El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, afirmó que no se discutirá en el pleno el dictamen para disminuir la jornada laboral en México de 48 a 40 horas semanales. Esta medida fue avalada en la Comisión de Puntos Constitucionales el pasado martes y busca que sean obligatorios dos días de descanso por cada cinco trabajados. El legislador y también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) explicó que ya no hay tiempo para dar luz verde a la reforma en este periodo de sesiones, que debe concluir antes del 30 de abril, por lo que habría que esperar al próximo, que arranca hasta septiembre.“No, ninguna reforma constitucional (se cristalizará). ¿Por qué? Porque ya no nos da tiempo”, respondió a los cuestionamientos de los medios de comunicación. Además, pese a que la medida sólo fue rechazada por el Partido Acción Nacional (PAN), agregó que se deben armar consensos.“Ya no nos da tiempo de agendar (las reformas constitucionales), se tienen que construir en torno al dictamen, en tanto (es) una reforma constitucional, (con) los dos tercios (del Congreso), y eso requiere un consenso en la redacción del dictamen”, justificó.El cambio impulsado principalmente por el partido Movimiento Ciudadano (MC) es significativo porque México es uno de los países del mundo donde más horas se trabajan al año, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).De acuerdo con sus datos, los mexicanos trabajan dos mil 124 horas al año, por encima de Costa Rica (mil 913), Rusia (mil 874) y Japón (mil 598).En diciembre pasado, el Senado aprobó por unanimidad la reforma legislativa denominada “vacaciones dignas”, que amplía el periodo vacacional de los trabajadores de seis a 12 días desde el primer año laboral. Otro ajuste polémico que se avaló tras la sesión del martes fue la aprobación del dictamen de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que establece la eliminación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y lo sustituye por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, el cual actuará como entidad asesora del Ejecutivo federal.En la modificación se prevé que las becas priorizarán a investigadores de universidades públicas, lo que fue considerado por los opositores como una política discriminatoria.Aunque el Centro Empresarial de Jalisco se manifestó a favor de la reforma que reduce la jornada laboral, pidió que se implementen mesas de diálogo para analizar los impactos, ya que no es el momento oportuno para establecerla.La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avaló en la sesión del martes, con 27 votos a favor y cinco abstenciones, la reforma para reducir la semana laboral de seis días de trabajo por uno de descanso a cinco días de trabajo por dos de descanso.Ricardo Barbosa, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Laborales de Coparmex, comentó que esta iniciativa deberá ser analizada por los empleadores, ya que también implica una afectación de 386 mil millones de pesos al año.“Nosotros estamos a favor de todas las mejoras para el beneficio de los trabajadores, pero consideramos que no es el momento adecuado para esta reforma de gran envergadura”, afirmó. Agregó que el sector productivo no está listo para absorberla, porque se tienen altas tasas de interés, lo que genera un dinero caro para las empresas y su capital de trabajo. Además, está la incertidumbre de una recesión en Estados Unidos, problemas post COVID-19 en la regularización de operación de las empresas, la cadena de suministro todavía registra afectaciones, además de una gran falta de mano de obra.El empresario César de Anda, presidente del Consejo Consultivo para la Innovación, Crecimiento y Desarrollo Sostenible (Coincydes), consideró que la iniciativa tendría un impacto en los costos de producción de las empresas, “pero también se tiene que pensar en cómo elevar el nivel de vida de los trabajadores, antes y paralelo a ello, tenemos que ver cómo incrementar los sueldos a los que menos ganan”.CANACO GUADALAJARAAnte un escenario tan frágil como la escasez de oferta de capital humano y en consecuencia el aumento de los costos de contratación, sería incosteable para las empresas. Reducir los días laborales obligaría a pagar un día cada semana de horas extras, lo cual afectaría gravemente las finanzas de las empresasLa reforma constitucional colocaría en clara desventaja a las PYMES.En la víspera de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de la 65 Legislatura, la bancada de Morena y sus aliados del PT y PVEM en la Cámara de Diputados avalaron, en una sola sesión, ocho reformas, consideradas por la oposición como albazos legislativos.Cuatro fueron iniciativas que se votaron con dispensa de trámites en calidad de “urgente resolución” y las restantes fueron propuestas presidenciales que pasaron en fast track en Comisiones y de inmediato se turnaron al pleno.Jornada laboralLa aprobación de la reforma para reducir la jornada laboral en la Comisión de Puntos Constitucionales fue apenas el primer paso. Falta que la iniciativa sea aprobada en el pleno de la Cámara de Diputados, luego al Senado y finalmente a los congresos estatales. La modificación al artículo 123 constitucional significará reducir de 48 a 40 horas la semana de trabajo.El dictamen aprobado por legisladores de todos los partidos, excepto el PAN, fue turnado a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con la expectativa de discutirlo y votarlo hasta el mes de septiembre, en el próximo periodo ordinario de sesiones.SUNLos diputados de la mayoría de Morena, PVEM y PT avalaron en lo general, con 267 votos a favor, 222 en contra de PAN, PRI, MC y PRD y una abstención, extinguir al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y sustituirlo con el IMSS-Bienestar.Durante el debate, los legisladores de la oposición