“Les pedimos que nos ayuden porque hay que hacer una reforma constitucional”. Fueron parte de las palabras de Andrés Manuel López Obrador al presentar el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en el que se pretende la creación de una Guardia Nacional para combatir la violencia e inseguridad, integrada por las Policías Militar, Naval y Federal. “Nuestra propuesta es la creación de la Guardia Nacional. Existe una con estas características en otros países, con la particularidad de que está a cargo de las Fuerzas Armadas. Es el caso de la Guardia Civil española… y de la gendarmería de Francia”.

Bajo el mando del Ejército, que seguirá en las calles, el país se dividirá en 266 coordinaciones territoriales. El próximo año comenzará con 150, pero el objetivo es que, en 2021, opere de forma integral hasta con 150 mil agentes (comenzarán con el reclutamiento de 50 mil elementos de manera progresiva).

Mientras se prevé que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechace la Ley de Seguridad Interior, que pretende darle un marco jurídico al Ejército en tareas de seguridad pública, se avecina otro debate legislativo para dar marcha a la Guardia.

Durante la presentación del plan, el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, expuso una síntesis de los ocho ejes que se pretenden ejecutar. Y el más importante es erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. “La delincuencia organizada no puede existir sin un grado de involucramiento de funcionarios públicos que ofrezcan un grado de protección e impunidad”. Por eso pretenden “tipificar la corrupción como delito grave y sin libertad bajo fianza”.

Otro de los puntos busca reformular el combate a las drogas y reorientar los recursos confiscados a delincuencia para aplicarlos a la reinserción social y desintoxicación de adictos. Durazo expuso que, con la regulación de algunos estupefacientes, como la mariguana, “se pondrá fin a uno de los motores de la inseguridad y del quebrantamiento del Estado de Derecho”.

El próximo secretario de seguridad remarcó que existe la posibilidad de una “amnistía condicionada” para delincuentes o infractores. En el sexto punto del Plan Nacional de Paz y Seguridad se subraya que “el perdón de las víctimas y la contrición sincera de los victimarios resultan pasos previos indispensables para las negociaciones. ¿Qué ofrecer a los delincuentes para que dejen de delinquir? En primer lugar, un aumento en la esperanza de vida; en segundo lugar, la posibilidad de llevar una vida tranquila; en tercero, la posibilidad de que encabecen negocios legales y regulares; y en cuarto, alcanzar la respetabilidad social”.

Definen ruta para Guardia Nacional; Ejército y Marina tendrán el mando 

El diputado Mario Delgado, coordinador del grupo parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), planteó anoche las reformas a diversos artículos de la Constitución para darle forma a la Guardia Nacional, con el propósito de combatir a la delincuencia organizada. Se trata, afirmó, de una reforma constitucional para establecer la naturaleza, alcances y competencia de la corporación para facilitar su actuación en el Plan Nacional de Paz y Seguridad. La fuerza será capaz de enfrentar el desafío de la inseguridad y la violencia, resaltó el legislador.

La Guardia provendrá de las Policías Militar, Naval y Federal, así como de nuevos elementos. En su formación estará siempre “el apego a los derechos humanos”.

En su exposición, indicó que desde finales de 2006, México pasa por una crisis de violencia e inseguridad, que causa un enorme sufrimiento social e inhibe el desarrollo. Y citó tres factores principales: las políticas económicas instauradas desde hace 30 años, la creciente corrupción y la aplicación de una estrategia rotundamente fallida en materia de seguridad y combate a la delincuencia. Destacó que, a comienzos de este siglo, se formó la Policía Federal, pero seis años más tarde el Gobierno de Felipe Calderón decidió involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, a pesar de que fue cuestionada tal medida. “No hubo avances en el mejoramiento de los cuerpos de seguridad en las dos administraciones pasadas”. El resultado, acentuó, fue que se fortalecieron los grandes grupos delictivos, en pequeñas células.

Advirtió que las fuerzas armadas, involucradas en el combate a la delincuencia organizada, siguen careciendo de un marco legal para participar en las tareas de seguridad pública, y como consecuencia, han padecido la pérdida de sus integrantes y han sido distraídas de sus funciones constitucionales. Sin embargo, subrayó, en la crisis de violencia que enfrenta el país, el Estado no pude garantizar la paz sin el concurso de las Fuerzas Armadas. “El retiro de la Marina y los militares colocarían a los ciudadanos ante una total indefensión ante la delincuencia”.

