A más de dos años de que se aprobó su creación, está sin funcionar el Centro de Evaluación de Control de Confianza del Poder Judicial del Estado, que se proyectó como el mecanismo para valorar el trabajo, probidad y honorabilidad de los jueces y magistrados de Jalisco.En respuesta a una solicitud de Transparencia, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado refirió que no puede detallar las acciones realizadas por el centro o el personal que labora en esa área, porque no ha sido asignada una partida presupuestal para su integración. Desde octubre del año pasado se nombró a Gabriel Gallo Álvarez como director del organismo.El presidente del Poder Judicial, Daniel Espinosa Licón, aseguró que, pese a la falta de presupuesto, van “muy avanzados” con la puesta en funcionamiento del centro evaluador. Sostuvo que el próximo mes podría iniciar operaciones, aunque aún deben contratar a los especialistas encargados de las pruebas como el polígrafo. “No ha llegado el presupuesto, pero aun sin recursos, se ha buscado la manera de reacomodar a personal para trabajar en esa área. Está pendiente contratar a los especialistas de Trabajo Social y el psicólogo para el polígrafo, para realizar los exámenes y estudios que se requieren en esas materias. Serían al menos cuatro especialistas para cada uno de los rubros”.Espinosa Licón argumentó que entre los motivos de la demora está el impacto de la contingencia sanitaria y la redirección de fondos para atender los efectos de la pandemia. Recordó que el año pasado, el Poder Judicial de Jalisco tuvo que regresar cinco millones de pesos de su presupuesto para redireccionarlos al tema de salud.El centro tendrá la labor de evaluar a 34 magistrados y 199 jueces de primera instancia. Las evaluaciones incluyen una revisión patrimonial y de entorno, exámenes médico, psicométrico, psicológico y toxicológico, además del polígrafo. Estas revisiones se realizarían cada cuatro años y no acreditarlas sería causa del retiro del cargo.Una vez que opere el sistema de evaluación, los magistrados y jueces que estaban en funciones antes de la aprobación de la reforma, tendrán un plazo máximo de seis meses para acreditar las revisiones de control de confianza, aunque al menos una veintena de juzgadores promovió amparos para evitar las pruebas.GUÍA¿Qué evaluaciones se aplicarán?Las revisiones de control de confianza incluirán exámenes sobre la situación patrimonial y el entorno social del juzgador, así como pruebas médica, psicométrica, psicológica y toxicológica. Además de la aplicación del detector de mentiras o el polígrafo.¿Cómo sancionarán a quienes no pasen?Los juzgadores que no aprueben las evaluaciones de confianza pueden recibir una amonestación pública o privada, multa de hasta 10 mil Unidades de Medida y Actualización, suspensión sin goce de sueldo, separación del cargo o inhabilitación. Será motivo de separación del cargo la inasistencia injustificada para presentar las pruebas, en dos o más ocasiones.¿Cuándo se evaluarán?Magistrados y jueces de primera instancia que ya estaban en el cargo al momento de la reforma, serán evaluados cada cuatro años.Tras la reforma, todos los aspirantes a nombramiento de juez o magistrado deben acreditar las pruebas de confianza para ser designados.El retraso en la operación del Centro de Evaluación de Control de Confianza del Poder Judicial del Estado evidencia la omisión en el cumplimiento de la ley, consideró Cecilia Díaz Romo, integrante del Observatorio del Sistema Estatal Anticorrupción, quien argumentó que los dos años que han tardado en conformar al organismo muestran la falta de voluntad para que el trabajo de los juzgadores sea analizado.“Si hubiera voluntad, aún con la falta de presupuesto, hay formas de con cierta economía hacerlo y poner a operar el centro. La impunidad relacionada con la corrupción sale más cara de lo que puedan requerir de presupuesto. Estamos en un círculo vicioso de impunidad”.La activista refirió que es urgente que el Poder Judicial se abra al escrutinio y modifique su “status quo” para disminuir la corrupción persistente en la impartición de la justicia.Por su parte, Fátima López Iturríos, coordinadora de la Red de Abogadas Violeta, lamentó que los efectos de la reforma judicial aún no se notan en mejoras en la práctica, que permitan hacer menos complicados los procesos judiciales en Jalisco. Recriminó el poco interés por concretar aspectos como los procesos claros en el nombramiento de magistrados e integrantes del Consejo de la Judicatura. Y recordó el reparto de cuotas que se dio en las designaciones hechas el año pasado.“Hay una gran discrecionalidad con la que el Poder Judicial opera para evitar ser revisado en cualquier forma, se ha documentado que sí hay jueces que han recibido beneficios y enriquecimiento ilegítimo. Parece que realmente no hay interés en que avancen las mejoras en la impartición de justicia”.La abogada sostuvo que la falta de presupuesto o la pandemia se usan como pretexto para tratar de justificar el poco interés para las evaluaciones serias a los juzgadores.Tras meses de actividades semiparalizadas por la contingencia sanitaria del nuevo coronavirus, el Poder Judicial busca desahogar el rezago generado en los juzgados. El magistrado presidente Daniel Espinosa Licón informó que las actividades se ampliaron al 75%, respetando las medidas sanitarias y aforos avalados por la Mesa de Salud del Gobierno estatal.El presidente del Poder Judicial reconoció que les tomará tiempo aminorar la carga de asuntos que estuvieron parados durante los meses más álgidos de la pandemia. Insistió en que se requiere corresponsabilidad y paciencia de todas las partes para aminorar las cargas laborales que aumentaron durante los meses pasados. “El flujo ordinario diario es de cuatro mil a cinco mil personas a lo largo del horario laboral. El flujo durante la pandemia fue de dos mil 500. Ahorita estamos entre tres mil y tres mil 200 personas diarias. Si abrimos al 100% serían 800 personas más”.Según cálculos de abogados afectados por el cierre de los juzgados, se han acumulado 180 mil expedientes, en donde el trámite ordinario se atoró por las restricciones en la operación de los juzgados ante la crisis sanitaria.