reprocharon que se aprobara una reforma de tal magnitud sin análisis previo en comisiones y en fast track, y sostuvieron que la reforma deriva del “rotundo fracaso” que tuvo ese proyecto.Morena y sus aliados aprobaron, en lo general, extinguir la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) y abrogar su Ley Orgánica, con 254 votos a favor, y en fast track, lo que representó el sexto albazo que los partidos oficialistas concretaron en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados que inició el martes.Los legisladores del PAN, PRI, MC y PRD emitieron 209 sufragios en contra porque consideraron que se violó el proceso legislativo, no se cuenta con los estudios necesarios para determinar la desaparición de la Financiera y dejará en el desamparo a miles de productores.El dictamen, que ayer fue aprobado también en Comisiones Unidas, señala que la FND otorgó créditos bajo un diseño que ignoró mecanismos de cobro eficaces, lo que provocó que se convirtiera en un organismo “atrofiado, incapaz de cumplir su objeto de impulsar el desarrollo rural, elevar la productividad y mejorar el nivel de vida de la población”.Por lo que “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de coordinadora de sector, a través de la Unidad de Banca de Desarrollo, será la responsable del proceso de extinción y liquidación”, en un plazo de 180 días naturales.Morena y sus aliados aprobaron reformar en fast track la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil, en materia de protección del Espacio Aéreo Mexicano, por 264 votos a favor y 217 en contra y una abstención.Los legisladores de la oposición lamentaron que las bancadas oficialistas se aprovechen de su mayoría para legislar “al vapor” por instrucciones del titular del Ejecutivo y señalaron que con las modificaciones a la ley se le otorgan mayores funciones a las Fuerzas Armadas, siguiendo la ruta de la militarización.“Se plantea que, ante la necesidad de brindar mayor seguridad en el espacio aéreo de nuestro país, se amplíen dentro de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Aviación Civil aquellas facultades que permitan a la Sedena actuar ante la ocurrencia de actos ilícitos en contra de las operaciones aeronáuticas que puedan afectar la seguridad nacional, en concurrencia con las autoridades civiles”, detalla la iniciativa.La bancada de Morena y sus aliados aprobaron votar como de “urgente resolución” y con dispensa de trámites, una reforma para garantizar que los títulos de asignación de vías férreas “deben mantenerse siempre en manos del Estado y que debe existir una temporalidad indefinida de estos”.La iniciativa, que se aprobó con 264 votos por parte de Morena, PT y PVEM, así como 216 sufragios en contra del PRI, PAN, PRD y MC, fue considerada por la oposición como una estrategia para facultar al Ejército la operación del Tren Maya de forma indefinida.“El Gobierno pretende ceder para siempre la administración del tren Maya al Ejército, la militarización no es ni será la solución, y que quede claro, no estamos es contra del Ejército ni de la Sedena, al contrario, reconocemos su gran labor, pero este Gobierno vulnera su prestigio y menosprecia la labor civil”, acusó la diputada Julieta Mejía, de Movimiento Ciudadano.El pleno de San Lázaro aprobó el dictamen que expide la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.Se avaló con 257 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como 208 sufragios en contra por parte de las bancadas del PRI, PAN, PRD y MC, y dos abstenciones de los diputados presentes de las distintas fracciones.La propuesta presidencial establece la eliminación del Conacyt, que será sustituido por el “Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación”, el cual actuará como entidad asesora del Ejecutivo Federal.La ley también prevé que las becas priorizarán a investigadores de universidades públicas, lo que fue considerado por los opositores como una política discriminatoria.Con dispensa de trámites, la bancada de Morena y sus aliados del PT y PVEM aprobaron como de “urgente resolución” la cuarta reforma en fast track el martes.Se trata de un proyecto que reduce el porcentaje máximo de descuento durante la venta de inmuebles propiedad de la Nación y que se avaló por mayoría de 259 votos a favor por parte de la bancada guinda y aliados, así como 220 sufragios en contra del PRI, PAN, PRD y MC, y una abstención.El proyecto establece que el máximo descuento en la venta de bienes inmuebles sea de 10% sobre el avalúo y no de hasta 40% como lo permite la ley actual. “Busca asegurar las mejores condiciones para el estado en cuanto a precio, transparencia y oportunidad en las licitaciones públicas que se celebran para la venta de inmuebles propiedad de la nación”, declaró la diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva, de Morena.El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la reforma del Presidente López Obrador por la que se faculta a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para contratar bienes y servicios.Se avaló con 260 votos por parte de Morena, PT y PVEM, así como 215 sufragios en contra del PRI, PAN, PRD y MC, además de dos abstenciones.Se trata de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que transfiere, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la SFP, la función de la contratación de bienes y servicios de las dependencias del sector público.La propuesta fue criticada por legisladores de oposición, quienes cuestionaron que la SFP no puede ser juez y parte porque su función central es vigilar el correcto uso de los recursos.La iniciativa también faculta a la SFP para “rediseñar” a los Órganos Internos de Control (OIC), a través de modificaciones en su estructura, y establece que sus titulares serán designados de manera directa.El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma