictar sentencia a Antonio “N”, extitular de la Secretaría de Salud Jalisco, por el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. Aunque Francisco de Jesús “N”, expresidente del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal); Tito “N”, extitular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), y Fidel Armando “N”, también exdirectivo del Ipejal, llegaron a estar en la prisión como medida cautelar por diversas investigaciones en su contra, actualmente siguen su proceso en sus domicilios. Para el fiscal Anticorrupción, el haber logrado la vinculación a proceso de estos funcionarios “de primer nivel” representa los esfuerzos por abonar a la erradicación de la corrupción. Si bien un juez concedió que Francisco “N”, exdirector del Ipejal, no fuera vinculado a proceso por una carpeta de investigación que sigue la Fiscalía Anticorrupción (FEAC), el también exsecretario de Educación durante el mandato de Jorge Aristóteles Sandoval deberá permanecer en resguardo domiciliario.Así lo dio a conocer en entrevista el fiscal Anticorrupción Gerardo de la Cruz, quien explicó que se siguen dos carpetas de investigación, y que sólo en una de ellas fue donde se negó la vinculación.De la Cruz Tovar señaló que en contra de Francisco de Jesús “N” se integran dos carpetas de investigación: la primera por inversiones realizadas con fondos del Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro (Sedar), en la cual fue vinculado a proceso el 2 de agosto de 2022 y como medida cautelar se le impuso la prisión preventiva.Una segunda investigación fue abierta por inversiones realizadas con fondos del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), por la cual fue vinculado a proceso el 3 de noviembre de 2022; como medida cautelar también se le impuso prisión preventiva.Sin embargo, recordó, “por motivos de salud se modificó la medida cautelar a resguardo domiciliario”.Fue el 20 de diciembre pasado cuando se resolvieron en su favor dos juicios de amparo (acumulados) en contra de la primera de las carpetas antes señaladas, por lo que el juez de distrito ordenó la no vinculación a proceso, dejando sin efectos la medida cautelar de prisión preventiva justificada.Gracias al amparo interpuesto por Francisco “N”, se pueden advertir dos argumentos que sirvieron de fundamento para concederle la protección federal: “que no está acreditada la calidad de servidor público, pues su intervención en Pensiones del Estado era de naturaleza honorífica” y “que no había una superioridad jerárquica entre él y los integrantes del Comité de Inversiones”, indicó la FEAC mediante un comunicado.Sin embargo, dijo De la Cruz Tovar, no son compartidos por la Fiscalía Especializada, pues “ese cargo fue ocupado por Francisco “N” por ser secretario de Educación del Estado de Jalisco, además de que, “al ser presidente del Consejo de Administración, era obvio que tenía superioridad respecto de los miembros del Comité de Inversiones”.Por tal motivo fue que se combatió la resolución mediante el recurso de revisión, el cual actualmente se encuentra en trámite ante un Tribunal Colegiado, añadió De la Cruz Tovar.Apenas el pasado 3 de abril se llevó a cabo la audiencia en la que se cumplimentó la ejecutoria de amparo y se determinó su no vinculación y se suprimieron las medidas cautelares.Sin embargo, detalló el Fiscal, esto no quiere decir que Francisco haya sido absuelto, pues como se ha señalado, está aún pendiente de resolverse el recurso de revisión, y la FEAC aún tiene facultades de formular una nueva imputación.Añadió que, en la segunda carpeta, iniciada por las inversiones relacionadas con los fondos de Ipejal, no ha cambiado su situación jurídica, por lo que continúa vinculado a proceso y a disposición del Juez de Control, sujeto a la medida cautelar de resguardo domiciliario. Ayer se llevó a cabo una audiencia de tutela de derechos, en la cual la defensa de Antonio “N”, extitular de la Secretaría de Salud durante la gestión de Jorge Aristóteles Sandoval, solicitó al juez que lleva el caso una nueva presentación de pruebas sobre el mismo, que el Ministerio Público no había querido admitir.