“El Poder Judicial en 2020 trabajó únicamente 132 días. Los demás estuvieron paralizados. No hubo voluntad, por ejemplo, para trabajar vía electrónica”, comentó Marcela Ibarra Martínez, integrante del Colectivo Abogados en Pro de la Administración de Justicia, quien cuestionó la prolongada parálisis en los juzgados y que no se tomaran las medidas rápidas para aminorar las afectaciones.CONGRESOCon el voto en contra de los seis diputados de Morena, el Congreso de Jalisco aprobó en junio de 2019 la reforma constitucional para cambiar el mecanismo del nombramiento de magistrados y jueces. Se incluyó la aplicación de pruebas de control de confianza a los juzgadores, fue eliminado el pago de “haber de retiro” y suprimida la posibilidad de reelección de magistrados, que tendrían un sólo periodo por 12 años.Los candidatos a magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado deberán presentar las evaluaciones de control de confianza, además de acreditar un examen teórico y práctico elaborado por especialistas e instituciones de educación superior. El Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción emitirá una opinión técnica sobre los candidatos a magistrados.La reforma será retroactiva: los actuales integrantes del Supremo Tribunal tendrán que presentar las evaluaciones. Respecto a la eliminación del “haber de retiro” que reciben magistrados y jueces al concluir su periodo, los diputados Enrique Velázquez (del PRD) y Mariana Fernández (del PRI) coincidieron en que suprimir esta prestación generará impugnaciones, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado a favor de esta prerrogativa.Las evaluaciones de control de confianza deberán incluir la revisión patrimonial y de entorno social, exámenes médico, psicométrico, toxicológico y polígrafo. Los resultados de las evaluaciones patrimoniales y de desempeño se publicarán mensualmente, con las reservas de ley.En el caso de los jueces, serán nombrados por cuatro años. Y para ser reelecto deberán acreditar las evaluaciones de control de confianza. No acreditar esas pruebas será causa del retiro forzoso.Se incorporó el principio de paridad de género para nombrar jueces y magistrados.A pesar de que el bono por la jubilación que recibían los magistrados se eliminó en la reforma al Poder Judicial del Estado aprobada en 2019, durante el año pasado el Supremo Tribunal de Justicia del Estado erogó más de 32.5 millones de pesos para cubrir el llamado “haber de retiro” de seis juzgadores, que dejaron el cargo en los meses previos a la aprobación de la modificación constitucional que suprimió esta prestación (les permitía recibir un año íntegro de sueldo y 14 días de salario por cada año en funciones).En respuesta a varias solicitudes de información vía Transparencia, el Supremo Tribunal detalló que entre quienes accedieron al pago está el exmagistrado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, quien recibió 3.7 millones de pesos. El cheque de mayor monto fue para Esteban de la Asunción Robles Chávez, quien accedió a 6.3 millones. En el caso de Salvador Cantero Aguilar y Javier Humberto Orendáin Camacho les correspondieron 5.9 millones y 5.8 millones de pesos, respectivamente, entre otros.Con la pasada reforma constitucional y los cambios en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el “haber de retiro” fue eliminado.Pero están pendientes de cubrir algunos pagos a exjuzgadores, como el expresidente del Poder Judicial, Celso Rodríguez González, quien dejó el cargo tras perder un amparo en un proceso con el que buscaba ser inamovible en el cargo y permanecer hasta cumplir los 70 años. Accedería a 4.6 millones.Este medio documentó que, a pesar de argumentar insuficiencia presupuestal, en los últimos tres años el Poder Judicial erogó otros 52.4 millones en el pago de los bonos de retiro a los juzgadores. Se detalló que en la mayoría de los casos recurrieron al amparo para exigir el pago de la prestación.Pagos de “haber de retiro” realizados durante el año pasado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado:LEY ORGÁNICAAunque con una disminución, los jueces de primera instancia del Estado mantuvieron la prestación de “haber de retiro”, que fue eliminada para los magistrados. En el Artículo 246 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Jalisco se especifica que la prerrogativa equivale a seis meses del sueldo del juez durante su último año de actividades, más 14 días de salario por cada año laborado. Antes de la reforma les correspondía un año completo de ingresos y el proporcional de días.Para tener derecho a la indemnización se especificaron requisitos como haber cumplido 65 años o 30 años como servidor público, haber sido reelecto en dos ocasiones en el cargo y no tener sanciones por faltas graves.Vía solicitud de Transparencia, el Consejo de la Judicatura del Estado informó sobre la erogación de 16.3 millones de pesos para cubrir 10 pagos de la prestación. El cheque de mayor monto correspondió al exjuez Lorenzo Sánchez Hernández, quien este año recibió dos millones 418 mil pesos.La Dirección de Planeación, Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura informó que, entre 2013 y 2019, un total de 14 jueces accedieron al llamado “haber de retiro”, lo que implicó el desembolso de 22 millones. Los bonos entregados van desde los 857 mil hasta los cuatro millones de pesos.Sigue #DebateInformador¿Qué opina del combate de la corrupción en el Poder Judicial?Participa en Twitter en el debate del día @informador