del Presidente Andrés Manuel López Obrador para establecer que los recursos obtenidos por el impuesto que se cobra a los extranjeros por visitar México puedan ser destinados para invertir en proyectos ferroviarios o aeronáuticos, como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), entre otros, así como al Instituto Nacional de Migración (INM).El proyecto modifica diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley General de Turismo y suprime el apartado cuarto del artículo 45 de la Ley general de Turismo, que permitía que los ingresos fiscales por la recaudación del derecho de estancia a las personas extranjeras fueran enviados al Fondo Nacional de Fomento al Turismo.En su lugar, se establece que esos recursos irán al patrimonio de un fideicomiso público federal sin estructura que deberá ser constituido.Así, el 20% de la recaudación irá al INM “para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona”, mientras que el 80% restante “se destinará para proyectos e inversión en servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos, culturales, entre otros de diversa índole”.El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la designación de cinco titulares de Órganos Internos de Control en la Fiscalía General de la República (FGR), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a las Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).Todos los nuevos funcionarios fueron elegidos en votación nominal, para desempeñar el cargo del 1 de mayo de 2023 al 30 de abril de 2027, es decir, por cuatro años; y se les tomó protesta inmediatamente.Arturo Serrano Meneses fue designado como titular del Órgano de Control de la FGR, por 443 votos a favor; Manuel Rodríguez Murillo, para desempeñarse en el Inegi, por 439 votos en pro.Perla Lizeth Torres López obtuvo 452 sufragios positivos de los legisladores para acceder al cargo en el IFT; Alma Patricia Sam Carbajal, en el Inai, por 454 votos a favor; y Olivia Rojo Martínez, por 333 en pro, para la CNDH.Como parte del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, cada uno de los elegidos obtuvo mayoría calificada en la votación para acceder al cargo. Las designaciones fueron comunicadas al Ejecutivo Federal y a las presidencias de los Órganos Constitucionales Autónomos correspondientes.El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por 444 votos a favor, a las y los integrantes de la cámara baja que serán parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, durante el segundo receso del segundo año de ejercicio de la LXV Legislatura.El pleno de la Cámara de Diputados, declaró oficialmente clausurados los trabajos del segundo periodo del segundo año de la 65 legislatura.SUNMorena y sus aliados en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, Segunda, del Senado, aprobaron por mayoría de 11 votos a favor, cuatro en contra y siete abstenciones, la minuta de la Cámara de Diputados que reduce la edad para ser diputado, de 21 a 18 años, y para ser secretario de Estado, de 30 a 25 años.“Se debe superar la visión maniqueísta de considerar a los jóvenes como objetos o sujetos políticamente utilizables, simplemente como ninis, y transitar a reconocerles en su calidad de sujetos activos en el proceso político-democrático”, señala el dictamen.En el texto aprobado en comisiones también se argumenta que las reformas propuestas a los artículos 55 y 91 de la Constitución permitirán la inclusión de los jóvenes en la toma de decisiones, sin discriminación.El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, el senador de Morena, Rafael Espino, se pronunció en contra de la minuta, al señalar que el periodo qué pasa entre los 18 y los 21 años, y entre los 25 y los 30 es un proceso de madurez que no se debe soslayar.“No le encuentro realmente mucho sentido a la propuesta. No estoy de acuerdo, no le veo mucho sentido. Y si lo comparamos con el ámbito internacional, también veremos que en la mayoría de los países las edades para las diputaciones están entre el rango de los 21 y los 25 años, y no los 18 años”, indicó. El senador panista, Damián Zepeda explicó su voto en contra al subrayar que la vida nos va madurando y es normal que uno vaya experimentando y teniendo conocimiento.Las comisiones de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda del Senado, aprobaron en fast track una iniciativa de reforma que fue presentada apenas el 24 de abril y que busca establecer un sistema bursátil más competitivo y amplio, mediante la nueva modalidad de inscripción de valores denominada “simplificada” para incentivar la participación de pequeñas y medianas empresas.La reforma aprobada con el voto en contra del PAN, modifica la Ley del Mercado de Valores, donde se establece principalmente la nueva modalidad de inscripción de valores denominada “simplificada.Con lo anterior, se busca incorporar a nuevas emisoras al mercado bursátil y así, evitar la migración a distintas latitudes.Además, se reforma la Ley de Fondos de Inversión, con lo que se prevé la incorporación de los fondos de cobertura, con ello, se propone potencializar el rendimiento a los inversionistas, así como mejorar la gestión de riesgos de activos que sean objeto de inversión.En los argumentos se señala que el mercado bursátil necesita crear alternativas de participación que, por una parte, incentiven su crecimiento y profundidad y, por otra, permitan ser una fuente de financiamiento accesible no solamente a las grandes empresas, sino también a las medianas y pequeñas.Continuando con la Exposición de Motivos, explican que la presente propuesta de reforma a la Ley del Mercado de Valores se centra en incorporar un nuevo procedimiento de inscripción simplificada de valores que permita a las empresas medianas y pequeñas, participar en el mercado bursátil.
