El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se despidió ayer del caso Ayotzinapa, en el que trabajó por más de ocho años. Sin embargo, señaló a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a la Secretaría de Marina (Semar), al Centro Nacional de Inteligencia (Cisen) y a las policías locales de tener una participación activa en la desaparición de los 43 normalistas los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.“Hubo un control absoluto para mantener una versión. Todas las corporaciones del Estado participaron, con distintos niveles de responsabilidad”, se destacó en el reporte que fue presentado ayer en la Ciudad de México. Según Ángela Buitrago y Carlos Beristain, miembros del GIEI, las Fuerzas Armadas y las corporaciones policíacas supieron en tiempo real lo que ocurría con los jóvenes, no los protegieron y falsearon información durante la investigación para esclarecer los hechos.En el Centro Cultural Tlatelolco, Beristain consideró que existe una intencionalidad que no deja aclarar los hechos o que oculta partes significativas para no encontrar justicia.“A pesar de la voluntad política inicial, cuando se llegó al núcleo duro de la verdad de nuevo prevaleció el ocultamiento”.A su vez, Buitrago aseguró que las acciones que niegan la verdad del caso impactan de manera psicológica a los familiares de los normalistas.Destapan la cloaca, señalan el fondo, pero siguen quedando lejos de llegar a él.La investigación oficial del Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto apuntó como “verdad histórica” que los 43 estudiantes desaparecidos del caso Ayotzinapa fueron detenidos por policías del municipio de Iguala, Guerrero, y los entregaron a criminales que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura. Pero el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha revisado el caso y echó para abajo la versión oficial, alegando que habría sido imposible que los quemaran en dicho lugar y concluyeron que varios estudiantes permanecieron vivos por días después de los hechos sucedidos en 2014. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) estuvieron presentes en los dos puntos donde desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, según el último informe del GIEI presentado ayer en la Ciudad de México, titulado “Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes”, con el que el grupo de expertos formado por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015, se despide del caso de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”. Este fue el sexto informe sobre el caso Ayotzinapa presentado por el GIEI, que en septiembre próximo cumple nueve años.“Conocimos algo que no se había dicho, que Sedena va al Palacio Municipal. Esto nunca lo dijeron antes”, dijo Ángela Buitrago (abogada colombiana), quien junto con Carlos Beristain (psicólogo español), ambos del GIEI, llevó el mando de la conferencia de prensa en el Centro Cultural Tlatelolco, donde organizaciones de la sociedad civil y padres de los normalistas colocaron una manta en la que exigen al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que “no cierre el caso Ayotzinapa y sí dar seguimiento a las cuatro líneas de investigación”.Las acciones de la Sedena pudieron ser establecidas gracias a la elaboración de un mapa de localización de comunicaciones que, según las antenas que recibieron señal de celulares, ubica a las personas que estuvieron en las zonas de movimiento aquella noche del 26 al 27 de septiembre.“Sabemos que Sedena se movió de diferentes maneras y nunca lo sostuvo en las entrevistas”, añadió Buitrago.También aseguraron que hubo comunicación “permanente” y “bidireccional” entre esta instancia y el C4 (Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicación).En el C4 se encontraban dos hombres de Sedena: uno de ellos recibía llamadas y otro manipulaba las cámaras y las direccionaba para que no se viera el paso de camionetas con estudiantes.En cuanto a la Semar, Buitrago y Beristáin detallaron que, aunque no hay información de que interviniera en los días 26 y 27 de septiembre, “sí lo hizo inmediatamente después”.Beristain dijo que otro punto clave es la actuación de la Secretaría de Marina.“Ellos dicen que participaron en cuestiones de seguridad perimetral, pero los miembros de la Marina detuvieron y torturaron a varios detenidos y con base en esa tortura se hizo la llamada versión histórica junto con SEIDO y la PGR. “Tuvimos información que realizaron un operativo de inteligencia de carácter reservado con un grupo especial de inteligencia del que no hemos conocido casi nada, llevando a cabo detenciones y torturas en el que hemos identificado el resultado de muerte de dos personas en esos operativos no se sabe quiénes son… solamente tenemos una fotografía”, señaló el español.Carlos Beristain subrayó que también hay cosas que no se han contado de la actuación de la Secretaría de la Defensa Nacional.