“En esta audiencia la defensa fue ante el juez para decir que no le hemos admitido algunos datos de prueba, no es la audiencia intermedia. En este caso, hizo algunas solicitudes al agente del Ministerio Público para recabar algunas constancias, según los datos de prueba, pero el Ministerio Público, que tiene la facultad de analizar y determinar si son conducentes o no esos datos de prueba, al considerar que no lo eran, no las admitió. La defensa no estuvo de acuerdo con esa resolución y acudió ante el Juez de Control donde se discutió la procedencia o no de estos datos”, explicó el fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar.Lo anterior, dijo, se llevó a cabo como parte de una segunda carpeta de investigación que se tiene en su contra por el delito de peculado por haberse ausentado de sus labores en 2016 y 2017, sin tener permiso o gozar de vacaciones, pero cobrando su salario como secretario de Salud de la entidad.Es decir, se trata de una investigación adicional a aquella por la cual ya se le dictó una sentencia de nueve años en prisión por delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades en la compra irregular de equipos de videovigilancia.De la Cruz Tovar recordó que la defensa de Antonio “N” presentó una apelación a dicha sentencia, constituyéndose como “una defensa muy activa que ha presentado muchos recursos y amparos” para librarlo de prisión. Por ejemplo, dijo, hasta la fecha en la que se consiguió llevarlo a prisión, señaló el fiscal, sus abogados contaban con más de 130 amparos.TELÓN DE FONDOEl pasado 15 de diciembre, este medio dio a conocer que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que gracias a los acuerdos reparatorios alcanzados con funcionarios procesados, se han logrado recuperar más de 13.4 millones de pesos por daños, explicó Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar.De ellos, dijo, 5.6 millones de pesos se obtuvieron vía extrajudicial, pagados a las víctimas directas, sean personas o dependencias públicas, afectadas por la actuación de los servidores públicos.Hay ocasiones en que el particular que resulta afectado sólo quiere llevar a los infractores ante el juez, pero en esos casos buscan que los donativos se hagan a asociaciones civiles, como Nariz Roja o Cruz Roja. “Para que el servidor público sepa que tiene un costo obrar de una manera inadecuada. Un total de 41 personas han estado vinculadas y gracias a la reparación del daño han logrado la suspensión condicional de proceso”.GUÍAFrancisco “N”, extitular del Ipejal Enviado a prisión preventiva el pasado 27 de julio tras ser investigado por desfalcos e inversiones fallidas en el caso Abengoa que podrían ascender a 250 millones de pesos en detrimento del Ipejal. Vinculado a proceso el 3 de agosto pasado con prisión preventiva, pero el día 16 de diciembre del año 2022 dejó la cárcel para llevar su proceso en resguardo domiciliario por cuestiones de salud. Felipe “T”, extitular de la Comisión Estatal del Agua Enviado a prisión preventiva por un periodo de seis meses, el pasado 25 de julio de 2022, tras ser vinculado a proceso por una investigación en la cual se señalan irregularidades en el ejercicio de sus funciones durante su gestión en la administración de Aristóteles Sandoval Díaz. El 23 de enero pasado un juez permitió que siga su proceso en resguardo domiciliario. Antonio “C”, exsecretario de Salud JaliscoDetenido el pasado 13 de abril por el desfalco hecho en la pasada administración al sector salud que asciende a 605 millones de pesos. Corren dos investigaciones en su contra por las cuales se le dictaron dos medidas de prisión preventiva por el lapso de seis meses. El 3 de octubre pasado le fue dictada una sentencia de nueve años de cárcel y la inhabilitación por seis años para ocupar cargos públicos por la carpeta que indagaba el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.El Fiscal Anticorrupción, Gerardo de la Cruz Tovar, explicó que actualmente la dependencia mantiene al menos tres carpetas de investigación abiertas por posibles actos de corrupción entre policías viales y grúas.El Fiscal no detalló cuántos elementos podrían estar involucrados, pues dijo que en una carpeta de investigación puede señalarse a más de un elemento.Recordó que estas carpetas fueron abiertas gracias a las denuncias ciudadanas y los reportes hechos por distintos medios de comunicación, en los cuales se han dado a conocer los posibles vínculos entre policías viales y diversos servicios de grúas, que operan bajo sobornos a automovilistas para evitar que sus vehículos sean llevados al corralón por estar mal estacionados.Por ejemplo, este medio de comunicación dio a conocer el pasado 13 de junio la forma en la que, de acuerdo con ciudadanos, operan los agentes y grulleros a modo de “cacería” en zonas como Chapalita, Providencia, mercado de Abastos y Valdepeñas, entre otras.Según los testimonios, los agentes aplican la ley a modo para ordenar a las grúas que retiren los autos mal estacionados, pero luego estos son paseados por la zona en busca de que la persona propietaria salga y reconozca el automotor como suyo para “negociar” un pago por bajarlo de la plataforma. Los costos pueden ir de los 400 a los 700 pesos según la zona donde se aplique “la barredora”.
