El próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador anunció reformas constitucionales para establecer la naturaleza, los alcances y las competencias de la Guardia Nacional, a fin de facilitar su actuación en el contexto del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024.El Plan está basado en varios ejes con los objetivos de repensar la seguridad nacional y reorientar el papel de las Fuerzas Armadas, crear una Guardia Nacional y establecer coordinaciones regionales.El planteamiento es avanzar a una perspectiva de respeto a las libertades y los derechos humanos.De acuerdo con la exposición de motivos, la violencia, los asesinatos y la criminalidad en México han llegado a niveles históricos y el país está entre los más inseguros del mundo. "La pobreza, la marginación y la falta de servicios educativos y de salud se encuentran en la base de este auge delictivo que enfrenta México", resalta."Es necesario abandonar la visión autoritaria y el uso de la fuerza como estrategia". Además, es necesario ensanchar la soberanía de los individuos y de las colectividades. Es indispensable, continúa, formular nuevos paradigmas de seguridad nacional, interior y pública, prevención del delito, procuración e impartición de justicia, restablecimiento del estado de derecho y reinserción de infractores.La extensión y el poder de los grupos criminales en México sólo pueden entenderse por la corrupción y las redes de complicidad institucional, destaca.Una de las condiciones fundamentales para hacer frente a la inseguridad y la violencia es erradicar la corrupción, con lo cual los índices delictivos se reducirán en forma sustancial.Hay que tipificar la corrupción como delito grave. Establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos; eliminar el fuero; erradicar los paraísos fiscales; monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones; y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición. Hay que debilitar o colapsar las finanzas del crimen organizado y reducir el lavado de dinero.La reducción de la pobreza, la marginación y la desintegración familiar y social ofrecerá una base perdurable para disminuir la comisión de delitos de toda clase. Con programas de desarrollo y bienestar sectoriales, el gobierno fortalecerá el sector social de la economía e impulsará su entrada en energía y telecomunicaciones.Las violaciones a los derechos humanos se multiplican y perpetúan en la impunidad. Tipificar como delitos, con sanción definida, los incumplimientos de recomendaciones de las Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos.Construir una cultura de Derechos Humanos tanto en los planes oficiales de estudio como en los instrumentos publicitarios de las distintas instancias de gobierno. Se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado. El nuevo gobierno no permitirá que se cometan actos ilegales desde el poder y se investigará cualquier denuncia de violación a los derechos humanos.Se impulsará, por los medios legales disponibles, la liberación de quienes, sin haber cometido acciones violentas, se encuentren en prisión por motivaciones políticas, así como la extinción de imputaciones y causas penales originadas por la participación de los acusados en actos de resistencia legal y pacífica.La pobreza, la marginación, la negación regular de derechos básicos y la falta de horizontes de realización que se deriva de la supresión de los mecanismos de movilidad, han generado un resentimiento social que forma parte de la crisis de valores y de convivencia. Ese resentimiento y esa crisis, son, a su vez, uno de los componentes del estallido de violencia y criminalidad.La regeneración moral es al mismo tiempo un medio y un propósito de la Cuarta Transformación. La Constitución Moral propuesta no pretende imponer conductas o valores a nadie sino ofrecer lineamientos de convivencia entre individuos y deberes para con la colectividad.La regeneración ética será la intención ejemplificante de un ejercicio de gobierno austero, honesto, transparente, incluyente, respetuoso de las libertades, apegado a derecho y sensible a las necesidades de los más débiles. La regeneración ética se traducirá en la opción preponderante por los métodos pacíficos y la confianza previa en el buen comportamiento de la gran mayoría de las personas.Las prohibiciones actuales son tan discrecionales y arbitrarias que se aplican a la cocaína, la mariguana, la heroína, las metanfetaminas y el ácido lisérgico pero no afectan la producción y comercialización del alcohol, el tabaco, las bebidas con contenido de taurina y la cafeína ni al libre consumo de ciertos antidepresivos y somníferos.Tal prohibición es ineficaz desde el punto de vista de la salud pública y estimula al narcotráfico al favorecer mayores márgenes de utilidad y de rentabilidad por la producción, distribución y venta de drogas prohibidas.La "guerra contra las drogas" escaló un tema de salud pública, como es el consumo de sustancias prohibidas, hasta convertirlo en un asunto de seguridad pública.El narcotráfico es un negocio transnacional en el que nuestro país es productor de mariguana, amapola y metanfetaminas, pero también territorio de tránsito y transporte de la cocaína sudamericana.La idea de levantar la prohibición de las drogas actualmente ilícitas tiene implicaciones internacionales insoslayables porque México es vecino de Estados Unidos, el mayor mercado de drogas en el mundo, con 27 millones de consumidores habituales y decenas de miles de muertes anuales por intoxicación y sobredosis.La única acción realista para reducir los niveles de consumo de drogas reside en reorientar de manera negociada y bilateral los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas -masivos, pero personalizados- de reinserción y desintoxicación.La estrategia policial y belicista ha provocado una tragedia humana y social de gravísimas dimensiones: más de 200 mil personas han sido asesinadas y más de 37 mil se encuentran desaparecidas. México se ha convertido en un país de víctimas.En la Consulta Nacional y los Foros de Escucha para la Construcción de la Paz y la Reconciliación Nacional quedó claro que no se ha hecho justicia a la enorme mayoría de los muertos, los lesionados, los torturados, los ausentes y los desplazados y que los delitos correspondientes han quedado impunes.Se buscará la construcción de la paz y la reconciliación con base en la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición de los crímenes cometidos.La regulación de los estupefacientes actualmente prohibidos puede incidir en una reducción de las adicciones, en una significativa disminución de márgenes de utilidad y de base social para el narcotráfico y, por consiguiente, en una perceptible atenuación de la violencia.Es necesario emprender un proceso de pacificación y adoptar modelos de justicia transicional que garanticen los derechos de las víctimas, esto es, de leyes especiales para poner fin a las confrontaciones armadas y posibilitar el desarme y la entrega de los infractores; para ello se debe garantizar sus derechos, ofrecerles reducciones de penas e incluso amnistías, condicionadas a la aprobación de las víctimas -sean personas o colectividades- y proponerles un cambio de vida.Es necesario poner en marcha procesos de desarme, desmovilización y reinserción social con condicionamientos claros:El sistema penal del país enfrenta graves distorsiones. Es necesario recuperar el control de los penales de manos de la delincuencia y separar a los imputados de los sentenciados, garantizar que la cárcel no sea un doble castigo para las mujeres, dignificar las condiciones de alojamiento, salud y alimentación de los reclusos y garantizar en general el respeto a sus derechos humanos.JM