“Se acuerdan que el año pasado mostramos un video de un dron. La actuación de la Sedena el 27 de septiembre fue ilegal. Sabemos que el lugar del basurero de Cocula en Guerrero es un escenario donde se construyó la llamada ‘versión histórica’, y hubo una intervención previa de Marina que no había sido contada y que encontramos en un video secreto", expresó.Beristain detalló que la Marina intervino después de los hechos del 26 y 27 de septimbre de 2014.“Asegurando lugares para que se pudieran hacer diligencias, y como saben, la participación de los buzos en el río San Juan, municipio de Cocula, donde se encontró una bolsa oficialmente el día 29 de septiembre del 2014, saben de la visita que hizo Tomás Zerón, quien se desempeñó como titular de la Agencia de Investigación Criminal, con un detenido el día 28. Todo eso nosotros lo descubrimos e hicimos público en nuestro segundo informe y una bolsa donde se encontraron los restos de Alexander Mora. Esa es la versión oficial”.FUERON DIVIDIDOS EN GRUPOS DE TRESEl GIEI concluyó ayer sus trabajos ante la imposibilidad de avanzar más por la opacidad de las autoridades, principalmente las Fuerzas Armadas, estableció que llegaron al “avanzado entendimiento” de que los jóvenes fueron divididos en tres grupos y que después de eso, según declaraciones, habrían sido repartidos en otros grupos que “no fueron llevados a un mismo lugar”.La información sobre los lugares todavía no está clara y se contemplan varias posibilidades (cada vez más limitadas), pero detallaron que existe un mensaje cifrado de Sedena que contiene información sobre 11 detenidos.A través de un teléfono, una persona le pregunta a otra: “Comadre, ¿te tocaron los 11 detenidos del desmadre de ayer o sabes dónde están los 11 detenidos que llevaron ayer a Chilpancingo?”.También cuentan con comunicaciones que señalan que tienen a 17 personas detenidas y que las van a entregar. Un documento del 4 de octubre de 2014 indica que los estudiantes están en una cueva, pero no se dan mayores detalles.“Otros lugares aún están siendo investigados”, agregó Buitrago.Al final de la presentación, Buitrago y Beristain remarcaron la insistencia por parte de las Fuerzas Armadas en ocultar cosas “que son obvias” y que provocaron que el grupo de expertos llegase a su límite, por lo que dan por terminado su trabajo “si las cosas no cambian”.“El GIEI regresó y se mantuvo diciendo que se abrirían todos los archivos. Se abrieron en parte, pero hay más información que es clave para avanzar. (Autoridades del Estado) actuaron y no protegieron, además saben y sabían lo que pasó”, sentenció Beristain.Continuó asegurando que, en referencia a que en septiembre de 2022 hubo una crisis porque la FGR bajó judicializaciones de miembros de Sedena, sin un compromiso “decidido” de la Fiscalía el caso no podrá aclararse.“Niegan los monitoreos, pero encontramos 16 documentos que hacen referencia a los movimientos”, señaló Buitrago.“El informe muestra los distintos niveles de implicación y responsabilidad de todas las corporaciones del Estado en la desaparición de los jóvenes, la Policía de Iguala y de Cocula actuaron en el escenario de la calle Juan N. Álvarez, incluyendo grupos de los médicos en la zona del Palacio de Justicia en los dos lugares donde se produjeron la detención y desaparición de los jóvenes”."El informe incluye todo lo que hemos investigado, descubierto, los obstáculos que hemos encontrado en el camino”, finalizó Beristain.TELÓN DE FONDOLos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan, en Guerrero, por integrantes del grupo Delincuencia Guerreros Unidos, porque fueron señalados de pertenecer a “Los Rojos”, grupo contrario.Esa es la “verdad histórica” aceptada por el Gobierno de Enrique Peña Nieo, que planteó el 27 de enero de 2015 el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, cuando en conferencia de prensa ofreció un informe sobre los últimos avances, hasta ese momento, del caso Iguala, acompañado de Tomás Zerón de Lucio, quien se desempeñaba como director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR (y huyó a Israel para evadir la acción de la justicia; permanece prófugo).Dicha verdad histórica se basa en declaraciones de Felipe Rodríguez Salgado, conocido como “El Terco” o “El