LAS CLAVES OPERATIVAS

1.- Guardia Nacional

Se solicitará al Congreso de la Unión la modificación de los términos de la fracción XV del Artículo 76 constitucional y de otras disposiciones legales a fin de conformar la Guardia Nacional como instrumento primordial del Ejecutivo federal en la prevención del delito, la preservación de la seguridad pública, la recuperación de la paz y el combate a la delincuencia en todo el país.

La Guardia actuará en forma semejante a corporaciones como la Gendarmería Nacional francesa, una fuerza armada responsable de las misiones de policía, y la Guardia Civil española, instituto armado de naturaleza militar que cumple funciones de seguridad pública.

Los efectivos provendrán de las Policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal, y adicionalmente se convocará a civiles y a elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos, los cuales recibirán formación y adiestramiento en planteles militares, de acuerdo con un plan de estudios elaborado en forma conjunta por las secretarías de Defensa Nacional, Marina, Gobernación y Seguridad Ciudadana.

Se establece un plazo de tres años para que la nueva corporación alcance el pleno funcionamiento institucional y operativo.

2.- Coordinaciones nacional, estatales y regionales

El mando operativo de estas Coordinaciones de la Guardia Nacional estará a cargo de oficiales del Ejército y, en las zonas costeras, de la Armada.

A cada una de las 266 regiones en las que se dividirá el país se destinarán otros tantos destacamientos de la Guardia Nacional. La designación de elementos será en función del número de habitantes e incidencia delictiva.

Estarán conformadas por un representante del Gobierno federal y uno de la Fiscalía General de la República, el mando militar regional, autoridades locales y municipales, así como de Derechos Humanos.

3.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana

Tendrá las funciones de coordinar al Gabinete de Seguridad, planificar las políticas públicas de seguridad y paz, actuar como representación del Presidente de la República en las sesiones de la Coordinación Nacional cuando el jefe de Estado se encuentre ausente, elaborar la normatividad respectiva verificar su cumplimiento, vincular y articular a las autoridades federales con las estatales y municipales, atender demandas de contención de conflictos sociales y operar los sistema nacionales de Protección Civil y penitenciario.

Se invitará respetuosamente a participar a la Comisión Nacional de los Derechos humanos.

Se convocará a las asociaciones civiles y organismos ciudadanos a sumar su esfuerzo y experiencia para garantizar resultados óptimos.

Prevén una posible amnistía “condicionada”

Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad, que incluye la creación de una Guardia Nacional, así como la posibilidad de “amnistía condicionada” para delincuentes.

Remarcó que es imperativo hacer un alto para considerar y debatir la necesidad de emprender un proceso de pacificación con las organizaciones delictivas y adoptar modelos de justicia transicional, con la intención de garantizar los derechos de las víctimas.

En el sexto punto del Plan Nacional, denominado Emprender la construcción de la paz, se precisa que, de cara a las medidas de pacificación, “debe señalarse que la regulación de los estupefacientes prohibidos puede incidir en una reducción significativa de las adicciones y en una mejoría en las condiciones de los adictos”. Sin embargo, se contemplan los procesos de desmovilización, desarme y reinserción.

“El perdón de las víctimas y la contrición sincera de los victimarios resultan pasos previos indispensables para las negociaciones. ¿Qué ofrecer a los delincuentes para que dejen de delinquir? En primer lugar, un aumento en la esperanza de vida: los integrantes de las organizaciones criminales suelen morir jóvenes y de manera violenta, y ensanchar las perspectivas de la existencia resulta una posibilidad que casi todo mundo ambiciona. En segundo lugar, la posibilidad de llevar una vida tranquila y sin sobresaltos; en tercero, la posibilidad de que encabecen negocios legales y regulares. En cuarto, alcanzar la respetabilidad social. Ésta es la manera en la que actuó el Gobierno de Estados Unidos en los años 30 del siglo pasado para acabar con las mafias que asolaban sus ciudades. De ese proceso surgió la bonanza en Atlantic City, Las Vegas, Miami y otros centros de inversión. A la luz de las lógicas de pacificación, deben ser revisados los expedientes de los acusados y sentenciados”, remarca el documento.

