Las 5 claves del caso Ayotzinapa tras siete años de la desaparición de los 43

Según el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), policías corruptos de Iguala, en el estado de Guerrero, detuvieron a los estudiantes de la escuela normal para maestros de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando tomaron autobuses para ir a una marcha el 2 de octubre en la capital.

La versión de la administración de Peña Nieto, que llamó "la verdad histórica", indica que los agentes entregaron a los estudiantes al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero del municipio de Cocula tras un ataque que dejó seis muertos además de los 43 desaparecidos.

Pero los familiares y una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuestionaron la "verdad histórica" al señalar que no pudieron quemar los cuerpos en ese lugar.

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El GIEI concluyó que "no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis" tras una indagatoria de seis meses en la que argumentó que el fuego que se hubiese generado en el vertedero habría generado una columna de humo de 300 metros que no podría pasar desapercibida para los habitantes de alrededor.

Asimismo, la Comisión de la Verdad, creada por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tras asumir en 2018, identificó en 2020 los restos de Christian Alfonso Rodríguez y en junio pasado de Jhosivani Guerrero en la barranca de la Carnicería, a un kilómetro del basurero y sin marcas de fuego.

Por ello, el Gobierno de López Obrador considera que este hallazgo "derrumba" la "verdad histórica" de Peña Nieto.

Además, las autoridades identificaron los restos de Alexander Mora en diciembre de 2014.

AMLO ha informado de un total de 80 detenidos por el caso, aunque la judicialización se ha obstaculizado por actos de tortura contra los presos, por lo que los jueces han liberado a algunos de los implicados.

Entre los arrestos ha habido integrantes del cártel de Guerreros Unidos y policías federales y municipales.

Uno de los principales detenidos, desde junio de 2020, es José Ángel Casarrubias, conocido como el Mochomo, identificado como cabecilla del cártel Guerreros Unidos y uno de los presuntos orquestadores de la desaparición.

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Por otro lado, el Gobierno reconoció en agosto pasado el asesinato de al menos ocho personas vinculadas al caso, entre ellos seis sospechosos no identificados, Moisés Brito "El Bandam", del cártel Guerreros Unidos, y su "brazo derecho" y uno de los presuntos operadores de la desaparición.

En tanto, en julio pasado, murió de COVID-19 uno de los líderes del cártel Guerreros Unidos, Mario Casarrubias, quien estaba preso por la desaparición.

Además de la búsqueda de los estudiantes, el actual Gobierno de México investiga el rol de funcionarios de la Administración pasada.

Por ello busca extraditar de Israel desde septiembre de 2020 a Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal, acusado de ocultar pruebas y torturar testigos del caso.

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Zerón se considera uno de los autores clave de la "verdad histórica".

Pero filtraciones del caso también han salpicado al Ejército, pues en enero pasado se filtró a la prensa el testimonio de "Juan", un testigo protegido.

Según su versión, militares participaron en una operación conjunta con policías y sicarios para detener a los estudiantes y otras 30 personas en el 27 Batallón de Infantería de Iguala, donde después los entregaron al cártel para su desaparición.

El año pasado, fue arrestado el capitán José Martínez Crespo, adscrito a dicho batallón, quien se convirtió en el primer militar enjuiciado por Ayotzinapa.

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