Avances y retos de la comunidad LGBT en México

Con las reformas este mes de Sinaloa y Baja California, en el noroeste del país, suman ya 16 de los 32 estados mexicanos con códigos civiles que permiten el matrimonio igualitario, reconocido a nivel nacional.

El número de entidades que ofician matrimonios civiles de personas del mismo sexo crece a 21 al considerar cuatro que lo hacen por una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y otro más, Chihuahua, que autoriza el trámite sin reformar la ley.

Desde 2015, la Suprema Corte declaró inconstitucionales los códigos civiles estatales que impiden los matrimonios del mismo sexo, pero casi un tercio de los estados se resisten a ajustar su legislación, por lo que parejas aún deben interponer amparos legales para acceder al derecho.

La identidad de género, que reconoce el derecho de las personas trans a rectificar sus documentos oficiales, se ha aprobado en 14 estados, de los que dos, Jalisco y Oaxaca, permiten el trámite a menores de edad.

Además, la Suprema Corte falló en 2018 que "la identidad de género es un elemento constitutivo y constituyente de la identidad de las personas, por lo que su reconocimiento por parte del Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans".

Esto ha abierto la puerta a que, en el resto de los estados, se consiga el derecho mediante procesos administrativos.

Aun así, reformas como la Ley de Infancias Trans en Ciudad de México se han atascado.

A pesar de los avances legales, México es el segundo país de Latinoamérica con más violencia por homofobia y transfobia, después de Brasil, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Fundación Arcoíris.

La organización Letra S, referente del tema, reportó 79 asesinatos de odio contra personas de la comunidad LGBT en 2020, más de la mitad eran mujeres trans y cerca de la cuarta parte de hombres homosexuales.

El homicidio homofóbico este mes de un joven con VIH en Cancún evidenció la falta de protocolos en las fiscalías mexicanas para indagar crímenes de la comunidad LGBT, como denunció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La pandemia ha agudizado la discriminación de la comunidad LGBT en México, donde 49% ha tenido problemas en la atención médica, según la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (Endosig 2019) del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

En México, a la mitad de las personas LGBT le han negado sin justificación una oportunidad de trabajar o ascender, y casi tres de cada 10 han tenido que abandonar su casa antes de ser mayores de edad y han sufrido violencia escolar, agrega el Conapred.

Esto ocurre pese a que la Constitución prohíbe "toda discriminación motivada" por "género" o "preferencias sexuales" desde la reforma de derechos humanos, que cumple 10 años.

Otra reforma constitucional, que reconoce la autonomía reproductiva, las familias diversas, la identidad y expresión de género, ha avanzado en la Cámara de Diputados, pero afronta un panorama adverso por la llegada de más diputados conservadores en la próxima legislatura, a partir de septiembre.

Ciudad de México tipificó desde el año pasado como delito las "terapias de conversión" que la ONU ha pedido prohibir por considerarlas una forma de tortura contra personas LGBT.

Pese a esto, una iniciativa similar está congelada en el Congreso federal.

Organizaciones han urgido una legislación nacional porque han trascendido casos como el de abril pasado, cuando se reportó como desaparecida a una joven llamada Verónica, en Jalisco, y después se descubrió que su familia la sometió a una "terapia" para que dejara de ser lesbiana.

OA