Cepillo”, presunto miembro de Guerreros Unidos, quien habría participado en el secuestro, homicidio y desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.También se sustenta en dichos de Patricio Reyes Landa, “El Pato”; Jonathan Osorio Gómez, “El Jona”, y Agustín García Reyes, “El Chereje”, quienes fueron los primeros detenidos.De acuerdo con Tomás Zerón, Felipe Rodríguez Salgado fungía como jefe de sicarios de Guerreros Unidos. En coordinación con el subdirector de la Policía Municipal de Cocula, César Nava González, y su grupo de policías, facilitaban el trasiego de droga y evitaban que grupos antagónicos tuvieran presencia en el municipio.Su detención fue clave dentro de la investigación porque todos los testimonios lo señalan como quien dirigió la operación, conduciendo a las víctimas hasta el basurero, interrogándolas y dando la orden de ejecutarlas e incinerarlas. Según el entonces director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Rodríguez Salgado confesó su participación.26 de septiembre de 2014Felipe Rodríguez Salgado, “El Terco” o “El Cepillo”, jefe de sicarios de Guerreros Unidos, recibió una llamada en la cual le fue informado que un grupo antagónico, “Los Rojos”, estaba atacando Iguala y que debía trasladarse al lugar conocido como “Loma del Coyote”, donde le serían entregados unos “Paquetes”. Dicho “sustantivo” era utilizado para denominar a los “enemigos” cuando eran capturados.Una vez en “Loma del Coyote”, policías municipales de Iguala y Cocula le entregaron un grupo numeroso de estudiantes, que bajaron de las patrullas y subieron a dos camionetas, las cuales fueron conducidas hasta el basurero.En el basurero, se interrogó, ejecutó e incineró a los estudiantes. “Algunos de los detenidos venían amarrados con mecate, otros esposados y algunos venían golpeados ya ensangrentados; de policías pude apreciar que también venían entre 30 y 35 sin poder precisar ya que no los conté…”, declaró “El Terco”. Rodríguez Salgado narró paso a paso los acontecimientos de esa noche a partir de que le fueron entregados los estudiantes.Relató que él fue quien dio la orden a Patricio Reyes Landa, alias “El Pato”, de terminar con la vida de todos ellos, y que no quedara nada, por lo que quemaron inclusive los teléfonos celulares de los estudiantes. Después, “El Terco” se dirigió a la casa de Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, donde esperó hasta recibir más instrucciones.27 de septiembre de 2014Rodríguez Salgado regresó al basurero. Según el relato, cuando llegó, el fuego había reducido a cenizas a las víctimas. Patricio Reyes Landa, alias “El Pato”, le dijo que los cuerpos los pusieron en una plancha de llantas, leña y fueron quemados con diésel.Rodríguez Salgado instruyó a Reyes Landa a comprar bolsas de basura. Una vez recogidas las cenizas las fueron a tirar al río San Juan. En la operación participaron también, de acuerdo con la declaración, sicarios identificados como “Chequel”, “Wereke”, “Wasa”, “Pato” y “Primo”.Para la entonces PGR de Murillo Karam, con tales narraciones, asentadas en las declaraciones ministeriales, se consolidó el móvil: los estudiantes fueron señalados por los delincuentes de formar parte del grupo antagónico de la delincuencia organizada en la región. Esa fue razón por la que los privaron de la libertad, en un primer momento, y finalmente de la vida. La PGR identificó a José Luis Abarca Velázquez, María de los Ángeles Pineda Villa y Sidronio Casarrubias Salgado como líderes de la organización criminal “Guerreros Unidos”.Se trató de un crimen atípico, no solamente por la magnitud y violencia a la que fueron sometidas las víctimas, sino porque el nivel de participación y los roles que jugó cada uno de los autores fueron distintos, mencionó Zerón.La verdad histórica está basada en dictámenes Químico, Biológico, Entomológico, Balístico y Fotográfico. Además, se practicaron otros dictámenes, entre los que destacan: Antropología, Análisis de Voz, Asuntos Fiscales, Criminalística, Contabilidad, Psicología, Retrato Hablado, Traducción, Tránsito Terrestre, Valuación, Ingeniería, Arquitectura, Incendios, Medicina Forense, Topografía, Audio, Video, Dactiloscopia y Genética.Con las investigaciones, se determinó que el área total del fuego fue de 140 metros cuadrados aproximadamente, en una superficie cercana a los 15 por nueve metros cuadrados. En el basurero se encontraron diversos elementos que comprobaban la mecánica del suceso, como alambres de acero pertenecientes a las llantas que se quemaron, las rocas fracturadas y calcinadas, y los restos humanos carbonizados.