En este punto se añade que se creará el Consejo de Construcción de la Paz, que será una instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen por la paz. “Contribuirá a articular las iniciativas gubernamentales en esta materia; difundirá la cultura de paz; promoverá estudios y propuestas y realizará conjuntamente con universidades estudios y propuestas sobre los vínculos entre la paz y la justicia, el desarrollo, los derechos humanos, la superación de la pobreza y la participación ciudadana. Asimismo, formará mediadores y asumirá la mediación de conflictos locales. En lo inmediato, revisará los resultados de los Foros de Escucha y promoverá y dará seguimiento a peticiones y a las propuestas más necesarias y viables”.

En un primer momento el Consejo se integrará, por invitación presidencial, con seis personas: tres en representación de instituciones públicas y otras tres en representación de la sociedad. Además de una jefatura de unidad que actuará ex oficio.

GUÍA

Más claves del plan

• Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia
• Proponer las reformas legales necesarias para tipificar la corrupción como delito grave y sin libertad bajo fianza.
• Crear la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés.
• Prohibir las adjudicaciones directas, investigar y clausurar las empresas “fantasma”.
• Establecer la obligatoriedad de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos.
• Eliminar el fuero de altos funcionarios, fomentar la colaboración internacional tendiente a erradicar los paraísos fiscales, monitorear en línea y en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición.
• Centralizar las instancias de contraloría, fortalecer mecanismos fiscalizadores como la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación y funcionalizar la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• Por otra parte, se buscará que las diferencias de salarios entre un agente del Ministerio Público federal, un policía federal y un juez federal, actualmente abismales, sean mínimas, dependiendo del rango y los niveles.

Garantizar empleo, educación, salud y bienestar

• La generación de más fuentes de empleo, el cumplimiento del derecho a la educación para todos los jóvenes que deseen ingresar a los ciclos superiores, la inversión en salud y los programas de desarrollo económico en distintas zonas del país atacarán las causas profundas del auge delictivo, reducirán en forma significativa la base social que haya podido generar la criminalidad y restablecerán la confianza de los individuos en el colectivo.
• La reducción de la pobreza, la marginación y la desintegración familiar y social ofrecerá una base perdurable para disminuir la comisión de delitos de toda clase.
• Además de los programas de desarrollo y de bienestar sectoriales, regionales y coyunturales ya expuestos en diversas ocasiones, es necesario que el Gobierno fortalezca el sector social de la economía en la producción agropecuaria, la industria, el comercio y los servicios y auspiciar su surgimiento en los ramos de la energía y las telecomunicaciones.

Pleno respeto y promoción de los derechos humanos

• Es necesario realizar las modificaciones legales pertinentes para tipificar como delitos con sanción definida, los incumplimientos de recomendaciones de las Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos y garantizar la plena independencia de las segundas con respecto a las autoridades estatales.
• Asimismo, se incorporará el conocimiento de tales derechos en los procesos de formación de personal para las corporaciones policiales y militares y se difundirá la cultura de Derechos Humanos tanto en los planes oficiales de estudio como en los instrumentos publicitarios a disposición de las distintas instancias de Gobierno.
• Se erradicará la represión y nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado. El nuevo Gobierno no permitirá que se cometan actos de impunidad desde el poder, y se investigará cualquier denuncia de violación a los derechos humanos.

Regeneración ética de la sociedad

• En el ámbito de la seguridad pública y el combate a la delincuencia organizada, la regeneración ética se traducirá en la opción preponderante por los métodos pacíficos y la confianza previa en el buen comportamiento de la gran mayoría de las personas.

Reformular el combate de las drogas

• La alternativa inevitable es que el Estado renuncie a la pretensión de combatir las adicciones mediante la persecución de las sustancias que las generan y se dedique en una primera instancia a mantener bajo control las de quienes ya las padecen mediante un seguimiento clínico y el suministro de dosis con prescripción para, en un segundo paso, ofrecerles tratamientos de desintoxicación personalizados.
• La necesidad de cambiar de enfoque salta a la vista: la única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas residen en reorientar de manera negociada y bilateral los recursos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas (masivos, pero personalizados) de reinserción y desintoxicación.

Recuperación y dignificación de las cárceles

• Es necesario recuperar el control de los penales de las mafias que se enseñorean en éstos, combatir la corrupción de las autoridades carcelarias, establecer un régimen de respeto a los derechos de los internos, separar a los imputados de los sentenciados, garantizar que la cárcel no sea un doble castigo para las mujeres y dignificar las condiciones de alojamiento, salud y alimentación de los reclusos, todo ello en atención a recomendaciones de expertos nacionales e internacionales y en estricto acatamiento a las resoluciones emitidas en años recientes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

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